La gestión de miles de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por la Covid-19 y el ingreso mínimo vital (IMV) ha dejado al descubierto los problemas de plantilla que sufren los órganos de las Administración General del Estado (AGE). 

Entre enero de 2010 y enero de 2020, la AGE ha perdido 43.477 efectivos entre personal laboral y funcionarios. Es decir, que su plantilla ha caído un 18%. Así lo indica un informe de la Unión General de Trabajadores (UGT)

La situación es especialmente preocupante en el caso de la Seguridad Social, entidad que en los últimos meses ha estado en el ojo del huracán por la gestión del IMV. Según los datos de UGT, esta entidad ha perdido más de un 21% de sus plantilla en la última década.

Es decir, 6.553 trabajadores menos entre 2010 y 2020, que dejan a esta entidad, que gestiona también las pensiones entre otras prestaciones, con solo 23.909 efectivos. Y todos los años, absolutamente todos, ha perdido efectivos.

De esta reducción de plantilla,llama la atención que la amplia mayoría de los caídos son funcionarios (más de 5.000). UGT razona que esta pérdida de recursos es, en gran medida, lo que ha conducido al colapso de la Seguridad Social, pero también en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Y es que, según el informe, ministerios y organismos autónomos son los más perjudicados por no haber alimentado sus plantillas. En este caso, el recorte de efectivos de un 26% (34.599 trabajadores menos), hasta dejarlos en 133.776.

Además, en este caso hay un problema añadido y es el envejecimiento de las plantillas. El 65% de sus trabajadores son mayores de 50 años. UGT también destaca la precaria situación en la Agencia Tributaria, donde el recorte de efectivos es del 10%.