El Gobierno activó el año pasado una de sus medidas estrella: el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Sin embargo, la prestación se ha ‘calado’ y se ha quedado lejos de las ambiciosas pretensiones del Gobierno: llegar en tiempo récord a 850.000 hogares. Por ello, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prepara la reforma de la prestación.
El cambio más inminente que prepara el departamento que dirige José Luis Escrivá es la concepción de los hogares receptores de la prestación, las unidades de convivencia. El departamento y el propio ministro admiten que hay circunstancias particulares para las que no está preparada la normativa.
Por ello, se van a permitir nuevas fórmulas para certificar que un beneficiario, u hogar, cumple las condiciones de una unidad de convivencia.
Certificación
Estos hogares no quedarían "bien recogidos en el padrón o en otros mecanismos estándares de certificación", indicó este martes el propio Escrivá.
Por ello, "para determinadas circunstancias vamos a necesitar la ayuda de los servicios sociales de los ayuntamientos o directamente de las organizaciones no gubernamentales (ONG), que ya colaboran con nosotros, para que certifiquen determinadas circunstancias singulares en las que conviven personas muy vulnerables y cuya certificación por otros medios no es posible".
Evaluación continua
Además, según Escrivá el ingreso mínimo "es una política en evaluación continua", por ello también tiene sobre la mesa cambiar los umbrales económicos que permiten el acceso a la prestación.
Cabe recordar que Seguridad Social ha establecido umbrales de renta y patrimonio neto para poder acceder a la prestación. Aunque no tiene todavía un diagnóstico definitivo, el departamento admite que puede haber hogares a los que se les ha negado el IMV por superar los susodichos umbrales "por poco".
Por ello, el departamento estudia mover o condicionar dichos umbrales, dependiendo del caso. Cabe recordar que el Ministerio ha denegado cerca de la mitad de las solicitudes del IMC realizadas.
Estos cambios se antojan fundamentales para acelerar el acceso a una prestación ideada para tiempos de severidad económica como los actuales, pero sobre todo para la población en pobreza severa.
Peticiones
Según los datos más actualizados, que según la Seguridad Social datan de mediados de diciembre, se ha concedido el IMV a 160.000 unidades de convivencia. Esta cantidad, en aquel momento, suponía solo el 20% de las peticiones de la prestación.
Estas 160.000 unidades de convivencia suponen unas 460.000 personas beneficiadas, de las que el 47% son menores de edad.
Antes de Navidad quedaban miles de prestaciones por tramitar. Sin embargo, la retroactividad de la prestación se conservará siempre y cuando la solicitud del IMV se haya presentado antes de que acabe diciembre, según fuentes de la Seguridad Social.
Así, en estos casos, los hogares a los que les sea aprobado el IMV recibirán la cantidad económica que les corresponda de manera retroactiva hasta el 1 de junio de 2020. Incluso si su prestación se aprueba en febrero o marzo de este año.