Finalmente, habrá subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y estará por encima de los 950 euros mensuales en 14 pagas en 2021. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha alejado cualquier sombra de duda al respecto. El Gobierno no congelará este indicador. Sin embargo, sigue habiendo un interrogante fundamental. ¿Cuánto aumentará el SMI el próximo año?

Con toda seguridad, este es el frente de batalla que esta semana se va a plantear en el Gobierno de coalición, puesto que el Ministerio de Trabajo no ha presentado una propuesta para la subida en la reunión que este martes se ha celebrado con los agentes sociales.

Sin embargo, fuentes cercanas al Diálogo Social pronostican que el Ejecutivo se debe manejar, al menos, entre dos cifras. Por un lado, está el 0,9%, que es la subida que se ha previsto en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 para pensiones y salarios de empleados públicos.

Esta cifra supondría el ‘suelo’ para la subida del SMI, uno que permitiría un incremento de este indicador pero que no pasaría de lo simbólico y de lo testimonial. Esta sería la cantidad que más contentaría al área económica del Gobierno, dirigida por Nadia Calviño.

Voces cercanas a esta área insisten en que la prudencia y la moderación deben dominar el manejo del SMI. Recuerdan que el mínimo salarial ha subido un 29% en los últimos dos años. Y añaden que una eventual alza en 2021 recaerá sobre unas empresas y un sector privado ya muy castigados por la crisis de la Covid-19.

Además, consideran que no se puede justificar el alza del SMI con la subida de los salarios públicos, que desde 2018 ha sido más moderada.

Por otro lado, está el ‘tope’ que podría tener el Gobierno, o al menos el que el Ministerio de Trabajo tendría en mente. Se trata de equiparar la subida del SMI con la que están registrando de media los convenios colectivos, que es del 1,8%.

Esta sería la cifra que más encajaría con los intereses ‘morados’ en el Gobierno y, coincide, a su vez, con el incremento previsto para el próximo año para las prestaciones no contributivas.

De hecho, esta es la cifra que habría reclamado Comisiones Obreras (CCOO). Con todo, tanto este sindicato como UGT han mostrado su disposición a negociar con el Gobierno una cantidad inferior.

La patronal, fuera

Este sería el único acuerdo que, hoy por hoy, podría alcanzar el departamento que dirige Yolanda Díaz con algún agente social. Eso parece después de que la patronal, en la reunión de ayer, indicara que no apoyaría ninguna subida del salario mínimo, e incluso reclamara una reducción.

Aunque esta postura puede cambiar de cara a la próxima reunión del Diálogo Social, que se celebra del próximo lunes, Pérez Rey ha dejado clara la disposición del Gobierno para aprobar un nuevo SMI incluso si no hay acuerdo con los agentes sociales. 

Aun así, el ala más económica del Gobierno insiste en apelar a la “prudencia”, según ha indicado María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, tras el Consejo de Ministros de este martes.

El Ejecutivo "escuchará" las propuestas en relación al SMI, pero "con la prudencia que aconseja" el actual momento económico, ha indicado Montero. "Después de las reuniones (con los agentes sociales) tendremos mayor criterio para adoptar la decisión, previa consulta en el diálogo social, pero teniendo presente las circunstancias actuales", ha insistido.

Sea como sea, la hoja de ruta está clara. Según ha podido saber Invertia, la previsión es que, a no ser que haya un cambio radical de planes, el real decreto que ejecutará la subida del SMI se apruebe en el último Consejo de Ministros del año, dentro de dos semanas.

Argumentos

Tanto desde el Ministerio de Trabajo como desde los sindicatos insisten en que la mayoría de los países comunitarios subirán sus SMI en 2021, como así harán Alemania, Francia, Holanda, Portugal o Reino Unido.

Además, insisten en que España tiene el compromiso de llegar al SMI que dicta la carta social europea, del 60% del salario medio, teniendo en cuenta la situación de “pobreza salarial” de muchos trabajadores.

En cambio, están los argumentos que esgrimen los que están en contra de la subida y a favor de una congelación que, todo parece indicar, no existirá. Voces cercanas a la patronal y al área económica del Ejecutivo insisten en que una subida del SMI pondría en peligro a las empresas y el tejido productivo de las regiones más afectadas por la crisis.

Este podría ser el caso de autonomías como Canarias o Andalucía, muy dependientes del turismo y la hostelería, sectores con multitud de empresas en el abismo de la bancarrota y en los que el SMI es un denominador común.

En este ‘bando’ también se recurre al informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en el que se indica que la subida del SMI de 2019 (que fue de un 22%) provocó la reducción de entre 0,13 y 0,23 puntos porcentuales en el ritmo de crecimiento del empleo de aquel año.

Esto se traduciría en una pérdida de entre 19.000 y 33.000 afiliados. Con todo, es una cantidad muy alejada de la estimación que hizo en su momento el Banco de España, que calculó que se llegarían a destruir 125.000 empleos.