Comienzan los despidos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Este jueves el ente deja de contar con unos 1.135 empleados, y la cifra ascenderá a 1.635 para finales de septiembre. Esta circunstancia llevará a importantes retrasos en la gestión de las prestaciones relacionadas con el paro y podría provocar el cierre de una de cada cuatro oficinas de empleo en España.

Así lo indican los sindicatos CSIF, CCOO y UGT en un escrito que han remitido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Asumen que el recorte de plantilla del SEPE es cosa de la Dirección General de Costes de Personal, que pertenece a este departamento. 

Esta decisión, según los trabajadores, "supone la necesidad inmediata de proceder al cierre de unidades de atención al público, al quedar las mismas completamente desprovistas de efectivos. Del orden de 158 unidades de atención van a quedar comprometidas, un 23% de la red". 

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social aseguran que dichos cierres no se van a producir, a pesar de estos cálculos de los sindicatos. Afirman que se van a producir medidas de reorganización de los recursos para que se mantengan las oficinas abiertas.  

Según apuntan los sindicatos en el documento, al que ha tenido acceso Invertia, "las demoras sobre los tiempos de reconocimiento de derechos económicos de la población desempleada serán inevitables, además del impacto demoledor sobre la calidad del servicio de este organismo si este decremento desmesurado de plantilla se consolida".

Una oficina de empleo, en Madrid.

En este sentido, denuncian que es el órgano del Estado más atención ciudadana gestiona, "sea cual sea el periodo de tiempo que se estime analizar". Por ello, se preguntan si "se ahorra en algo" con los despidos, o más bien la 'no renovación' de los contratos interinos.

"No debemos engañarnos. El coste que conlleva mantener a este grupo de trabajadores y trabajadoras es ridículo comparado con el volumen de recursos económicos que están gestionando, sin llegar a alcanzar el 0,001% de dichos recursos", indican.

"Pero además, el ahorro formal de su cese o despido es una quimera, las dificultades e imperfecciones en la gestión que provocará este recorte de plantilla superará, con creces, lo que se pretende ahorrar".

La semana pasada, según fuentes del Gobierno, el Ministerio de Hacienda, concretamente la Dirección General de Costes de Personal, decidió que se comenzara a prescindir de los trabajadores interinos que había contratado el SEPE para reforzar su actividad durante la pandemia.

Sin interinos

Se trata de unos 1.500 trabajadores que, a la postre, han resultado fundamentales para la acción del SEPE. Según fuentes de los sindicatos, son los que, en muchos casos, han permitido mantener abiertas oficinas en áreas rurales, por ejemplo. El último día de 500 de ellos fue este martes. Y otros 500 serán despedidos en septiembre.

A esto se suma que hay otros 635 trabajadores adicionales que han cesado también este miércoles, aunque sus plazas se quieren estabilizar. La intención es hacerlo con un "programa temporal puente". Sin embargo, desde las organizaciones de trabajadores aseguran que no se podrán reincorporar, al menos, hasta dentro de un mes. 

Es decir, que en septiembre el SEPE contará con 1.635 trabajadores menos, el 19% de la plantilla global. Esto supone casi el 28% "si la referenciamos a los efectivos en la red de Oficinas de Prestaciones, quienes brindan atención presencial a los usuarios de este Servicio Público", indica el documento enviado a María Jesús Montero por los sindicatos. 

Presión 

Además, los trabajadores denuncian un volumen de trabajo en el SEPE cuatro veces superior por la pandemia "con 900 efectivos menos de los que el SEPE mantenía en julio de 2019. En concreto, 7.065 frente a los 7.970 de hace dos años".

Lo cierto es que el SEPE no termina de levantar cabeza desde el año pasado. El maremágnum de la pandemia y los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) provocó retrasos inéditos en el pago de las prestaciones, en muchos casos de meses. 

A esto se suma el reciente cibertaque que sufrieron los sistemas del ente. Un virus informático paralizó las gestiones de las oficinas de empleo españolas durante varios días en marzo.