El Gobierno no ha abandonado su intención de derogar algunos de los aspectos que considera más lesivos de la reforma laboral, ni de acometer reformas tributarias para trabajar en lo que denomina la "justicia fiscal". El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un documento con las iniciativas legislativas en las que centrará sus esfuerzos en los próximos seis meses y entre ellas, figuran estos dos aspectos.

Así lo han reconocido la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la ministra portavoz, María Jesús Montero, en rueda de prensa, sin querer aportar muchos detalles al respecto, ya que antes de hacer públicas sus intenciones lo adecuado es comunicarlo a los empresarios.

Sobre el frente tributario, Montero ha reconocido que en la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado se contemplan subidas fiscales pero ha evitado detallar cuáles.

"Vamos a tocar algunas figuras que se contemplan en el acuerdo programático de Unidas Podemos y el PSOE. Somos serios, rigurosos y necesitamos justicia fiscal", ha afirmado Montero tras decir que "lo importante no es si vamos a tocar o no Sociedades o el IRPF".

Esa subida fiscal se conocerá en las próximas semanas en las que tendrá que presentarse el borrador de PGE que negocia en estos momentos con otros grupos políticos, entre ellos, Ciudadanos y el PNV.

Reforma laboral parcial

En el ámbito laboral también se van a abordar cambios, pero tampoco se ha dado detalle de cuáles. 

Este martes El País publicaba que el Ejecutivo de coalición iba a volver a sacar del cajón su compromiso programático de dar más poder a los sindicatos en las empresas.

Sobre la mesa estaría mantener la vigencia de los convenios mientras no se negocie uno nuevo, suprimir la prioridad del convenio empresa sobre el sectorial, modificar la subcontratación y el procedimiento de descuelgue de los convenios.

Calvo no ha entrado a ese grado de detalle, pero sí ha reconocido que se van a abordar cambios legislativos que tendrán que ser debatidos en el marco de la negociación colectiva con empresarios y sindicatos.

"Somos un Gobierno que se faja en el diálogo social tanto en el campo sindical, como con el de los empresarios", ha dicho la vicepresidenta.

Sí se ha referido a tres leyes específicas que se pretenden abordar: la regulación del teletrabajo, la reforma de la negociación colectiva y la de prestaciones de servicios a través de usos tecnológicos.

Estas leyes se suman a otras iniciativas entre las que figura la Ley de Igualdad con implicaciones para las empresas.

Al volver a colocar en la agenda de Gobierno la derogación de algunos puntos de la reforma laboral, el Ejecutivo desoye a la Unión Europea, que ha pedido en numerosas ocasiones a España profundizar en el camino trazado por Báñez en lugar de dar marcha atrás. 

Mientras, los empresarios llevan tiempo advirtiendo de que revertir puntos de la reforma laboral en un momento de crisis económica como el actual puede tener un impacto devastador sobre el empleo y la supervivencia de las propias empresas.

Estas iniciativas son una victoria para el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, después de que en los últimos meses, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, hubiera frenado esa aspiración en el campo laboral.

Apoyo a CaixaBank

No parece casual que el anuncio de este martes se haya producido unos días después del enfrentamiento entre el ala gubernamental de Unidas Podemos y del PSOE por el avance hacia la privatización de Bankia con su absorción por CaixaBank.  

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha tratado de zanjar la polémica generada por el partido de Iglesias sobre la absorción de Bankia por CaixaBank y ha afirmado que el Ejecutivo apoyará esta operación por ser buena para "la confianza" de los inversores y la tranquilidad de los ahorradores.

Montero ha asegurado que para el Gobierno lo importante es "maximizar el valor" de la participación del Estado en Bankia, algo que se produciría si se cierra finalmente esta absorción "como se vio en la respuesta del mercado bursátil" al anuncio.

Según la ministra de Hacienda, la integración de Bankia en CaixaBank refuerza la estabilidad financiera, da seguridad a los inversores y a los ahorradores. Y además, ha añadido, ofrece buenas condiciones para la cohesión territorial de nuestro país.

Reconoce así la ministra la importancia política de esta operación empresarial que "mientras consiga todos esos objetivos", recibirá el visto bueno del Ejecutivo que necesita también preservar la "estabilidad de las finanzas públicas".