Esta plataforma contaría con empresas de la talla de Vodafone, Telefónica, Endesa, Google, BBVA o CaixaBank, a las que se están sumando muchas otras de diferentes sectores. Orgánicamente quienes participen en este pacto lo harán a través de sus respectivas fundaciones, aunque la alianza operará de manera autónoma.

Este gran pacto identificará deficiencias, unificará las estrategias de estas empresas en torno a la educación y vehiculará recursos y pondrá en marcha nuevas iniciativas. Será, por tanto, una iniciativa enfocada a buscar resultados y a realizar propuestas. De hecho, en la presentación de la alianza se podrá conocer una primera hoja de ruta con sugerencias de acciones concretas.

El pacto se enfocará no sólo en la inversión en equipamiento, sino que además buscará reformular planes de estudios, contenidos y enfocarlos hacia un sistema en el que la formación profesional (FP Dual) cobre más protagonismo, en una realidad en la que más del 50% de las profesiones del futuro no tienen todavía una formación específica.

Todo ello con un enfoque colaborativo y con la idea de poner en marcha todas estas estrategias de la mano de la Administración Central y de todas las autonomías. Una estrategia de impulso integral en la que todos los actores públicos y privados se involucren.

Digitalización de la educación

Con estos ejes, uno de los objetivos es poner a la digitalización en el centro del futuro desarrollo de la educación española, muy tocada tras la llegada de la pandemia de coronavirus en marzo de este año. 

De hecho, la irrupción de la Covid ha desnudado las deficiencias del sistema. Seis meses después de la declaración del estado de alarma, el comienzo del curso escolar ha dejado patente que la digitalización sigue siendo una asignatura pendiente, por falta de recursos, poca coordinación entre administraciones y falta de voluntad política. 

El único programa estatal en vigor para digitalizar colegios, el denominado Escuelas Conectadas, solo ha invertido 230 millones de euros en cinco años para llevar la banda ancha ultrarrápida a los centros docentes españoles. A él se suma un plan anunciado en verano, pero todavía no ejecutado, para dotar de equipos a los colegios por valor de 260 millones de euros. Si consideramos que el presupuesto anual en Educación es de 47.000 millones, la inversión se antoja escasa. 

En momentos en los que se necesita que todos los colegios tengan la mejor conexión de fibra óptica, el mejor equipamiento posible con tabletas y portátiles que permitan la educación a distancia si es necesario, los colegios españoles carecen del equipamiento suficiente.

En el último informe de la Fundación Cotec se indica que mientras que el 71% de los directores de escuelas privadas considera que su centro cuenta con una plataforma eficaz para facilitar el aprendizaje en línea, el porcentaje cae hasta el 55% entre los directores de centros concertados y al 49% entre los de centros públicos.

Inversión estatal

En 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el plan Escuelas Conectadas, que originalmente contaba con 330 millones de euros de fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y el objetivo era llegar a 6,5 millones de alumnos de 16.500 centros educativos.

En la actualización del plan España 2030, la idea era que estas Escuelas Conectadas tengan acceso a redes ultrarrápidas de 100 Mbps en el año 2023. La realidad es que, por el momento, solo se han gastado 230 millones de euros en 14.500 centros y 4,6 millones de alumnos, aunque con incidencias dispares entre territorios.

Por ejemplo, a junio de 2020 la Comunidad de Madrid apenas estaba empezando su ejecución, Castilla y León tenía una implantación del 32%, Cataluña, Valencia y Cantabria no habían concluido la licitación y Aragón había desistido de participar en el programa. El proceso de implantación solo se ha completado en Galicia, Asturias, La Rioja, Murcia y Canarias.

Del mismo modo, en verano el Gobierno anunció el programa Educa en Digital, con otros 260 millones de euros en inversión para comprar hasta 500.000 equipos para los estudiantes más vulnerables. De ellos, 190 millones de euros a través de Red.es (184 millones de fondos FEDER) y 70 millones por parte de las Comunidades Autónomas.

El plan se iba a desplegará durante el primer trimestre del curso, según el Gobierno, pero la realidad indica que ya se retrasará hasta finales de este año o comienzos de 2021. De hecho, fabricantes consultados indican que no se ha puesto en marcha todavía ninguna licitación para la compra de estos equipos, ni a nivel estatal ni autonómico.