Concretamente, las estimaciones apuntan a que el gasto público total en prestaciones para los trabajadores y en exoneraciones de cuotas sociales para las empresas estará en los 44.015 millones, una cifra generada desde el inicio de la pandemia a principios de 2020 hasta febrero del próximo año.

Esta cantidad supone el 53% del gasto que las Administraciones Públicas están dedicando a paliar la Covid en todos los terrenos en 2020 y 2021, que según la AIReF alcanzará los 82.490 millones. Es decir, que cinco de cada diez euros públicos empleados contra la Covid se están destinando a financiar ERTE. 

Las estimaciones apuntan a que hasta septiembre la Seguridad Social ha dedicado unos 21.000 millones a gastos relacionados con los ERTE Covid. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, calcula que a esta cantidad se sumarán 1.200 millones hasta febrero. 

Por otro lado, hasta septiembre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha destinado al pago de prestaciones relacionadas con los ERTE, desde que se iniciara la pandemia y hasta agosto, unos 19.457 millones.

A esto hay que sumar las prestaciones que se han de pagar hasta febrero del próximo año. El último dato mensual disponible es el de agosto. Por entonces, el SEPE gastó 393 millones de euros en prestaciones para ERTE Covid, según reveló Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda de Trabajo y Economía Social. Si se extrapola esa cifra para septiembre y los próximos meses, el gasto sería superior a los 2.350 millones hasta febrero. 

Trabajadores en ERTE

Así, ambos conceptos superarán los 44.015 millones de euros. Con todo, hay que tener en cuenta que sigue habiendo una gran incertidumbre sobre estas previsiones, puesto que el número de trabajadores en ERTE puede variar en los próximos meses, según explicaron este martes Escrivá y Díaz tras el Consejo de Ministros. 

Según estimó el propio Escrivá, quedan unos 170.000 trabajadores en ERTE de suspensión total. No se esperan grandes cambios en estas cifras puesto que se trata, mayoritariamente, de trabajadores que llevan a esta situación desde hace mucho tiempo, según fuentes del Gobierno. 

Con todo, no se puede negar la utilidad de los ERTE para atenuar la destrucción del empleo desde que empezó la crisis de la Covid. Llegaron a proteger a 3,5 millones de trabajadores en el pico de la pandemia, de los que ahora quedan 246.000 (a los 170.000 citados hay que sumar otros 76.000 que están en ERTE de suspensión parcial). 

La idea del Gobierno, según expresaron Díaz y Escrivá, es la de prescindir de los ERTE Covid en 2022. No solo porque se supere la pandemia, sino porque para entonces tendrán que estar pactados los ERTE estructurales, que forman parte de los compromisos alcanzados con la Comisión Europea en el marco de la reforma laboral. 

MSE

Cabe recordar que el Gobierno aspira a que estos mecanismos de sostenibilidad del empleo (MSE) pasen a ser la fórmula de flexibilidad interna de las empresas ante futuras crisis. Es decir, que con el apoyo del Estado, 'desactiven' a sus trabajadores en vez de despedirlos, como ha venido pasando con los ERTE Covid. 

Con todo, estos ERTE estructurales están todavía en situación muy embrionaria. Aunque incluirán incentivos para las empresas, todavía si seguirán siendo exoneraciones como hasta ahora, o serán de otro tipo. 

Lo que sí ha confirmado la vicepresidenta Díaz es que estos nuevos ERTE tendrán como condición que las empresas, si quieren acceder a ellos, faciliten formación para 'reciclar' a sus trabajadores. 

En la última prórroga de los ERTE Covid esta condición ha quedado como opcional. Eso sí, las empresas tendrán acceso a más exoneraciones de cuotas sociales si facilitan formación a sus trabajadores durante el periodo de inactivación.