Así se lo ha transmitido el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inclusión a los agentes sociales (patronal y sindicatos) con los que periódicamente se está reuniendo para abordar la reforma de las pensiones que el departamento quiere llevar al Congreso antes de que termine junio. 

Según fuentes conocedoras de dichos encuentros, el equipo del ministro José Luis Escrivá ha propuesto que la derogación de elementos clave de la reforma de las pensiones del PP de hace ocho años se quede para una segunda fase. 

Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno.

Concretamente, lo que el Gobierno quiere aplazar es la supresión del Factor de Sostenibilidad previsto en la Ley 23/2013, una promesa incluida en el programa del Ejecutivo de coalición. 

El Factor de Sostenibilidad liga las pensiones a la esperanza de vida. Adecúa de forma automática la cuantía de estas prestaciones al incremento de la esperanza y, por tanto, de los años de vida del perceptor. Esto se suele traducir en un descenso de las pagas.

Con todo, el propio Ejecutivo de Mariano Rajoy lo puso en suspenso en 2018 para lograr el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado del PNV. Sin embargo, volverá a activarse en 2023.

Los planes de Escrivá pasan por sustituir el Factor de Sostenibilidad por un factor de equidad intergeneracional que todavía está por diseñar. Sin embargo, los sindicatos le han reclamado su supresión inmediata.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y su equipo con los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva; y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez.

Esto ha provocado un importante choque en el Diálogo Social. Si bien Seguridad Social se ha mostrado de acuerdo con la eliminación del Factor de Sostenibilidad, insisten en hacerlo en un plazo futuro y no concretado, en una próxima fase de la reforma de las pensiones

Por ello, indican las fuentes consultadas, los tiempos y los plazos de la reforma de las pensiones se han convertido en objeto de discusión en el Diálogo Social.  

En cambio, la derogación del otro aspecto clave de la reforma de las pensiones 'popular' y su sustitución por un nuevo mecanismo sí que está más cerca. Se trata del Índice de Revalorización de Pensiones (IPR), que está en vigor pero no se aplica de manera efectiva desde 2017. 

Es una fórmula que liga el crecimiento o reducción de las pensiones al déficit y sostenibilidad económica de la Tesorería de la Seguridad Social. De aplicarse, según los cálculos de Willis Towers Watson, las pensiones tendrían que haberse reducido un 2,36% en 2021. 

Nuevo mecanismo

Así, el nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones sí que está próximo al acuerdo. De hecho, el pacto podría ser inminente, según las recientes declaraciones del propio ministro Escrivá y las valoraciones recogidas entre los agentes sociales por Invertia. 

La nueva fórmula para la revalorización anual de las pensiones recoge que estas prestaciones suban con el IPC y que no aumenten (ni se recorten) cuando el IPC descienda. Con todo, la propuesta incluye, además, que la 'ganancia' indirecta de poder adquisitivo obtenida por este fenómeno se compense con rebajas en los futuros incrementos de las pensiones.

Este último aspecto no es compartido por los agentes sociales. Tampoco varios de los resortes que quiere tocar el Ejecutivo para extender la edad de jubilación, de manera que la efectiva se acerque a la legal, que en 2027 estará en los 67 años. 

Cabe recordar que el Ejecutivo quiere aumentar el ‘castigo’ a la jubilación anticipada, prohibir la jubilación forzosa en los convenios, mejorar las condiciones de la jubilación parcial, incentivar la jubilación demorada y cambiar la jubilación anticipada por penosidad. 

Al menos en lo que se refiere a aumentar la sanción a la jubilación anticipada y a suprimir la jubilación forzosa en los convenios, el acuerdo con los agentes sociales no parece que se vaya a lograr en el corto plazo. Las posturas todavía están alejadas.