La Abogacía del Estado considera que otorgar la plaza a los interinos sin oposición es inconstitucional

Así lo indican fuentes cercanas a la negociación que condujo el Ministerio de Función Pública, por entonces dirigido por Miquel Iceta, con los sindicatos de funcionarios. En aquel momento, el departamento pidió a los servicios jurídicos del Estado un informe sobre la posibilidad de hacer fijos sin obligar a opositar a los trabajadores interinos en el sector público que lleven ocupando una plaza desde hace más de tres años, que es lo que dicta el Tribunal Supremo. 

La respuesta de la Abogacía fue negativa. Consideró que una medida de este tipo sería inconstitucional porque iría en contra de los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir los concursos y oposiciones a la Administración Pública.

Según las fuentes consultadas, este criterio también se aplica en el caso de los interinos de más de 10 años, para los que se ha decidido que puedan acceder a su plaza solo con un concurso de méritos. "La presunción de inconstitucionalidad es total también en este caso", indican. 

Así, la polémica está servida. Por sí solo, el decreto de interinos ya había generado una elevada controversia entre los juristas. Con los cambios planteados para su desarrollo como proyecto de ley, los problemas no hacen sino aumentar.

Miquel Iceta, exministro de Política Territorial y Función Pública.

"Es una aberración, una sinrazón jurídica", denuncia Juan Ignacio Olmos, socio del área laboral y experto en asuntos de la Administración Pública de Ceca Magán, quien coincide en que la medida de no hacer pasar por oposición a los interinos de más de 10 años tiene visos de inconstitucionalidad. 

Olmos también carga contra la otra condición que ERC le ha arrancado a Hacienda y Función Pública para la tramitación del proyecto de ley: que las comunidades autónomas puedan decidir que la oposición no sea eliminatoria en los concursos de las plazas que se tienen que convocar, unas 260.000. "Se pierde la generalidad de la aplicación del decreto", sentencia. 

Por su parte, Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados, resta fuerza a la ventaja que ganan los interinos en el sector público de más de 10 años. "Muy pocas personas se van a poder acoger por este motivo".

¿Por qué? "El acuerdo tiene mucha letra pequeña". Habría que estar ocupando el mismo puesto de interino durante más de 10 años. Es decir, que no se incluye el caso de trabajadores que estén en esta situación por encadenar contratos durante este tiempo para el mismo puesto. 

Oportunidad

Por ello, en el fondo esta posibilidad supone para él un "brindis al sol". Sin embargo, también puede llegar a ser una "oportunidad" para que se cumplan las reclamaciones de todos los interinos de más de tres años, es decir, los 'amparados' por el criterio del Supremo. 

Dicha oportunidad se abre, precisamente, al ofrecer a los interinos de más de 10 años una plaza en el sector público sin oposición y a través de un concurso de méritos. "En el momento en el que se crea la diferenciación se está infringiendo la normativa comunitaria. En ambos supuestos (tanto en el de tres años como en el de 10 años o más) estamos en situación de abuso", explica Valero en un vídeo publicado en redes sociales. 

Por ello, si el proyecto de ley incluye finalmente esta medida, "los trabajadores que tengan un contrato o un nombramiento de más de tres años deben reclamar una situación de abuso porque es eso lo que les va a permitir establecer que hay un trato discriminatorio de ellos respecto a los interinos de más de 10 años y, por tanto, acceder al concurso de méritos". 

En este sentido, si las Administraciones Públicas no cumplen con este criterio estarían "yendo en contra de la normativa comunitaria, que no permite un trato discriminatorio" en la misma situación de abuso. 

Reacciones

¿Cuál ha sido la reacción de los sindicatos tras los cambios decididos en el Congreso? Por lo pronto, reclaman que se amarre la seguridad jurídica de este proceso de estabilización del empleo público y que no se generen discriminaciones que pongan en peligro los procesos. 

Como ya había contado Invertia, el texto obliga a todas las Administraciones públicas a convocar oposiciones para todas las vacantes de funcionarios que hayan estado cubiertas por trabajadores interinos durante más de tres años. La medida se traduce en unas 260.000 nuevas plazas para antes de 2024. 

La fórmula que se ha sacado adelante con el objetivo de obedecer al cambio de doctrina del Tribunal Supremo, que obliga a hacer fijos a los interinos que lleven más de tres años cubriendo una vacante en el sector público. 

Además, se había incluido en la norma indemnizar con una compensación económica de 20 días por año trabajado, hasta un máximo de 12 mensualidades, a los interinos que no superen la oposición. Eso sí, tendrían que presentarse a ella.