El aumento de brotes ha llevado a los presidentes de las comunidades autónomas a proponer distintas medidas para controlar el número de contagios. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sugerido la puesta en marcha de una cartilla Covid que podría "ayudar o ser necesaria para empleos o para lo que sea".

La presidenta lanzaba la propuesta dentro de las medidas que se podrían adoptar con el objetivo de controlar la expansión coronavirus. La idea es que los ciudadanos puedan acreditar su inmunidad para acceder a espacios cerrados.

Sin embargo, esta idea presenta algunos inconvenientes. En primer lugar, porque la duración de la inmunidad de un paciente no es algo establecido con exactitud. En algunos pacientes la protección contra el virus se pierde a lo largo de los meses. Por tanto, sería necesario establecer un procedimiento para determinar sucesivas actualizaciones de la cartilla. 

Por otro lado, se trata de información que "pertenece al ámbito de la privacidad", señala el socio del área laboral Ceca Magán, Juan Antonio Linares. En su opinión, una persona no debería siquiera poder preguntar si un ciudadano se encuentra en posesión de ese documento. 

En este sentido, Linares valora que esos datos solo deberían estar "a disposición del propio usuario y del personal sanitario", pero esto no implica que sea accesible para las empresas.

Una cartilla "discriminatoria"

"Por tener enfermedades no se deben tomar decisiones de empleo", afirma Linares. Además, valora que se crearían dos colectivos: por un lado, el de aquellos que pueden acreditarse como inmunes y el de aquellos que no logran la acreditación. 

Por ello, el abogado laboralista considera que esta medida sería "discriminatoria", pues se crearían una "ventaja competitiva que no está justificada en nada" de unos candidatos sobre otros. 

En este sentido, en el ámbito laboral "lo único que puede requerirse es preguntar si el trabajador está enfermo para que la empresa adopte las medidas de prevención pertinentes para proteger al resto de la plantilla", indica el socio de Ceca Magán. 

El proceso de selección

Durante un proceso de selección es difícil determinar qué aspectos se toman en consideración al elegir un candidato. Linares incide en la importancia de asegurar que todas las personas estén en "igualdad de condiciones", algo que no se podría preservar si el potencial empleado está obligado a acreditar su inmunidad. 

Por ello, "una enfermedad de este tipo no puede ser tomada para discriminar o para tomar decisiones en el ámbito laboral". En este sentido, "los empresarios tienen que aguantar que estén enfermos alguna vez", explica Linares. 

El coronavirus no es una enfermedad permanente. Desde el punto de vista legal, una persona que es despedida por estar contagiada se encuentra ante un despido improcedente e injustificado, y podría solicitar una indemnización. 

En caso de que un anuncio de trabajo incluya como uno de los requisitos presentar una acreditación de inmunidad como la que propone Díaz Ayuso, los candidatos podrían denunciarla como oferta discriminatoria y se produciría una inspección de trabajo.