El Gobierno recorta 6.300 plazas de su oferta de empleo público respecto a lo pactado con los sindicatos
CSIF denuncia que la reducción sobre lo prometido es del 37,6%.
14 octubre, 2020 18:01Noticias relacionadas
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha presentado este miércoles un proyecto de oferta de empleo público en la Administración General del Estado (AGE) que reduce en un 37,6% el número de plazas de este año en relación a la oferta acordada en 2019, según ha informado CSIF, que denuncia que se pone en peligro la "viabilidad" de la AGE y podría suponer el "colapso" del SEPE o la Seguridad Social.
En concreto, la oferta de empleo público que ha puesto Función Pública encima de la mesa contempla 7.066 plazas de acceso libre (personas que ingresan en la Administración) y 6.247 plazas destinadas a la promoción interna, frente a las 11.338 y 8.350 previstas, respectivamente, en 2019, según los datos facilitados por CSIF. Así, se pasaría de la oferta de empleo público de 19.688 plazas del año pasado a 13.313 plazas en la nueva oferta de este año.
El Ejecutivo prevé aprobar a finales de mes por real decreto la oferta de empleo público de 2020 ante el retraso de la misma, si bien volverá a reunirse con los sindicatos el próximo lunes para abordar los términos de dicha oferta, según han indicado fuentes de la negociación.
Insuficiente
CSIF ha trasladado al Ministerio que la oferta es "insuficiente" porque representa un 37,6% menos respecto a las 11.338 de acceso libre que se aprobaron el año pasado y un 32,3% menos en el global de las plazas (acceso libre y promoción interna).
Además, señala que la oferta de empleo público no cubre el cien por cien de la tasa de reposición, puesto que el número de plazas de nuevo ingreso propuestas son 988 menos que las bajas producidas por fallecimientos y jubilaciones, por lo que se estaría destruyendo empleo.
El sindicato advierte de que la oferta de empleo público presentada por el Gobierno pone en peligro la "viabilidad" de esta Administración, teniendo en cuenta los "graves problemas" por los que atraviesan ámbitos como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o la Seguridad Social en la gestión de prestaciones como los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital.