Este martes el Consejo de Ministros aprobó una legislación sobre el teletrabajo que ha contado con las bendiciones del Diálogo Social, es decir, de patronal y sindicatos. Pero no con la de los juristas, que miran con recelos una legislación que amenaza con judicializar el trabajo a distancia por lo poco concreto de su contenido y la falta de detalles. De hecho, alertan de que el “caos” jurídico está a la vuelta de la esquina.

Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (Asnala), considera que el “Cristo” está garantizado. “Evidentemente, aumentará la litigiosidad. El real decreto-ley está demasiado abierto. Lo que dice es que hay que compensar los gastos, pero no mucho más. Si las partes no llegan a un acuerdo, esto puede ser un Cristo”.

Además, Gómez, socia del despacho Ceca Magán, lamenta que que no se haya aclarado qué se puede conceptualizar como gasto. “Por ejemplo, la conexión Wi Fi. ¿Es un medio o un gasto?. Va a haber judicialización, sin duda”.

Cabe recordar, además, que las empresas si quieren instaurar el teletrabajo han de llegar a un acuerdo previo con cada uno de los trabajadores para pactar condiciones. “Eso le da mucha fuerza a la posición de los empleados”, indica.

“Esto va a llevar a que se genere un caos mayor en los retrasos de la justicia laboral. Antes del RDL, los trabajadores no tenían un mecanismo para acudir a un tribunal para exigir el teletrabajo y las condiciones. Ahora sí se crea ese mecanismo. Con el panorama judicial tan complicado que tenemos, agrava la situación”, añade la presidenta de los abogados laboralistas de España.

Teletrabajo en tiempos de Covid

En cualquier caso, cabe recordar que, mientras dure la pandemia, no se aplicarán estas condiciones del nuevo teletrabajo. El RDL reza que se aplicará la legislación ordinaria mientras dure la crisis… con salvedades. Entre ellas, que "la negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos derivados para la persona trabajadora de esta forma de trabajo a distancia, si existieran y no hubieran sido ya compensados”.

Gómez admite que esto es una “papeleta” para las empresas. "Por la inseguridad jurídica que ocasiona, lo recomendable es que las empresas, aunque no tengan que aplicar la nueva legislación lleguen a acuerdos. A lo mejor no individuales, pero a acuerdos”, dado que la escasos convenios colectivos recogen condiciones para el teletrabajo.

Además, “las reglas y los tiempos de aplicación de la ley son un problema con mayúsculas. ¿Cuándo aplica, a partir de qué momento? Da lugar a unos quebraderos de cabeza enormes. No hay cristo que lo entienda. Creo que hay una falta de claridad que va a dejar muy despistadas a las empresas”.

A la mitad

Para Fabián Valero, Socio Director de Zeres Abogados, la legislación “se ha quedado un poco a medias. Llama constantemente a un acuerdo entre trabajador y empresas y no acaba de dar solución en determinadas cuestiones”.

“El que esté regulado por escrito está muy bien” y considera el RDL un paso positivo, pero alerta, igual que Gómez, de que “deja algunos aspectos demasiado abiertos y puede desincentivar el teletrabajo”.

Aunque duda que vaya a haber un alto nivel de judicialización por la nueva legislación, admite que “hay muchos aspectos que van a ser conflictivos”. Estas cuestiones son las relacionadas con las propias formalidades del acuerdo, la compensación de gastos o materiales, la desconexión digital y la seguridad laboral.

Negociación colectiva

“Con ocasión de la pandemia se ha impuesto una realidad”, afirma por su parte Román Merino, socio director de la agencia de recursos humanos Reinforce especializada en diplomacia sindical. “La bondad del RDL es que remite a la negociación colectiva con la representación de los trabajadores. Gran parte de las lagunas que puedan quedar se pueden y se debe ir complementando con lo que pacten empresa y representación de los trabajadores. Esto va a permitir adaptar el teletrabajo a la realidad de cada compañía”.

Así, bajo el punto de vista de Román, “el regulador lo que ha pretendido es que precisamente que las posibles dudas se adapten a cada empresa”. Por su parte descarta que se pueda dar una judicialización: “como el teletrabajo se basa en la voluntariedad por ambas partes, si no se ve claro, no se va a tender a esto”.