El Gobierno pretende que el SEPE se modernice a fondo en los próximos años. El plan que el Estado, a través de los servicios de empleo de las Comunidades Autónomas, busque empleo a los parados utilizando sistemas de inteligencia artificial. Y que persiga el fraude laboral implantando sistemas de big data que lo "automaticen y mejoren". Así lo recoge el documento enviado a Bruselas por Moncloa, al que ha tenido acceso este periódico.
Las instituciones europeas exigen a cada Estado miembro una serie de "fichas" con todas las reformas y modernizaciones concretas de la economía nacional que se pretende abordar con el fondo Next Generation EU, negociado en el histórico Consejo Europeo del pasado mes de julio. Ése del que regresó Pedro Sánchez un martes por la mañana, tras "cinco jornadas de trabajo incansable, día y noche", entre aplausos de sus ministros.
El texto, fechado el 18 de enero, -"fue enviado en la tarde noche del lunes", explicaban a este diario fuentes de Presidencia-, se titula Plan de recuperación, transformación y resiliencia: reformas en el ámbito laboral y de pensiones. Y la parte del mercado de trabajo, explica en seis folios las 17 reformas que pretende abordar el Ejecutivo en los próximos seis años, el plazo de entrega de los 140.000 millones de euros a los que aspira España.
Y esta ficha número 30 reconoce "los importantes desequilibrios que arrastra el mercado laboral español" y, sobre todo, la existencia de "unas políticas activas de empleo de calidad limitada, lejos de lso estándares europeos, con mercados de formación e intermediación atomizados y poco desarrollados".
Automatización y Big Data
El plan de Yolanda Díaz prevé un volumen de inversión pública de 2.400 millones de euros sólo en el periodo 2021-2023, hasta las próximas elecciones generales. Además prevé un conjunto de reformas, "la mayoría de las cuales deben ser abordadas en el marco del diálogo social". Una de ellas, concretamente, la que busca "aumentar la eficiencia de las políticas públicas de empleo".
Así, la Reforma 4. Modernización de políticas activas de empleo plantea un mecanismo novedoso e innovador que promete "reducir el paro de larga duración" y "garantizar la inserción y orientación profesional de los trabajadores".
Y la Reforma 12, Modernización y digitalización del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) contempla una "modernización y digitalización" del departamento que el Gobierno considera "necesaria para la implementación del resto de reformas en el mercado de trabajo". Entre ellas, la "introducción de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) para el emparejamiento de vacantes y parados" y el "despliegue de sistemas de gestión del dato [...] para orientar la toma de decisiones.
Es decir, que Trabajo utilizará los fondos europeos para revolucionar el SEPE de arriba abajo, con el objetivo de que "la Inteligencia Artificial y el Big Data" le permitan además "automatizar y mejorar la detección del fraude".
La mesa del diálogo social
Estas reformas, sin duda, provocarán discusiones en la mesa del diálogo social. Éste es el marco de trabajo fundamental de Díaz, militante del PCE y miembro del Ejecutivo dentro de la cuota de Unidas Podemos. Y donde ha protagonizado la negociación de los siete acuerdos con patronales y sindicatos a los que ha llegado el gabinete de Sánchez, impulsados por ella desde el inicio de la pandemia.
El último ha sido el de la renovación de los ERTE, "para proteger a los trabajadores y sus empleadores" hasta el próximo 31 de mayo. Un hecho que denota su capacidad de diálogo, reconocida en declaraciones públicas -y celebrada con sorpresa en confesiones de pasillo- por los dirigentes de las patronales.
Este último pacto se sacó adelante el último pacto "en muy pocas reuniones" y con un "consenso rápido", según confirman todas las partes.
Derogar la reforma laboral
La batalla por la reforma laboral en el seno del Gobierno provocó que Bruselas tuviera que esperar más de un mes a la llegada de la última de las 30 "fichas" con las medidas modernizadoras y reestructuradoras de la economía española.
Sánchez se retrasó con este último documento, necesario para pasar el primer trámite de Bruselas y optar a los fondos de reconstrucción, necesarios para afrontar la salida de la crisis provocada por el coronavirus. Moncloa necesitaba enviar el informe con premura pero el desacuerdo con Pablo Iglesias seguía siendo imposible de soslayar.
Así, Moncloa optó por una redacción ambigua en determinados aspectos para que la pelea entre socialistas y morados no llegara a Europa. El documento pasa por encima, sin dar detalles, sobre la reforma de la negociación colectiva -el gran escollo entre PSOE y Unidas Podemos- y la de los sitemas de formación para el empleo. Ni siquiera la 'Ley Rider', ya casi terminada, y a punto de ser llevada al Consejo de Minsitros, se detalla en el texto remitido a la UE.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendía cuando aún era una diputada de Unidas Podemos en la oposición "la derogación total de la reforma laboral del PP y la de Zapatero". Durante la negociación del acuerdo de coalición, de cuyo equipo formó parte, ya aceptó limitar los cambios a "eliminar sus aspectos más levisvos". Ahora, su departamento prepara una ley completa que no sólo revisa, sino que "moderniza" de arriba abajo la legislación laboral.