El Ministerio ya ha puesto en información pública un borrador de reglamento para que, en breve, una parte mayoritaria de las multas a las empresas vengan dictadas de manera automática, como las multas que ponen los radares en las carreteras.  Es decir, que si la Dirección General de Tráfico lleva décadas sancionando a base de tecnología, sin la mediación de un guardia civil, el departamento de Yolanda Díaz quiere, del mismo modo, llegar adonde no llegan sus inspectores.

Díaz va a poner a inspeccionar empresas a robots que automatizarán procesos mediante algoritmos programados con inteligencia artificial, que harán parte de las labores hasta ahora reservadas a los inspectores. El objetivo, asegura un portavoz del departamento, es "evitarle a nuestros funcionarios un trabajo tedioso, que sólo les quita tiempo y no es eficiente", el del cruzado de datos.

Encabezamiento de la ficha 30 enviada a la Comisión Europea: Reformas en el ámbito laboral y de pensiones. E.E.

Así lo explica una fuente del Ministerio que, de hecho, trata de conjurar las acusaciones del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. El SITSS y la oposición en el Congreso han encendido las alarmas por "la inseguridad jurídica para las empresas" que puede implicar que un acto administrativo de sanción "no sea visado por los profesionales de la inspección".

El paralelismo con las multas de los radares de tráfico es el que usa el sindicato de inspectores. En declaraciones a este periódico, Ana Ercoreca, presidenta del SITSS, rechaza la idea: "Esto no es una multa, es una sanción laboral... y hasta las sanciones que imponen los radares van firmadas por el jefe provincial de Tráfico".

Ercoreca recuerda que el proyecto, al que ha tenido acceso este periódico [consúltelo aquí en PDF] "quiebra la reserva de la función inspectora que la Ley atribuye a los funcionarios inspectores y subinspectores, vulnera la seguridad jurídica e incumple la presunción de certeza de las actas de infracción". De hecho, un algoritmo, argumenta la inspectora, "según cómo se programe, puede ir a por unas empresas y no a por otras... ¿quién vigila al robot?".

Además, la líder sindical lamenta que el deseo recaudatorio "perjudicará a las pequeñas y medianas empresas, con sanciones automáticas fijándose en actos puntuales, sin valorar trayectorias ni investigar las causas de un error... frente a las grandes compañías, cuyos equipos jurídicos se pueden adaptar a todo".

Trabajo se defiende

Pero según el equipo de la ministra Díaz, "no se sustituye la Inspección, lo cual sería contraproducente y contrario a nuestra voluntad", explica un portavoz a EL ESPAÑOL. "Aunque sí se cruzarán datos de manera automatizada, por ejemplo, para comprobar altas fraudulentas en la Seguridad Social no comunicadas a tiempo... eso no exige la intervención de nadie, son datos objetivos".

La realidad es que el último decreto de renovación de los ERTE, aprobado el pasado 26 de enero, ya incluyó la medida, aunque colada un poco a escondidas en la disposición final cuarta de la norma [consúltelo aquí en PDF]. El texto modificó el párrafo a) del artículo 53.1 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social "para la adecuación del procedimiento administrativo sancionador en el orden social a las posibilidades que las nuevas tecnologías permiten".

Trabajo alega que el procedimiento robotizado está previsto "exclusivamente para aquellas infracciones cuya existencia se puede detectar automáticamente", de los registros de las bases de datos de las Administraciones Públicas, en particular de la Administración de la Seguridad Social.

Es decir, y siempre según las fuentes, en los casos "que no se requiere un proceso de investigación previa e individualizada mediante visitas a los centros de trabajo o comprobaciones en los locales de las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social, ni una valoración o apreciación jurídica de hechos y pruebas". Y es que, según las fuentes consultadas, "en procesos de cruces masivos de datos es más fácil que falle una persona a que lo haga una máquina".

"Gravísimo precedente"

La misma exposición de motivos del decreto admitía lo que hoy denuncian los inspectores de trabajo. La medida, explica el texto, se aplicará "mediante la extensión de actas de infracción automatizadas, es decir, sin intervención directa de un funcionario actuante en su emisión". Aunque, eso sí, "sin reducción de las garantías jurídicas de los administrados".

Pero Mario Garcés, portavoz económico del PP en el Congreso de los Diputados llama la atención ante el "gravísimo precedente" que abre este proyecto del departamento de Yolanda Díaz. "Es un dislate jurídico. La responsabilidad, tanto en el ámbito privado como en el público, recae en una persona: es personalísima y ha de recaer en un funcionario dotado de competencia legal". 

El diputado popular, exconsejero de Hacienda en Aragón y ex secretario de Estado en los Gobiernos de Aznar y de Rajoy, coincide con los inspectores en que "la digitalización contribuye a la mejora de los servicios públicos, pero en modo alguno puede reemplazar la función propia del funcionario".

Garcés advierte del paso que quiere dar Trabajo y lo califica de "broma distópica digna de un régimen totalitario". Un algoritmo, argumenta, "podrá seleccionar variables o acotar magnitudes, pero no tiene capacidad para emitir actos administrativos, porque carece de voluntad humana".

Modernizar el SEPE

Todo este proyecto estaba ya incluido entre las reformas que aspiran al visto bueno de la Comisión Europea para poderse financiar con los fondos de recuperación. El Gobierno pretende que el SEPE se modernice a fondo en los próximos años. El plan prevé el uso de la inteligencia artificial no sólo para la inspección de trabajo, sino también para buscar empleo a los parados. Así lo recoge el documento que envió Moncloa Bruselas, al que tuvo acceso este periódico.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social. Efe

Las instituciones europeas exigen a cada Estado miembro una serie de "fichas" con todas las reformas y modernizaciones concretas de la economía nacional que se pretende abordar con el fondo Next Generation EU, negociado en el histórico Consejo Europeo del pasado mes de julio. Ese del que regresó Pedro Sánchez un martes por la mañana, tras "cinco jornadas de trabajo incansable, día y noche", entre aplausos de sus ministros.

El texto, fechado el 18 de enero, se titula Plan de recuperación, transformación y resiliencia: reformas en el ámbito laboral y de pensiones. Y la parte del mercado de trabajo explica en seis folios las 17 reformas que pretende abordar el Ejecutivo en los próximos seis años, el plazo de entrega de los 140.000 millones de euros a los que aspira España.

El plan de Yolanda Díaz prevé un volumen de inversión pública de 2.400 millones de euros sólo en el periodo 2021-2023, hasta las próximas elecciones generales. Además, prevé un conjunto de reformas, "la mayoría de las cuales deben ser abordadas en el marco del diálogo social".

Estas reformas, sin duda, provocarán discusiones en la mesa del diálogo social, y así lo promete el SITSS. Éste es el marco de trabajo fundamental de Díaz, militante del PCE y miembro del Ejecutivo dentro de la cuota de Unidas Podemos. Y donde ha protagonizado la negociación de los ocho acuerdos con patronales y sindicatos a los que ha llegado el gabinete de Sánchez, impulsados por ella desde el inicio de la pandemia.