La negociación de la reforma laboral sigue adelante, ahora con doble sesión semanal. El Gobierno, patronal y sindicatos, tras un miércoles centrado en temporalidad, dedicaron el pasado viernes a analizar la formación relacionada con el empleo. CEOE y Cepyme aprovecharon este entorno para deslizar varias propuestas. 

Según indican fuentes del Diálogo Social, la principal está en el contrato de formación. La patronal ha pedido que se eluda esta denominación para este tipo de relación laboral. O, al menos, que no implique el pago de cotizaciones al desempleo.

En este sentido, la patronal quiere que se mantenga la naturaleza de los 'becarios' en formación remunerados en las empresas hoy en día, que no incluyen el pago de cotizaciones al desempleo, aunque sí de contingencias comunes. 

A día de hoy, la reforma laboral recoge el contrato formativo de formación en alternancia y de práctica profesional. La duración de la primera clase será de entre tres meses y dos años (sin distinción entre los distintos grados de formación) y de seis meses a un año para los contratos de adquisición de práctica profesional. 

Cabe recordar que, en el marco de la reforma de las pensiones y en la negociación con Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Gobierno ya se ha comprometido a que los becarios no remunerados coticen. Sin embargo, la normativa de esta medida todavía está por desarrollar. 

Tutores

Respecto a la petición de la patronal para el contrato de práctica y que no suponga el pago de cotizaciones al desempleo, el Gobierno y los sindicatos se comprometieron a pensar la propuesta. 

En cambio, fueron muy bien recibidas otras dos ideas de la patronal. Por un lado, los representantes de CEOE y Cepyme pusieron sobre la mesa que las personas que vayan a ser tutores de aquellos que se vaya a formar reciban una instrucción especial para esta labor. 

También pidieron que las empresas tengan un rol más activo en el diseño de los itinerarios de formación en los que pueden colaborar a través de las políticas activas de empleo. 

Tras la reunión de este viernes, la reforma laboral sigue en el aire. El contenido del encuentro fue mucho menos relevante que la reunión del martes, en la que el Gobierno puso sobre la mesa que los contratos temporales ocasionales puedan durar, como mucho, tres meses y haya un tope de trabajadores en esta situación según el tamaño de la empresa. 

Castigo

La CEOE no pasa por este aro. Su presidente, Antonio Garamendi, rechazó esta propuesta este jueves y aseguró que el problema de la temporalidad "no se soluciona con un porcentaje". "No sé qué se pretende" tratando de "castigar" a las empresas cada vez que se hace un contrato temporal, por ejemplo, de un camarero extra para un evento.

"Es diferente por ejemplo en las islas, donde hay fijos discontinuos, que lo que pueda ser por ejemplo la gente que va al Rocío, que va tres días. ¿Qué hacemos?, ¿un fijo discontinuo por una persona que trabaje tres días?", se preguntaba. Para el presidente de la patronal, el Gobierno debería hablar con los sectores afectados.

Garamendi recordaba además que la temporalidad es superior en las Administraciones Públicas que en el sector privado, con un 33% las primeras y un 22%, el segundo.