Septiembre empieza con multitud de frentes abiertos en el campo laboral. Uno de ellos es el del teletrabajo. Sin embargo, Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), espera que esta cuestión quede resuelta a lo largo del mes de septiembre.

Desde finales de junio, los miembros del Diálogo Social (sindicatos, patronal y Gobierno) han estado negociando la versión final de la legislación del teletrabajo, que por el camino ha sufrido numerosas modificaciones, como que el trabajo a distancia haya perdido la calificación de alta peligrosidad que tenía inicialmente.

“El proyecto de ley se ha modificado de manera importante”, ha dicho Álvarez, quien ha considerado que el acuerdo deberá llegar en semanas, antes de que termine septiembre. Su vaticinio es que el Gobierno aprobará la normativa como un real decreto-ley, de manera que entre inmediatamente en vigor a pesar de que el Congreso de los Diputados decida tramitarlo como proyecto de ley.

El mayor problema que ve UGT en el proyecto, en cualquier caso, está en que no se vaya a aplicar en el campo de las Administraciones Públicas. Aunque según el secretario general del sindicato esto no va a ser una “línea roja para su aprobación. El chollo del teletrabajo no va a continuar”, ha declarado, refiriéndose a los empresarios.

En cambio, los sindicatos sí que ponen condiciones en la negociación de la ampliación de los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) excepcionales por la Covid-19, que empieza este viernes. Los trabajadores no avalarán ningún acuerdo a no ser que se asegure que se van a mantener las prestaciones para los afectados, que quedarían reducidas en octubre a un 50% de la base reguladora (ahora reciben un 70%) si están en ERTE desde marzo.

Además, Álvarez indica que se pedirán medidas adicionales para los fijos discontinuos que se hayan quedado sin prestaciones. Por otro lado, ve difícil que la ampliación de los ERTE sea sectorial. “Hay que dejar la puerta abierta a las empresas que los puedan necesitar”.

Vuelta al ‘cole’

En el encuentro con medios de comunicación celebrado este martes, Álvarez se ha mostrado muy crítico con la gestión que del inicio del curso escolar están haciendo comunidades autónomas y Gobierno central. De hecho, ha acusado a los responsables de educación públicos de “trilerismo”.

En cualquier caso, ha alertado que será necesario un aumento de profesores para reducir el ratio de alumnos por profesor. “Hay que contratar 70.000 docentes para abordar la situación del servicio educativo público”, en el que incluye los centros concertados. 

Por otro lado, y respecto a la protección que requerirán los trabajadores cuyos hijos tengan que ser puestos en cuarentena o no puedan asistir a su centro educativo por Covid, apuesta por los permisos retribuidos y las bajas laborales. “No encontramos otra manera de poder conciliar el Covid con el trabajo”.

Álvarez ha hecho además hincapié en que, cuando se aborden estos asuntos, es necesario que el Diálogo Social retome la negociación de la derogación de la reforma laboral de 2012 y ha anunciado que UGT ha puesto en marcha un servicio para reclamaciones del Ingreso Mínimo Vital (IMV), ante los retrasos que se están registrando para su gestión en la Seguridad Social.