La Seguridad Social rechaza siete de cada diez peticiones del Ingreso Minimo Vital, la mayoría por criterios de renta

Una de las grandes apuestas para combatir la pobreza estructural y que se aprobó en 2020 fue el Ingreso Mínimo Vital (IMV). La Seguridad Social recibió un alud de peticiones que todavía está gestionando, aunque ya ha resuelto más del 75% de ellas. Pero no de forma positiva. El Gobierno ha rechazado siete de cada diez solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, más de la mitad de ellas por no cumplir criterios de renta. 

Según los datos presentados por José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, su departamento ha recibido 1,2 millones de solicitudes del IMV en nueve meses, de las que se han rechazado unas 873.000. De ellas, el 68% se han denegado por rentas excesivamente elevadas, que la mayoría de las veces estaban por encima de los 10.000 euros. 

De esta manera, se han aprobado unas 210.000 prestaciones, que según Escrivá están llegando a más de medio millón de personas. A pesar de que estas cifras pueden parecer bajas a tenor de las ambiciones iniciales del Gobierno (llegar a 850.000 hogares), el ministro, en su comparecencia en el Senado, ha afirmado que el IMV ha llegado a más población que las rentas básicas autonómicas. 

Rentas autonómicas

Y así lo indican los datos.  Si en 2019 había 552.531 personas que percibían rentas básicas autonómicas, en marzo de 2021 hay 565.195 personas que se benefician del IMV. Además, la mayoría de estos ciudadanos están en las regiones como menores rentas per cápita: Andalucía, Extremadura y Murcia. 

Por otro lado, aunque sin profundizar, el ministro ha avanzado que de manera "inminente" llevará a las Cámaras las propuesta que está formulando para la revalorización de las pensiones públicas y que está negociando con los agentes sociales. También ha establecido este marco temporal para los cambios que prepara para la jubilación anticipada e incentivar el acercamiento edad efectiva de jubilación a la legal. 

Además, ha avanzado que este año se gestará el fondo público de pensiones, que estará disponible para la población que no puede recurrir a los planes privados e individuales. 

Por otro lado, ha indicado que están "muy avanzados" en la reforma de la cotización de autónomos y ha insistido en la "necesidad de introducir un mecanismo de equidad intergeneracional que sustituya al factor de sostenibilidad, que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013.