La votación se celebra este mismo miércoles, y el Gobierno está apurando los plazos. Tanto PSOE como Unidas Podemos siguen negociando con los grupos parlamentarios posibles apoyos, pero las posturas están muy alejadas y enquistadas, sobre todo con ERC y Bildu, que suman 18 votos fundamentales. PDeCAT también ha anunciado su rechazo y se cuenta con el voto en contra de PP (88) y Vox (52). Mientras, el PNV todavía no ha confirmado qué opción elegirán sus escaños.   

A lo largo del martes los partidos independentistas ya habían expresado su rechazo a la norma. "Es una propuesta muy poco consensuada. A nosotros no nos ha llamado nadie y me consta que a muchos grupos tampoco. Ahora mismo, desde nuestro punto de vista, es inaceptable", aseguraba Gabriel Rufián, portavoz de ERC. 

Pero hay un detalle en el que Rufián se equivoca. Si bien el real decreto no se ha pactado con los grupos del Congreso, sí que se había acordado con los sindicatos de funcionarios. Concretamente, con CSIF, CCOO y UGT.

De hecho, el RDL supone uno de los logros de la breve andadura de Miquel Iceta como ministro de Función Pública, a pesar de que todo parece indicar que la norma tendrá una vida muy corta. 

Oposiciones

Como ya había contado Invertia, el texto obliga a todas las Administraciones Públicas a convocar oposiciones para todas las vacantes de funcionarios que hayan estado cubiertas por trabajadores interinos durante más de tres años. Esto obligaría a convocar unas 260.000 plazas para antes de 2024. 

Esta es la fórmula que se había sacado adelante para obedecer el cambio de doctrina del Tribunal Supremo, que obliga a hacer fijos a los interinos que lleven más de tres años cubriendo una vacante en el sector público. 

Además, se había incluido en la norma indemnizar con una compensación económica de 20 días por año trabajado, hasta un máximo de 12 mensualidades, a los interinos que no superen la oposición. Eso sí, tendrían que presentarse a ella.

Sin embargo, existen muchas dudas legales sobre estas soluciones pactadas con los sindicatos. De hecho, si prosperara el real decreto-ley, habrá decenas de miles de demandas. 

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso. Efe

De hecho, el propio Rufián tildó de "injusto" que una persona que lleve trabajando 30 años en la Administración deba "competir" por un puesto con otros opositores, y por ello consideró que "hay que proteger a los trabajadores, sean como sean y tengan la condición que tengan".

Curiosamente, uno de los primeros partidos que abrió fuego contra el RDL fue Unidas Podemos. Reclamaron que en el proceso de concurso-oposición, ni las pruebas ni la fase de oposición pudiesen ser eliminatorias. "Algo que, en su formato actual, perjudica a las personas que se presentan a estos procesos habiendo acumulado muchos años de experiencia", indicaban. 

Pero esta polémica duró poco. Según ha podido saber Invertia, el Ministerio de Hacienda y Función Pública accedió a incluir esta reclamación en una futura tramitación del RDL como proyecto de ley tras su convalidación, algo que hoy peligra. 

De hecho, tanto Unidas Podemos como el PSOE están utilizando estos posibles cambios legislativos en el futuro para convencer a las formaciones nacionalistas e independentistas, pero todos los intentos por convencerles están siendo inútiles. 

Promesa europea

"Es un desastre", admiten fuentes del Gobierno de coalición, que recuerdan, además, que solventar la cuestión de los interinos y de la temporalidad en el sector público es uno de los compromisos recogidos dentro del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia.

De hecho, si finalmente el RDL se suspende, se estarían incumpliendo los plazos prometidos a la Comisión Europea para la legislación que solvente la problemática de los interinos, que debería haberse aprobado antes del final del mes de junio. 

Por ello, el 'palo' para el Gobierno es especialmente duro. El rechazo del Congreso a la RDL de interino supondría, en el fondo, una de las primeras zancadillas del Congreso al Plan de Recuperación. 

 Además, supone la primera gran derrota parlamentaria del 'nuevo' Ejecutivo de Sánchez, el formado tras la crisis de Gobierno de hace dos semanas, y la segunda de esta legislatura después de que la Cámara Baja rechazara el decreto para que los ayuntamientos pudieran usar el superávit.