Ábalos hace fracasar a Iglesias: la Ley de Vivienda no incluirá la intervención del mercado del alquiler

En realidad, es la tercera, si incluimos la primera gran bronca entre socialistas y morados cuando Pedro Sánchez todavía gobernaba en solitario y Unidas Podemos le bloqueó uno de los decretos de aquellos "viernes sociales" de precampaña. Ya entonces, Belarra había arrancado al equipo de Ábalos esta medida -al menos, sobre el papel- y, al ver que el decreto aprobado por el Consejo de Ministros no la incluía, Iglesias dio orden de votar en contra.

"Es lo de siempre con el PSOE, dicen una cosa en público y luego, en privado, nada de nada", explican fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, encargado por Sánchez de coproponer con el de Transportes el proyecto de ley.

El presidente impuso a Ábalos que negociara la ley con Iglesias a finales de octubre, cuando los Presupuestos estaban a punto de descarrilar por el empeño del vicepresidente en que el acuerdo incluyera el control de precio de los alquileres, la prohibición sine die de todo tipo de desahucios y determinadas "mejoras" en el Ingreso Mínimo Vital.

Sánchez decidió salomónicamente que lo primero sí, pero en la ley de marzo; lo segundo no, y que como mucho se negociaría algo para el estado de alarma; y lo tercero, a medias, para no "desvirtuar" el decreto de José Luis Escrivá.

El PSOE y "la derecha"

Con aquel pacto, alcanzado de madrugada entre órdagos y llamadas broncas de Iván Redondo con Juanma del Olmo -los estrategas del lado socialista y morado, respectivamente-, se calmaron las aguas. Pero fuentes del entorno de Ábalos, a los pocos días, advertían a este periódico de que no habría nada seguro, por mucho que un papel lo dijera: "Sobre los alquileres, de aquí a marzo pueden pasar muchas cosas", confesaba un portavoz autorizado del Ministerio de Transportes.

Y es que estos días se habla mucho de las tensiones internas en el Ejecutivo y de la pelea por las leyes de Igualdad. Pero si ésa es la china en el zapato de la izquierda del Gobierno, los alquileres lo son en el de la derecha.

Y es precisamente "de la derecha" del pie que Unidas Podemos cree que cojea el PSOE, al que acusa de estar "muy próximo en sus planteamientos a ASVAL", la patronal de propietarios de pisos en alquiler, "que está dirigida por el exministro socialista Joan Clos". Y al sector inmobiliario.

Las fuentes moradas del Gobierno celebraban como "un gol por la escuadra" que el PSOE hubiera aceptado "establecer mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes", como reza el acuerdo firmado el 28 de octubre entre ambas formaciones. "Pero es que estaba también en el pacto de coalición", señala el entorno de Iglesias y Belarra.

"Solidez y rigor"

Ahora comprueban, dicen, cómo el lado socialista "nunca ha querido legislar sobre este asunto". Si bien en el entorno de Ábalos apuntan que el borrador de la norma lo aborda con "solidez y rigor", aportando "soluciones habitacionales para las familias vulnerables y medidas de protección y transparencia en las operaciones de compra y arrendamiento".

Además, el lado socialista destaca el reciente acuerdo con la Sareb para que la sociedad pública ceda al Estado más de 10.000 viviendas para el mercado del alquiler social. Un convenio que se completará, como ya adelantó EL ESPAÑOL, con pisos procedentes de los grandes tenedores -lo que en Podemos llaman "fondos buitre"- para llegar a un parque de hasta 24.000.

"Queremos hacer frente al desajuste del mercado del alquiler en algunas zonas tensionadas", explicaba el presidente el pasado miércoles, al presentar el Protocolo sobre Alquiler Social de Viviendas, en Moncloa. 

El Ministerio, además, tiene previsto dedicar 1.000 millones procedentes de los fondos europeos a la rehabilitación de estas y otras viviendas, mientras que la ley también ampliará "la colaboración público-privada y la creación de fondos sociales de vivienda", según fuentes del Ministerio.

Junto al suelo que va a aportar el Ministerio de Defensa y los acuerdos con los grandes propietarios para crear un Fondo Social de Vivienda con la cesión de 11.000 pisos más hasta enero de 2022, Sánchez auguró la destensión de esos "puntos calientes" a través de un parque público que deje de ser "uno de los más exiguos de Europa".

Un plan alternativo

Este plan alternativo al de una intervención directa del mercado "para bajar precios" huye de otro objetivo de Unidas Podemos, anunciado por Belarra en sede parlamentaria, "la obligación de los grandes propietarios de poner en alquiler para vivienda social el 30% de su parque". Y casa con la filosofía del Ministerio: "En una democracia, lo lógico es negociar para lograr tus objetivos, y no expropiar derechos para imponerlos".

La negociadora jefe de Iglesias reclama que la nueva Ley de Vivienda imponga esta suerte de expropiación a los fondos y entidades financieras con vivienda en su cartera de propiedades. Una medida que, sostienen los morados, "aumentaría en pocos meses el parque público entre 140.000 y 150.000 viviendas".

A pesar de que el lado socialista da por "imposible" que la norma vaya a contemplar la fijación de precios bajos en los alquileres, limitando las rentas en los nuevos contratos y bajándolas en los existentes, las negociaciones no están rotas.

Lucas, el negociador del Ministerio de Transportes, aún confía en que en la próxima reunión, la semana que viene, Belarra admita que sí hay un "plan alternativo" y que éste es efectivo. Pero desde el lado morado se advierte que si Ábalos presenta la ley al Consejo de Minsitros sin contar con Iglesias, "el PSOE se puede arrepentir".