El Gobierno quiere llevar a cabo una importante revolución del mercado laboral y la gestión de las políticas activas de empleo. Parte de ella, pasa por celebrar un sentido funeral por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que pasará a ser la Agencia Española de Empleo. 

Así lo indica el anteproyecto de ley de Empleo que el Consejo de Ministros ha revisado este viernes en primera lectura. La Agencia de Empleo será una especie de 'Infojobs' que aglutinará todas las ofertas de empleo públicas y privadas. Para ello, las empresas estarán obligadas a comunicar sus vacantes a este futuro órgano. 

¿Cómo o a través de qué fórmula? Según fuentes del Ministerio de Trabajo, esto todavía está por desarrollar, pero consideran que esta medida no debería generar problemas en las empresas, puesto que supondrá una oportunidad para ellas. De hecho, defienden que parte del posible éxito de la Agencia Española de Empleo está en la colaboración público-privada que deberá desarrollar este órgano. 

A través de la Agencia, el Gobierno va a formular una Cartera Común de derechos laborales, con la misma filosofía que tiene la de servicios sanitarios: que en todos el territorio nacional haya un 'suelo' de servicios o "derechos" laborales que proporciona la agencia. 

Entre ellos, está la elaboración de un perfil individualizado del usuario (a modo de tarjeta sanitaria individual), una medición objetiva de la empleabilidad, una tutorización individual y asesoramiento y un plan personalizado para el perfil, entre otros. 

Servicios

Dichos servicios no serán solo para desempleados, sino también para personas cuya empleabilidad se tenga que mejorar, que estén accediendo por primera vez al mercado laboral o aquellos que estén en un proceso de recolocación de un sector a otro, que es para lo que se quieren orientar los nuevos ERTE. 

Para activar dichos servicios, por lo pronto, se espera contar en el plazo de dos años con unos 7.000 orientadores por cada millón de personas que los requieran. La digitalización y la inteligencia artificial serán parte central de esta estrategia. 

En cambio, los plazos para llevarla a cabo, no lo están tanto. Se espera que el sistema informático para ello esté en marcha en 2023, pero no está claro cuánto empleados se van a sumar a la agencia (el exSEPE, que ya sufre de problemas de gestión por su escasa plantilla). 

Además, desde Trabajo admiten que el anteproyecto de ley todavía tiene que pasar por la negociación con patronal y sindicatos. Se contará con un presupuesto de 7.648 millones de euros para estos cambios, una cantidad "histórica", según la vicepresidenta Yolanda Díaz.  

"La oficina de análisis del empleo", ha indicado Díaz, tras el Consejo de Ministros, en su rueda de prensa, será "parte fundamental de la ley". Está pensada más "para la sociedad que para los desempleados" y cuenta con que las propias empresas puedan expresar sus necesidades laborales, teniendo en cuenta la movilidad geográfica. 

Además habrá servicios desde la Agencia para las empresas de emprendedores y autónomos, destinados a desvelar la viabilidad de sus proyectos. La vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, también ha indicado que la Conferencia Sectorial de Trabajo (que aglutina a las autonomías y al Ministerio) podrá destinar fondos de manera directa a políticas de empleo de municipios y cabildos.