Un año perdido sin formación para más de 200.000 personas en ERTE que no volverán a su trabajo anterior

Quince meses después de que el Gobierno y los agentes sociales llegaran a un acuerdo para combatir el shock de la pandemia en el empleo con los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), cerca de 500.000 personas siguen todavía bajo su paraguas.

Como recordó esta semana la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esa cifra representa a un 15% de los 3,6 millones de trabajadores que llegaron a estar bajo esta figura en los peores momentos de la crisis sanitaria. Sin embargo, el Gobierno da por hecho que no todos ellos podrán volver a trabajar en su anterior ocupación.

Según los cálculos que manejan los expertos consultados por este periódico, más de 200.000 personas podrían estar abocadas a no recuperar su puesto laboral anterior a la Covid-19.

Esto se debe por un lado, a que la pandemia ha traído cambios estructurales a la economía que van a impedir reabrir muchos negocios y por otro, a que la crisis está siendo tan larga que muchas empresas no van a ser capaces de sobrevivir por problemas de viabilidad y solvencia, como ha advertido el Banco de España.

Se trata de capital humano -en su mayoría, del sector del Turismo y el ocio- que lleva más de un año parado. Un tiempo que hubiera sido más que suficiente para recibir formación en idiomas o en otras profesiones que pudieran facilitar así su empleabilidad ahora que se vislumbra, por fin, la recuperación económica.

Aunque han sido varias las ocasiones en las que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha expresado su interés por importar a España el modelo de ERTE alemán, en el que se incluye formación y recualificación para los trabajadores, lo cierto es que no se ha aprovechado este tiempo para intentar poner en marcha un proyecto piloto.

Los expertos creen que se ha perdido una oportunidad para mejorar la calidad de la mano de obra de los sectores más afectados por la pandemia. Algo que no les sorprende porque llevan años denunciando las deficiencias en el funcionamiento de la formación y de las políticas activas de empleo.

"Dinamarca basa su sistema productivo en un potente sistema de cualificación. Aquí, tenemos un problema de productividad porque no afrontamos este reto. En hostelería, por ejemplo, ya este verano vamos a ver demanda de empleo para trabajadores que tengan conocimientos de alemán o de inglés. Pero se ha perdido un año, desde marzo del año pasado para mejorar la formación de las personas en ERTE", explica a este periódico el director de Adecco Group Institute, Javier Blasco de Luna.

El Gobierno es optimista con la evolución que va a experimentar el empleo este mes de junio gracias al avance de la campaña de vacunación y a que pese a las restricciones todavía vigentes, comienza la temporada de verano.

Esto implicará que algunas personas que están bajo este mecanismo protector (y figuran como afiliados) puedan recuperar su actividad y otros parados puedan encontrar trabajo.

Tanto es así que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha avanzado ya que espera un repunte de la afiliación de 150.000 personas este mes.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EP

Sin embargo, siendo esto una buena noticia, los datos del mercado laboral español siguen siendo alarmantes y la tasa de paro podría cerrar en el 17% en 2021, según el Banco de España.

Tras una crisis económica, la recuperación del empleo suele ir por detrás de la del PIB, con lo que a España le queda un largo camino por recorrer antes de que el mercado laboral pueda reincorporar a todas las personas que han perdido su empleo por la pandemia.

"La recuperación de los próximos meses va a convivir con la permanencia de muchas personas bajo la figura de los ERTE. Esto puede acabar generando un gasto ineficiente para el Estado y a su vez, puede generalizar la economía sumergida", advierte el economista de BBVA Research, Miguel Cardoso, en una conversación con este periódico.

Este servicio de estudios considera imprescindible incentivar que las personas que están bajo ERTE opten a nuevos empleos y no se sientan tentadas a combinar los subsidios con un empleo informal.

Un país desigual

La Covid-19 ha puesto de manifiesto que la desigualdad y la pobreza laboral tienen mucho margen de mejora en España. De hecho, ambas van unidas y están muy ligadas a la elevada temporalidad y al paro estructural que padece nuestro mercado laboral.

El coeficiente de Gini refleja que España tiene un nivel de desigualdad superior al de otras economías con un tamaño de PIB similar. Cuando se depuran los datos y se incluyen las transferencias del Estado y los impuestos, las cifras mejoran para situarse en línea con Grecia y Portugal. Sin embargo, todavía sigue lejos de los parámetros a los que debería aspirar como gran economía europea. Esto se explica por el elevado nivel de desempleo.

"Cada vez que sube la tasa de paro, aumenta la desigualdad. Teniendo en cuenta que con la pandemia ha aumentado el desempleo, se puede asegurar que también ha tenido un impacto negativo en la desigualdad", explica Cardoso.

El Ingreso Mínimo

Para ayudar a las familias más vulnerables, el Gobierno decidió aprobar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en los peores meses de la Covid-19 como medida estructural y no coyuntural.

Sin embargo, no ha recibido las peticiones que se esperaban y aunque, los economistas esperan que a medio plazo pueda tener un efecto positivo en reducir la pobreza, también alertan de que su diseño no ha hecho que la formación sea lo suficientemente atractiva como para evitar que los beneficiarios se acomoden al subsidio.

"Hacen falta medidas más ambiciosas para formar a las personas para que se preparen y tengan herramientas para optar a trabajos mejor remunerados", advierte el economista de BBVA Research.

Esto sería clave para elevar salarios, dado que la formación tiene un efecto directo en la productividad y el trasvase de trabajadores de unos sectores a otros genera inflación salarial, como explica Javier Blasco.

Sería una fórmula para impulsar la subida de los sueldos que quiere el Gobierno articular por la vía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sin provocar las consecuencias negativas que ha identificado esta semana el Banco de España en el informe más completo que se ha hecho hasta la fecha sobre los efectos de esta medida en la empleabilidad de los más vulnerables.