Así lo indica el último borrador sobre la reforma que ha propuesto el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a patronal y sindicatos. De manera generalizada, los coeficientes reductores por jubilación anticipada voluntaria, que se aplicarán por meses, se reducen. Solo aumentarán en determinados plazos. 

Así, la penalización aumenta en los casos en los que la jubilación anticipada se adelante entre 23 y 24 meses y entre tres y un mes. El resto de los coeficientes reductores que plantea el Ejecutivo son inferiores a los actuales. Es decir, que lo que pretende castigar el Gobierno es a aquellos que se jubilan anticipadamente más temprano o, por el contrario, los que lo hacen más tarde. 

Por ejemplo, una persona con una carrera profesional con menos de 38 años y seis meses cotizados sufre ahora un coeficiente corrector sobre su pensión por jubilarse anticipadamente con 12 meses de antelación del 8%. El documento del Gobierno rebaja esta penalización al 5,5%. 

En cambio, si esta misma persona se jubila de forma anticipada solo un mes antes de su fecha legal, el castigo sube. Con el coeficiente reductor actual, la jubilación anticipada de un mes tiene un castigo del 2%, que con el plan de Seguridad Social pasará al 3,26%. 

Esta fórmula y decrecimiento de los coeficientes sancionadores se aplica en todas las carreras profesionales, excepto en los casos de las pensiones máximas. Aquí el ministro José Luis Escrivá ya había comentado que incrementaría el 'castigo' por la jubilación anticipada para aumentar la progresividad del desincentivo. 

En cualquier caso, esta medida solo afectaría al 10% de los futuros jubilados 'anticipados' de forma voluntaria. Eso sí: los incrementos de los coeficientes sancionadores son importantes y elevados, y se producen sea cual sea el número de meses de jubilación anticipada del que se trate.

Una persona con pensión máxima hoy tiene una corrección del 4% si la jubilación anticipada es de 24 meses. Con la propuesta de Seguridad Social, el castigo pasará a ser del 21%. 

Eso sí: para esto queda un tiempo. La aplicación de esta medida, en particular, llevará 12 años, que antes eran seis. "Esta previsión, unida a las futuras subidas de la pensión máxima durante el período transitorio, servirá para absorber el efecto de la medida para aquellos trabajadores que cotizan por encima de la pensión máxima", explica Seguridad Social en su propuesta de reforma de las pensiones a la que ha tenido acceso Invertia. En 2020, hubo en torno a 54.000 jubilaciones anticipadas voluntarias. 

La propuesta de reforma de pensiones del Ejecutivo (uno de los compromisos incluidos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas) incluye también medidas en el campo de las jubilaciones anticipadas por razón de actividad o peligrosidad.

Por un lado, se concretarán los indicadores de peligrosidad o penosidad que determinan el acceso a esta modalidad de jubilación anticipada, y tendrán su desarrollo reglamentario. Respecto a las solicitudes ya presentadas, Seguridad Social establecerá un calendario para la resolución de los expedientes y se separarán en normas distintas la jubilación anticipada por razón de la actividad y por razón de la discapacidad.

La reforma de las pensiones incluye importantes modificaciones en otras cuestiones ya adelantadas por Invertia. Aborda la prohibición de la jubilación anticipada hasta los 68 años, el mecanismo de revalorización de la pensión según el IPC y el nuevo sistema de cotizaciones para los autónomos.