Apostar por políticas que incentiven la calidad en el empleo. Es la demanda de los sindicatos ante un mercado laboral que consideran volátil y precario y que es necesario reemplazar por otro con salarios dignos y empleo estable. De ahí que su órdago sea derogar la reforma laboral aprobada por el PP en el año 2012. Algo por lo que también suspira la ministra de Trabajo y Economía Social, y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Entre sus razones para hacerlo, acabar con la temporalidad. 

Los contratos temporales han subido en el segundo trimestre de 2021 un 8,3% respecto al trimestre anterior (305.000), frente al 0,8% de contratos indefinidos (98.100). Así lo ha reflejado la Encuesta de Población Activa (EPA). 

No se trata de flor de un día. Desde que arrancó la pandemia, los contratos temporales han aumentado un 20%, frente al 2% de los indefinidos. Durante el último año, se han firmado 666.500 temporales frente a 314.100 indefinidos.

A la cabeza en Europa

Con estos datos, no es de extrañar que España encabece la tasa de temporalidad de la Unión Europea, según Eurostat. En concreto, duplica, con un 26,3%, la media de nuestros vecinos. Son 11,3 puntos por encima de dicha media. Le siguen Polonia (21,7%) y Portugal (20,8%). Rumanía es la otra cara de la moneda: 1,4%. Por si fuera poco, España está en cabeza, y de manera destacada, en lo que se refiere a contratos de corta o muy corta duración.

Así, la Seguridad Social registró 5,4 millones de relaciones laborales de un solo día de duración en 2019, el último año no condicionado por la pandemia. Por si fuera poco, los contratos inferiores a una semana pasaron de 2,9 millones, en 2011, a 6,1 millones, en 2019. Por tanto, se trata de un incremento por encima del 100%. La duración media de los contratos pasó de 63 días, en 2011, a 49 días, en 2019. Es decir, una reducción del 38%.

“Cuanto más breve es la duración del contrato de trabajo, mayor es el riesgo de pobreza de los trabajadores”, señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe ‘Perspectivas sociales del empleo mundial’. Otra derivada es que, a mayor rotación, y a menor duración de los contratos, es necesario encadenar más contratos temporales para lograr trabajar durante todo el año.

Según la OIT, España es el país con mayor porcentaje de contratos temporales de corta duración (60%). Austria, Dinamarca y el Reino Unido están por debajo del 30%. Alemania lo sitúa en el 15%.

Mal endémico

La temporalidad no es de ahora. Más bien, se trata de un mal endémico. Entre 2012 y 2020, por ejemplo, se firmaron 166 millones de contratos. El 91% de los mismos (151 millones) fueron de carácter temporal. En junio, el último dato disponible, han sido 1.625.288.

“No podemos seguir reproduciendo un tejido productivo basado en la precariedad, la temporalidad y la rotación constante en el empleo”, denuncia Lola Santillana, secretaria confederal de Empleo y Cualificación Profesional de CCOO. De ahí que considere “imperativo” alcanzar un acuerdo con el Gobierno para “modificar” la última reforma laboral. Eso sí, demanda la eliminación del contrato temporal por obra y servicio.

Según el informe ‘La temporalidad en España’, de CCOO, tres son los focos principales en los que se ceba la temporalidad: hostelería, agricultura y sector servicios. Casi duplican a la de otros sectores.

Los afectados suelen ser personas jóvenes, lo que dificulta su emancipación por no tener un trabajo estable. A corto plazo, merma también sus opciones de formar una familia. A largo plazo, disfrutar de una pensión de jubilación será misión imposible. El sector privado tiene tres millones de contratos temporales.

Pero la Administración Pública tampoco se libra de esta lacra. Según la EPA, en el segundo trimestre de 2021, un 30% de los contratos son temporales. En números redondos, 900.000. Hasta la justicia europea le ‘leyó la cartilla’ al Gobierno. La norma que permite renovar contratos temporales en el sector público, impidiendo su pase a indefinidos, no es de recibo. Es lo que vino a decir.

Reformas

Fue Felipe González quien impulsó la contratación temporal en una de sus reformas laborales. En 1984, durante su primer gobierno, eliminó las restricciones a los contratos temporales, lo que trajo nuevas modalidades. Contó con el apoyo de la CEOE y de UGT, que firmaron el Acuerdo Económico y Social.

Una década después, otro gobierno de Felipe González promovió una nueva reforma laboral. Había que hacer frente a una tasa de paro del 24,2%. Introdujo restricciones a los contratos temporales, e impulsó los de prácticas y aprendizaje. Fue el germen de la legalización de las empresas de trabajo temporal. La respuesta fue una huelga general.

En 1997, José María Aznar hizo su primera reforma laboral, que contó con el apoyo de patronal y sindicatos. La temporalidad, por aquel entonces, afectaba a uno de cada tres trabajadores. Se creó el contrato laboral de carácter indefinido. El coste del despido era de 33 días por año trabajado, frente a los 45 anteriores.

Con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, en 2006 se trató de frenar la temporalidad a golpe de subvenciones para convertirlos en fijos. Cuatro años después, la segunda reforma laboral de Zapatero acabó también en huelga general tres meses después de su aprobación.

La indemnización de 20 días por año trabajado, si la empresa justificaba una situación económica negativa, fue uno de los detonantes. También podían cambiar las condiciones de trabajo de los empleados. En el otro lado de la balanza, se ponía coto al contrato eventual por obra o servicio.

Luego vino la reforma laboral del PP del año 2012, que ahora quiere derogar la ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Su intención es prohibir su uso con carácter general. Sólo serán válidos “cuando exista una causa organizativa o productiva que lo justifique”.

Por ejemplo, cuando haya un pico de la productividad, o se tenga que contratar a un trabajador para sustituir a otro. Su duración máxima será de seis meses o un año. “Si antes de diciembre esto no está bien hecho, yo compareceré, rendiré cuentas y haré lo que tenga que hacer”, dijo la ministra en el Congreso de los Diputados.