El Gobierno retrasa la subida del salario mínimo para dar prioridad a la negociación de la reforma laboral

El Gobierno parece haber embridado uno de los proyectos legislativos más complejos de este 2021 que ahora termina: la reforma laboral. Con todo, el Ejecutivo quiere asegurar el tiro y centra todos sus esfuerzos en cerrar los flecos de la norma ya que se quiere tener acordada con los agentes sociales y aprobada antes de que termine el año. Por ello, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha pasado a un segundo plano y no se tocará hasta que concluya el 'capítulo' de la reforma laboral, algo que no ocurrirá hasta enero de 2022. 

Así lo indican fuentes de la negociación que se está produciendo en los últimos días entre Gobierno, patronal (CEOE y Cepyme) y sindicatos (CCOO y UGT). Normalmente, a estas alturas de diciembre, los agentes sociales ya deberían haber sido llamados a consultas para tratar de pactar una subida del salario mínimo. 

Esta llamada no se ha producido aún, precisamente porque el Gobierno no quiere que otros elementos entorpezcan las negociaciones de la reforma laboral. Y no se trata de algo que preocupe a los sindicatos, los más insistentes en subir el SMI. 

En este sentido, recuerdan que cuando se pactó la subida del SMI a 950 euros mensuales a principios de 2020 se cerró el acuerdo ya en enero. La cuestión es que en el decreto que se cierre quede reflejado el carácter retroactivo del alza salarial hasta el 1 de enero. 

Así las cosas, todo apunta a que la próxima subida del SMI no se tratará hasta enero de 2022. En los sindicatos insisten en reclamar que la subida tiene que ser a los 1.000 euros mensuales en 14 pagas (ahora está en los 965 euros mensuales). En el Gobierno aseguran que se va a respetar la hoja de ruta expuesta por la comisión de expertos reunida por el Ejecutivo, que para 2022 se queda muy cerca de esa cantidad, en 996 euros mensuales. 

Yolanda Díaz, entre Unai Sordo (CC. OO.) y Antonio Garamendi (CEOE) .

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, la patronal también participará en la negociación a pesar de que se negó a dar el visto bueno a la última subida, la que el Gobierno pactó con los sindicatos en septiembre. 

Pero esto no ocurrirá hasta el 2022. El Gobierno ya tiene sobre la mesa un calendario para aprobar la reforma laboral, y lo que se espera es que el real decreto ley que contendrá este conjunto de medidas se apruebe en el Consejo de Ministros del 28 de diciembre, de manera que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado antes del 1 de enero. 

La intención es que antes se cumplan los procedimientos habituales. Es decir, que pase por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y por la Comisión de Secretarios y Subsecretarios, prólogo usual previo para los asuntos que se van a tratar en el cónclave ministerial.  

Antes, el Gobierno espera contar con el visto bueno de la patronal y de los sindicatos (si hay acuerdo), cuyas cúpulas se reunirán para analizar el contenido del texto a lo largo de la presente semana. 

Controversia

Curiosamente, estos plazos se han acabado generando una ligera controversia. Si bien el Gobierno insiste en que sí o sí la reforma laboral debe aprobarse antes de que empiece 2022, el que el plazo finalmente sea "indicativo", tal y como ha indicado la Comisión Europea, ha llevado a que los agentes sociales pidan más tiempo para lograr el mejor pacto posible. 

"Si por casualidad quedan horas, lo lógico es que se aplazara si realmente seguimos avanzando", señaló Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, hace unos días. “Una negociación de tanta importancia no debiera caerse por cuatro días arriba o abajo”, declaró este mismo sábado Unai Sordo, secretario general de CCOO. Declaraciones, por cierto, que no han gustado en el Gobierno. 

Lo cierto es que, además de aspectos concretos del texto, todavía quedan flecos por cerrar. Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, las cuestiones relacionadas con la negociación colectiva están siendo especialmente complejas. Concretamente, la priorización del convenio colectivo sectorial sobre el de empresa y la recuperación de la ultraactividad. 

Ambos aspectos siguen levantando ampollas con la patronal y coinciden con las medidas de la reforma laboral de 2012 que el Gobierno de coalición se ha comprometido a derogar. 

Temporalidad

En cambio, otros aspectos ya están 'embridados'. El mayor obstáculo, lo relacionado con la temporalidad, parece solventado, aunque todavía hay que terminar de acordar la letra pequeña. 

Los contratos laborales se presumirán indefinidos por anticipado y solo se permitirán dos causas para firmar contratos temporales, por circunstancias de la producción y por sustitución de un trabajador. Dentro de los de producción se incluye un nuevo contrato temporal para actividades ocasionales que no podrá exceder los tres meses.

El Gobierno ha renunciado a que las empresas, según su tamaño, tengan un límite de trabajadores temporales, y esto ha avivado las esperanzas de la patronal se sume a un acuerdo.

Además, se ha cerrado un contrato especial para el sector de la construcción y también marcha por buen camino la negociación de los nuevos ERTE, el Mecanismo Red, según las fuentes consultadas. 

Más allá del 'examen' de Bruselas a la reforma laboral (que solo obligaría a la negociación con los agentes sociales, no un acuerdo), el pacto con patronal y sindicatos es clave para el Gobierno. El Ejecutivo lo necesita para contar con argumentos suficientes para que el correspondiente real decreto ley sea convalidado y aprobado en el Congreso con la menor oposición y cambios posibles.