Hace un par de semanas la ministra de Trabajo informó de que su departamento ya estaba ‘repasando’ las solicitudes de expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) excepcionales por el Covid-19 en busca de posibles fraudes. Por entonces Yolanda Díaz ya avisaba de que las empresas que hubieran hecho trampas y se hubiesen beneficiado de las exoneraciones de cuotas sociales indebidamente se podían enfrentar a consecuencias penales.

A la espera de que el departamento revele la cantidad de fraudes hallados, la trampa no saldrá gratis a los empresarios que hayan intentado hacer tongo. Según ha podido saber Invertia, no solo tendrán que pagar todas las cuotas sociales de las que se haya exonerado la empresa, sino que además tendrá que abonar un recargo y enfrentarse a una sanción que puede alcanzar los 800.000 euros.

“La sanción va a depender de cada caso individual y la casuística es muy variopinta. Es la Inspección de Trabajo la que califica una infracción en cada caso. Pero, en los que tienen que ver con los ERTE excepcionales, suelen ser graves o muy graves”, explica Alberto Novoa, abogado laboralista del despacho Ceca Magán. “Esto lleva aparejado la devolución de las exoneraciones de cuotas con su debido recargo más la multa que corresponda por la infracción cometida”.

En lo que se refiere a las sanciones, hay muchos tramos, explica Novoa. Hay tipificadas tanto cantidades fijas como cifras que dependen de los euros defraudados. En este caso, cometer el fraude de exonerarse de cuotas sociales por ERTE está tipificado como una infracción “grave o muy grave”.

Así, las empresas defraudadores tendrán que devolver todo los que se han ‘ahorrado’ por las exoneraciones de los ERTE, más un recargo por "haberse enriquecido injustamente", y pagar una multa que alcanza máximos de 800.000 euros.

Sanción para los trabajadores

Los trabajadores que participen en un fraude, es decir, que estén percibiendo las prestaciones sin que les corresponda o al mismo tiempo que un salario, tampoco se van de ‘rositas’. Novoa explica que “actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que corresponde está tipificado como infracción muy grave”.

En esta caso, las personas que hayan cometido esta infracción (y sean ‘cazados’) tendrán que devolver todas las prestaciones percibidas, en este caso las mensualidades por el desempleo cobradas por el ERTE, también con su correspondiente recargo.

Sin embargo, para estas personas no hay multa o sanción económica, sino que se les impide el acceso a prestaciones futuras durante un plazo de tiempo determinado. Concretamente, sufrirán “una pérdida de la pensión o prestaciones durante un periodo de seis meses -indica la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social-, y en el caso de las prestaciones o subsidios por desempleo o de la prestación por cese de actividad del trabajador autónomo, con la extinción”.

Además, “se les podrá excluir del derecho a percibir cualquier prestación económica y, en su caso, ayuda de fomento de empleo durante un año, así como del derecho a participar durante ese período en formación profesional para el empleo”.

Coste de los ERTE

Cabe recordar que, según los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y tras su ampliación hasta finales de septiembre, el coste de los ERTE excepcionales para las arcas públicas es superior a los 25.871 millones de euros. 

Con todo, esta cantidad seguramente se amplíe dado que la idea es que esta herramienta se extienda, como mínimo, hasta finales de año.

Por otro lado, según los últimos datos revelados por la propia Yolanda Díaz, queda alrededor de un millón de trabajadores en ERTE excepcional.