De los 5.750 millones de euros presupuestados en 2020 para políticas activas de empleo, 1.440 millones no sirvieron para nada. El 25% de los fondos que España invierte para, teóricamente, facilitar la reinserción laboral de los parados o luchar contra el desempleo de larga duración son "ineficaces". Y así lo reconoce el Gobierno el el documento enviado a Bruselas por Moncloa, al que ha tenido acceso en exclusiva este periódico.

Muchos de los 3,7 millones de parados con los que se cerró 2020 son endémicos, casi irrecuperables, tal como admiten fuentes del Ministerio de Trabajo y del de Seguridad, Social: trabajadores descolgados como consecuencia de la crisis de 2008, con más de 50 años, a los que los servicios autonómicos de empleo y el SEPE no han sabido capacitar para su vuelta a la rueda del empleo y la cotización.

Las instituciones europeas exigen a cada Estado miembro una serie de "fichas" con todas las reformas y modernizaciones concretas de la economía nacional que se pretende abordar con el fondo Next Generation EU, negociado en el histórico Consejo Europeo del pasado mes de julio. En el texto enviado a la Comisión Europea, Moncloa admite que tendrá que gastar parte de los fondos europeos en "mejorar los instrumentos y la evaluación de las políticas activas".

El documento, fechado el 18 de enero, -"fue enviado en la tarde noche del lunes", explicaban a este diario fuentes de Presidencia-, se titula Plan de recuperación, transformación y resiliencia: reformas en el ámbito laboral y de pensiones. Y la parte del mercado de trabajo, explica en seis folios las 17 reformas que pretende abordar el Ejecutivo en los próximos seis años, el plazo de entrega de los 140.000 millones de euros a los que aspira España.

La Reforma 4. Modernización de las políticas activas de empleo incluida en el informe remitido a la UE tiene una redacción demoledora. Si el objetivo es convertir estas políticas en "un elemento clave en la lucha contra el desempleo", el Ministerio de Trabajo reconoce que lo primero que debe hacer es "superar las limitaciones que han hecho que en España no hayan sido eficaces para reducir el paro de larga duración y para garantizar la inserción y orientación profesional de los trabajadores".

Más adelante, en la Reforma 6. Revisión de las subvenciones y bonificaciones a la contratación laboral, el Gobierno pone números a esa apreciación. "El 25% del gasto en políticas activas", dice el texto, "tiene una eficacia limitada según el spending review de la AIReF, a mejorar la empleabilidad de colectivos específicos de baja empleabilidad, especialmente en periodos recesivos".

5 medidas por la "eficacia"

Para tapar el agujero por el que se despilfarra anualmente casi 1.500 millones de dinero público, el departamento de Yolanda Díaz propone "mejorar los instrumentos" en manos del SEPE "y la evaluación" de sus propias políticas. Lo que se traduce en la propuesta de crear "trayectorias individualizadas de orientación" y en cinco medidas concretas.

La primera, "el impulso a la capacitación digital" de los desempleados, en consonancia con los objetivos de las reformas propuestas en el plan de reconstrucción, orientado a "los nuevos nichos de empleo relacionados con la transición verde".

La segunda es en la que el Trabajo admite que deberá gastarse dinero en convertirse en un Ministerio eficiente: "La modernización y ampliación de los recursos de los servicios públicos".  Así, tal como informaba este periódico este domingo, esta parte de los fondos europeos, si Bruselas da su visto bueno, irán a la "digitalización, el perfilado de desempleados y al análisis de vacantes y demandas" en el SEPE.

Si se cumple la pretensión de la ministra Díaz, en los próximos años los Servicios Públicos de Empleo se modernizarán a fondo. El plan es que el Estado, a través de los servicios de las Comunidades Autónomas, pase a buscar empleo a los parados utilizando sistemas de inteligencia artificial. Y que persiga el fraude laboral implantando sistemas de big data que lo "automaticen y mejoren".  

La tercera medida propuesta es, una vez más, una admisión de la "ineficacia". En este caso, por la multiplicación de enfoques y normativas autonómicos resultante de que las políticas de empleo no sólo están transferidas en su gestión, sino en su regulación. El Gobierno, en este punto, plantea la creación de mecanismos para "mejorar la coordinación de los Servicios Públicos de Empleo en todo el territorio nacional".

La cuarta propuesta consiste en "promover ventanillas de empleo para jóvenes" y replantear toda la legislación sobre Garantía Juvenil, para reforzar el seguimiento personalizado.

Y finalmente, una quinta medida que busca el apoyo de las empresas de trabajo temporal y de colocación, con las que se quiere "mejorar la colaboración". Aunque, eso sí, también se advierte de que se intensificará "su supervisión cuando actúen como colaboradoras" del SEPE. 

¿1.850 millones más a la basura?

La Comisión Europea lleva años reclamando a los diferentes gobiernos españoles que profundicen en la flexibilidad de sus últimas reformas laborales. Lo hace en las recomendaciones de política económica, que anualmente envía a cada Estado miembro, y que en este curso se han convertido en "condiciones", tal como admite Moncloa, para poder acceder a los fondos de recuperación.

Y el Gobierno es consciente de que tiene un gravísimo problema a la vuelta de la esquina. Cuando las empresas tengan que reactivar a esos trabajadores y no puedan, las estadísticas pueden alcanzar los 5 millones de parados (el 22% de la población activa), según el peor escenario que llegó a prever el Banco de España. La presión y la urgencia serán enormes en pocos meses y las reformas en el SEPE son perentorias.

En previsión de ello, los Presupuestos Generales de 2021 del Estado aumentaron la partida de las políticas activas de empleo recrecida en un 29,5% hasta los 7.405 millones. Pero eso también convierte en mayor el despilfarro. Según las cuentas del propio Ministerio de Trabajo, este año irían a la basura de la "ineficacia" otros 1.850 millones de euros... siempre que no se aborde ese 25% de fondos que no cumplen su función, tal como reconoce Moncloa ante Bruselas.