José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El Estado subirá un 62%, hasta los 22.576 millones, las transferencias a la Seguridad Social para evitar su quiebra
El ministro Escrivá plantea aumentar esta partida anual para atenuar el déficit del órgano encargado de abonar las pensiones.
24 mayo, 2021 02:32Noticias relacionadas
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Entre las iniciativas que ya ha activado el Gobierno de coalición para asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones se encuentra que el Estado asuma los gastos impropios de la Seguridad Social, que es el órgano que se encarga de pagar estas prestaciones, y atenúe así su déficit. Esta medida se ha puesto en marcha este mismo 2021, pero las transferencias que se han hecho han sido insuficientes. Por ello, para próximos años, el planteamiento es que la partida anual para ello suba al menos un 62%.
Así lo indica la última propuesta presentada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a patronal y sindicatos en el marco de la reforma de las pensiones, a la que ha tenido acceso Invertia.
En los últimos Presupuestos Generales del Estado (los de este año), la partida era de 13.929 millones de euros. La pretensión de José Luis Escrivá, responsable del departamento, es incrementar esta cifra durante los próximos dos años "hasta alcanzar una transferencia que sirva para cubrir todos los conceptos" que no tendrían que financiarse con cotizaciones.
En total, la idea de Escrivá es llegar en 2023 a los 22.576 millones de euros en transferencias anuales del Estado a la Seguridad Social, 8.647 millones más que en 2021.
Con estos fondos adicionales, Seguridad Social quiere cubrir el gasto que generan la pensión de jubilación anticipada involuntaria (2.010 millones), los complementos de prestaciones contributivas sujetos a límite de ingresos (3.444 millones) y otros conceptos de naturaleza no contributiva (3.193 millones).
Hasta ahora, los gastos impropios que el Estado había empezado a cubrir este 2021 eran las prestaciones contributivas de nacimiento y cuidado de menor (2.785 millones), determinadas reducciones en la cotización a la Seguridad Social (1.779 millones) y las subvenciones implícitas a determinados regímenes o contratos de formación (996 millones).
También el complemento para reducir la brecha de género (788 millones), la integración de lagunas de cotización (450 millones), la jubilación anticipada sin coeficiente reductor y sin cotización adicional (371 millones), las pensiones en favor de familiares (373 millones) y determinados conceptos de naturaleza no contributiva (6.387 millones).
Futuros aumentos
En cualquier caso, el Gobierno no descarta que en el futuro tengan que aumentarse estas partidas. El texto recoge el compromiso del Estado "como garante público del sistema de Seguridad Social", prometiendo cubrir eventuales déficits "cuando los ingresos derivados de cotizaciones y transferencias estables y preestablecidas desde los Presupuestos Generales del Estado puedan no ser suficientes".
En cualquier caso, nada de lo que entre en la Seguridad Social por las transferencias estatales irá a para al Fondo de Reserva. Según ha podido saber Invertia por fuentes del Diálogo Social, el Gobierno no tiene en mente resucitar este instrumento, prácticamente vaciado la pasada década.
Cabe recordar que la también conocida como 'hucha' de las pensiones servía para atender abonos de prestaciones si se producían desviaciones entre ingresos y gastos de la Seguridad Social.
Alimentada por la buena marcha de la economía y el empleo en la década de los 2000 gracias a los superávits de cotizaciones, el déficit constante de la tesorería de la Seguridad Social tras la Gran Recesión ha llevado a que se vacíe en las últimas legislaturas.
A día de hoy, según ha podido saber este medio, la 'hucha' de las pensiones cuenta con apenas 2.100 millones. Y en el Gobierno no hay intención de reflotar este recurso de la Seguridad Social.
La Seguridad Social acabó el año pasado con un déficit histórico de casi 20.000 millones de euros, un récord al que llevaron la Covid y las ayudas, los subsidios y exoneraciones de cuotas sociales que se activaron a través del instituto público.
