Sin embargo, hay elementos de sus propuestas que no son del agrado ni de patronal ni de sindicatos. Así lo indican fuentes cercanas a la negociación. Para empezar no comparten que el Gobierno pretenda 'sancionar' la jubilación anticipada aumentando los coeficientes reductores. “El Ejecutivo está en la posición de aplicar penalizaciones relevantes y mayores”, indican.

Los actores sociales ya le han mostrado su contrariedad ante esta posibilidad. “Hoy una jubilación anticipada es ‘más barata’ para la Seguridad Social que una ordinaria”, aseguran las voces consultadas. “Una persona que se jubila anticipadamente con 61 ó 63 años va a cobrar más tiempo de pensión. Pero con los coeficientes reductores que ya se aplican, la Administración Publica acaba pagando menos mientras viva el beneficiario”.

De hecho, estos coeficientes correctores que hay a día de hoy “no son neutros. Son beneficiosos para el sistema. El pensionista que se anticipa cobra antes pero acaba cobrando menos”.

Sin embargo, el Ejecutivo habría ajustado su posición. La intención de ‘castigar’ las jubilaciones anticipadas ya no será generalizada, sino que se aplicará solo en algunos supuestos que todavía se están negociando.

En el Diálogo Social tampoco comparten la propuesta de Escrivá de prohibir las jubilaciones forzosas en los convenios colectivos. Aunque el compromiso del equipo de Seguridad Social es el de que dicha prohibición no se aplicaría sobre los convenios en vigor, tanto sindicatos como patronal han mostrado rechazo a esta cuestión.

Bajo el punto de vista de los agentes sociales, esta cuestión debe continuar descansando en la voluntad de la negociación colectiva.

Incentivos

Por otro lado, también hay discusiones por los incentivos a la jubilación demorada y la jubilación parcial. A pesar de que sindicatos y patronales están a favor de tomar medidas en este campo, consideran que el camino debe estar en “reforzar las mejoras” y no tanto en aplicar medidas nuevas.

Cabe recordar que entre las medidas que maneja el departamento de Escrivá está abonar el ‘incentivo’ por atrasar la jubilación en un solo pago, una especie de cheque. Así lo indicó el propio ministro en el I Simposio del Observatorio de las Finanzas, organizado por Invertia, quien precisó que según sus encuestas la población sería más proclive a retrasar la jubilación con esta posibilidad sobre la mesa.

También se ha puesto sobre la mesa la reforma de la jubilación anticipada por razón del grupo o actividad profesional, también conocida como jubilación por ‘penosidad’.

Es la que se permite en determinadas profesiones en las que es inevitable que los trabajadores estén expuestos a determinadas condiciones laborales perjudiciales, puedan padecer enfermedades profesionales causada por dicha actividad (como la silicosis) y, por ello, está permitido que se retiren antes. Un ejemplo de esto son los trabajadores del sector minero.

Concreción

En este caso, lo que se pretende es concretar la normativa y evitar litigiosidad aclarando y especificando qué situaciones se pueden acoger a este tipo de jubilación ‘por penosidad’.

Escrivá también ha planteado en el Diálogo Social otras cuestiones, como la creación de un macro fondo público de pensiones. Sin embargo, patronal y sindicatos quieren que antes se solventen las otras cuestiones mencionadas. De hecho, las fuentes consultadas ponen en duda que el fondo se vaya a crear este año, a pesar de que así lo dictan los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

A pesar de estas impresiones, el ministro de Seguridad Social tiene la ambición de cerrar el acuerdo con los agentes sociales cuanto antes. Su objetivo es llevar al Congreso las reformas que logre pactar con ellos en el próximo trimestre, entre ellas también la nueva fórmula de revalorización de las pensiones.

La reforma de las pensiones públicas se antoja fundamental para amarrar su sostenibilidad. La última nómina mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social ascendió a 10.119,58 millones de euros, un nuevo máximo histórico. Ha empezado la cuenta atrás para la remodelación de las pensiones públicas.