El Ministerio de Trabajo, las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos CCOO y UGT han retomado este miércoles la mesa de Diálogo Social en la que se abordará, entre otros temas, la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012. Con todo, las discrepancias han dominado este primer encuentro.
La primera reunión ha durado más de cuatro horas y en ella se ha planteado el calendario de futuros encuentros y los temas a tratar. Pero ni siquiera en eso ha habido algo de consenso.
"Hay una discrepancia total en el orden de prioridades. Las organizaciones empresariales no quieren que se aborde lo que teníamos hablado en febrero", han denunciado desde CCOO.
El secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha compartido esta denuncia y se ha quejado de que las organizaciones empresariales "no quieren hablar de la reforma laboral" aunque están dispuestos a seguir negociando con la idea de volver a reunirse antes de la Semana Santa.
En principio, el próximo encuentro se celebrará el 30 de marzo y, tras Semana Santa, la mesa del Diálogo Social para la derogación de la reforma laboral se reunirá semanalmente.
Borrador
Según ha podido saber Invertia, el Ministerio de Trabajo enviará un borrador con los últimos temas abordados y avances para la derogación en las reuniones de marzo del año pasado, a pesar de las discrepancias mostradas por la patronal.
Según indica EFE, dentro del calendario negociador, Trabajo quiere tratar de forma urgente la subcontratación para dar cumplimiento a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que rechaza que los contratos de trabajadores de subcontratas se limiten al tiempo que dura la prestación de servicios para un cliente concreto.
Para el Gobierno es además prioritario abordar una reforma de los contratos laborales, para cumplir con las planes trasladados a Bruselas en el marco del plan de recuperación.
A estos asuntos se sumarán los cambios en materia de ultraactividad, es decir, la vigencia de los convenios colectivos expirados, que la reforma laboral de 2012 limitó a un año y que podría ampliarse.
El presidente del Gobierno, varios ministros y los agentes sociales en la Moncloa.
También se prevé modificar la prevalencia de los convenios empresariales, de manera vuelvan a primar los sectoriales o territoriales en lo que respecta a temas salariales o de organización de la jornada, salvo que el convenio de empresa mejore las condiciones.
Asimismo, en la negociación se plantearán medidas dirigidas a reducir la temporalidad, mediante una generalización del contrato indefinido y fijando una causalidad para los de duración determinada.
A esto se añadirá una revisión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para poder utilizarlos cuando termine la pandemia como mecanismo de flexibilidad para las empresas