Esta semana el Consejo de Ministros, en sesión extraordinaria, ha dado el visto bueno a la última extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que ya llevan más de un año en activo como herramienta para evitar la destrucción de empleo mediante exoneraciones de cuotas sociales para las empresas y prestaciones para los trabajadores.

La inmediatez de la crisis provocó que el Gobierno diera muchas facilidades para la concesión de los ERTE. Pero el Ministerio de Trabajo siempre avisó de que haría inspecciones laborales prospectivas de dichos ERTE para constatar que se cumplían todas las condiciones. Y los inspectores han 'cazado' a miles de infractores que no cumplían las reglas a las que obligan los ERTE y que los empleaban de forma fraudulenta. 

El Ministerio de Trabajo indica que, hasta el siete de abril, se han desarrollado un total de 36.565 inspecciones de ERTE, de las que 29.047 ya han finalizado. De ellas, se han impuesto unas 4.588 infracciones, un 27% más que en enero de este año.  

De esta manera, el 16% de los ERTE inspeccionados ha resultado ser fraudulento, según indican desde el departamento que dirige Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera del Gobierno.  

¿Son estas cifras elevadas? Para empezar, hay que tener en cuenta la dimensión de la crisis que ha obligado a usar los ERTE. Aunque no hay cifras concretas de cuántas empresas han estado en ERTE desde mediados de marzo, en lo peor de la pandemia cuatro de cada diez estuvieron en esta situación, en torno a 1,5 millones. 

Por ello, Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, considera que no se pueden hacer generalizaciones. "No hay que criminalizar a las empresas. La regla general no son los ERTE fraudulentos", aclara. 

En cualquier caso, quien la hace la paga. Ercoreca recuerda que la legislación ya tipifica los diversos fraudes en caso de ERTE, y lo hace como infracciones muy graves. Los empresarios 'cazados' incurriendo en ellas pueden sufrir multas que van de los 6.251 a 187.515 euros, además de tener que pagar las cuotas a la Seguridad Social de las que hasta ahora se habían exonerado. 

Multas

Según el Ministerio de Trabajo, esto se ha traducido en que las empresas defraudadoras han abonado casi 22 millones de euros en multas. Mientras, en liquidaciones por cuotas de Seguridad Social dejadas de ingresar, han pagado más de siete millones de euros. 

En general, explica Ercoreca, el fraude más habitual que cometen las empresas es recuperar a un empleado para la actividad sin avisar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Es decir, hacerle trabajar pero sin pagar la Seguridad Social.  

En esta categoría de 'habitualidad' se encuentran también los empresarios que obligan a hacer su horario habitual a trabajadores que están en ERTE de reducción de jornada, de nuevo sin informar al SEPE.

En estas situaciones, el trabajador no recibe ningún tipo de sanción a no ser que se pruebe que está en connivencia con la empresa para 'engañar' al SEPE y mantenerse en ERTE. 

Trabajadores

En estos casos, el empleado está obligado a devolver todas las prestaciones recibidas y será sancionado con no recibir ningún tipo de prestación pública hasta un año. 

Además, Ercoreca explica que los inspectores de trabajo también se han encontrado con empresas en ERTE que incumplían el compromiso de empleo de los seis meses y habían despedido trabajadores. O también empresarios que contrataron personal o que permitieron que sus plantillas hicieran horas extra. Todo prohibido si se está en ERTE. 

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha explicado que, tras su ampliación hasta septiembre, el coste global de los ERTE y de las prestaciones para autónomos alcanzará los 21.000 millones de euros.