José Luis Escrivá fue nombrado ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con un objetivo claro: reformar el sistema de pensiones. Y su labor va por buen camino. Este lunes su equipo ha cerrado con CEOE y sindicatos el texto que se aprobará en el Consejo de Ministros de la próxima semana.

Como ha venido contando Invertia, esta primera fase de la reforma está especialmente destinada a asegurar la revalorización de las prestaciones y a acercar la edad efectiva de jubilación a la legal. Sin embargo, en las últimas semanas se han ido pactando detalles que condicionarán cuestiones como la jubilación forzosa. 

El Gobierno ha mantenido su objetivo de prohibir la jubilación forzosa (que está reconocida en algunos convenios) por debajo de los 68 años. Con todo, ha establecido excepciones con la intención de incentivar la presencia de la mujer en determinados sectores muy masculinizados. 

Concretamente, se permitirán jubilaciones forzosas de personas menores de 68 años en sectores con gran presencia de hombres y cuando sea a cambio de contratar a una mujer. ¿En qué sectores, concretamente? Eso todavía no está claro. Se plantea que sean ámbitos productivos en los que solo haya un 20% de mujeres trabajadoras o menos. 

A cambio de la prohibición de la jubilación forzosa, las empresas obtendrán determinadas ventajas. En el texto se ha establecido una reducción del 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación en caso de incapacidad temporal de trabajadores a partir de los 62 años.

Otro cambio respecto a borradores previos de la reforma está en la cobertura de los gastos impropios de la Seguridad Social, con el fin de lograr la estabilidad financiera del ente y reducir su déficit. Si bien esto ya estaba recogido, la idea era que el Estado asumiera dichos gastos haciendo transferencias anuales por valor de 22.000 millones de euros de manera progresiva hasta 2023. Esta medida se aplicará de forma plena ya en 2022. 

Lo cierto es que en las últimas semanas solo se han estado tocando flecos de la reforma de las pensiones. El acuerdo en las 'grandes' medidas se cerró hace semanas. El pacto fue posible después de que Seguridad Social aceptara acelerar la derogación de las medidas que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó para la Seguridad Social y su funcionamiento en 2013. 

Concretamente, el Factor de Sostenibilidad se derogará este mismo año. Este instrumento, ahora mismo suspendido, liga las pensiones a la esperanza de vida. 

Este proceso de negociación se abrirá inmediatamente después de la firma del acuerdo de las pensiones, puesto que el objetivo es que el nuevo mecanismo pueda incorporarse al proyecto de ley de las pensiones antes del 15 de noviembre de 2021. Se hará a través de una enmienda.

Vida laboral

Esta primera fase para reformar el sistema de pensiones incluye un paquete de medidas para alargar la vida laboral de los españoles, de manera que empiecen a cobrar las prestaciones más tarde. 

Dentro de este campo entran los incentivos para alargar la vida laboral en el marco de la jubilación demorada (que incluye un pago único de un cheque anual de hasta 12.000 euros anuales) y la jubilación activa. 

También hay importantes modificaciones en la jubilación anticipada voluntaria. Se endurecen los coeficientes reductores para las pensiones futuras en varias situaciones, sobre todo en el caso de las pensiones máximas, aunque su aplicación será gradual desde 2024 hasta 2033. 

Con todo, la reforma no afectará a las personas que resulten despedidas a lo largo de este año y que decidan jubilarse anticipadamente o 'prejubilarse'. 

Mecanismo de revalorización

El texto incluye el esperado mecanismo para la revalorización anual de las pensiones, que se hará de acuerdo con el IPC del año anterior. Esta medida provocará que el gasto público en pensiones aumente en una cantidad equivalente al 2,5% del PIB para 2040. Con todo, quedará compensado con el incremento de la edad efectiva de jubilación con las medidas planteadas, que se espera que para entonces haya aumentado en dos años (de los 64 a los 66 años). 

También se equipara la pensión de viudedad para las parejas de hecho, la extensión del derecho a cotización de los becarios (se desarrollará en los próximos tres meses) o la mejora de los convenios especiales de cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, entre otros.

El documento prevé la implantación gradual a partir del 1 de enero de 2022 de la cotización por ingresos reales para los trabajadores autónomos. Con todo, el sistema no se aprobará hasta 2022, sin producir efectos económicos hasta 2023. Se desplegará progresivamente en un máximo de nueve años y los tramos están todavía por pactar con las organizaciones. 

Esta es una de las reformas de las que dependen los fondos europeos que España recibirá de Bruselas en 2022. De aprobar la reforma de las pensiones y de lograr un acuerdo en el Diálogo Social, es decir, con patronal y sindicatos, dependen unos 11.000 millones el próximo año.