En las últimas semanas, las empresas están multiplicando sus consultas a los despachos de abogados para poner en marcha importantes reestructuraciones de sus plantillas. ¿Cómo? A través de expedientes de regulación de empleo (ERE). De hecho, se espera que su número se incremente en lo que queda de año pero también en 2021.

Por ello, el Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige Yolanda Díaz ha decidido poner el foco en esta fórmula de despido. Concretamente, el de la Inspección de Trabajo. Según indica el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021, entre las políticas prioritarias de este órgano estará “el control de los despidos colectivos y otros expedientes de regulación de empleo”.

El departamento también ha decidido poner su objetivo sobre los abusos de contratación. Así, se reforzará “el control de la contratación a tiempo parcial, en especial en lo relativo a la distribución irregular del tiempo contratado, intensificándose las actuaciones en materia de tiempo de trabajo y de economía irregular”.

Fraude laboral

La inspección laboral se centrará además en impulsar “la lucha contra el fraude, apostando por las nuevas tecnologías, la automatización y el ‘Big Data’ ”.

Para ello, enfocará sus esfuerzos en investigar y combatir “el abuso de la contratación temporal mediante la celebración de contratos temporales concatenados.”, el “uso fraudulento de los contratos a tiempo parcial” y la proliferación de "falsos Autónomos, falsos cooperativistas y falsos becarios".

De hecho, en 2021 Trabajo plantea incrementar su investigación de contratos sospechosos de abusar de temporalidad o de parcialidad. Así, el departamento prevé investigar 470.000 contratos para convertir 80.000 de ellos (que estarían en situaciones irregular) temporales en indefinidos.

Por otro lado, también existe el compromiso de investigar 450.000 contratos y lograr que en 40.000 de ellos, de jornada parcial se produzcan incrementos de jornada. También ser revisarán los casos de 22.000 falsos autónomos y 3.500 falsos becarios.

Llama la atención que ya en 2020 existía el objetivo de revisar 3.500 casos de falsos becarios. Pero la estimación de Trabajo es que solo se hayan podido revisar 300 para cuando acabe el año. ¿Por qué? Según el texto de Presupuestos, la causa está en la dificultar de “la actuación inspectora en un escenario de actividad empresarial reducida, tanto por el cierre de algunas empresas, como por la situación derivada de los expedientes de regulación temporales de empleo (ERTE)” y que se han tenido “priorizar otras actuaciones”.

Fondos

Para realizar estas políticas, el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social va a contar con 176 millones de euros en 2021, un 6,5% más que en el presente año.

Este incremento, que en otras ocasiones sería ‘generoso’, parece escaso teniendo en cuenta lo expansivo de los Presupuestos que se plantean para 2021. De hecho, las partidas para organismos autónomos del Estado crecen más de 16%.

Reforma laboral

Pero no son estos los únicos planes de futuro por parte del departamento que dirige Yolanda Díaz. En las últimas semanas, los sindicatos han insistido en que Trabajo retome la labor de derogar los elementos considerados como los más lesivos de la reforma laboral.

Estos aspectos ‘más lesivos’ son la reforma de la subcontratación o externalización (aspecto especialmente peliagudo, debido a la oposición de la patronal) y la recuperación de la ultraactividad y la negociación colectiva.

Se trata de una cuestión que la propia ministra tiene en mente y que están en Plan Normativo previsto para antes de que acabe 2020. Pero, por lo pronto, se resiste a llevar este debate al Diálogo Social, es decir, a la negociación con patronal y sindicatos.

De hecho, en una reciente entrevista concedida a ‘La Voz de Galicia’, la ministra dio a entender que la ‘contrarreforma’ quedaría aparcada hasta que la crisis por la Covid-19 y la pandemia se atenuaran. “Esto es lo que se volverá a retomar cuando caminemos con normalidad”, indicaba.