La reforma de las pensiones que está liderando el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, planea consolidar la edad de jubilación a los 67 años. Es más, busca acercar la edad efectiva de acceso a la pensión a la legal. La propuesta disgusta a profesionales sanitarios como los médicos o los enfermeros que, justo al contrario, pretenden acortar su vida laboral por la "penosidad y peligrosidad" de su labor.
La reclamación de los sanitarios podría no haber caído en saco roto si, como da a entender el Gobierno, su profesión se estudia como una excepción en la redacción de la futura normativa.
En una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el Gobierno afirma que se va a estudiar la posibilidad de "mejorar el marco normativo" para favorecer la identificación de nuevos colectivos que puedan prejubilarse o bien no atrasar el límite de edad actual de jubilación.
El Partido Popular, apoyando la petición de los colectivos sanitarios de poder prejubilarse sin penalización económica a los 60 años (como ya hacen bomberos, actores o tripulación de vuelo), ha presentado una pregunta parlamentaria que ha sido contestada por el Ejecutivo.
El Gobierno de Pedro Sánchez señala que el Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones se encuentra todavía en tramitación parlamentaria en el Congreso, por lo que es "muy pronto" para asegurar si médicos y enfermeros estarán dentro de esos colectivos beneficiados por un nuevo marco normativo.
Hay que recordar que dicho proyecto de ley contiene el primer bloque de las medidas necesarias para la reforma del sistema, con el objeto de llevar a efecto parte de las recomendaciones realizadas por la Comisión del Pacto de Toledo en la línea que ha sido concretada por medio del diálogo social, y que se contiene en el Acuerdo del pasado 1 de julio entre el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
Actividades penosas
En estos momentos, el artículo 206.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), establece que la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación podrá ser rebajada en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, "siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca".
Es decir que el citado artículo 206.1 abre la posibilidad a incluir nuevos grupos que pueden rebajar su edad de jubilación (previo estudio de siniestralidad, penosidad, toxicidad y peligrosidad), así como el establecimiento de coeficientes reductores. Un modelo, este último, por el que han apostado los enfermeros al asegurar que, por su profesión, no es posible modificar sus condiciones de trabajo cuando incrementan su edad.
La reflexión del Gobierno sobre la posibilidad de adelantar la edad de jubilación de algunos colectivos responde a la recomendación número 12 del informe elaborado por la Comisión del Pacto de Toledo y aprobado por el pleno del Congreso el 19 de noviembre de 2020.
Este indica que "la experiencia acumulada desde su aprobación, pone de manifiesto la necesidad de mejorar el marco normativo para favorecer la identificación de estos colectivos, de forma que se cumpla con la función de proteger a quienes sufran por tales circunstancias consecuencias negativas en su salud y/o vean reducida su esperanza de vida". Un encuadre en el que podrían aparecer estos profesionales.
En su respuesta el Gobierno no concreta si entrarán en este grupo o no, pero según los profesionales sanitarios, son un grupo perfecto para hacerlo. Tal y como publicó este diario, el sindicato CCOO registró ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social una petición para que se iniciara el procedimiento de establecimiento de "coeficientes reductores" para rebajar la edad de jubilación a los 60 años. La propuesta se aplicaría a trabajadores del sector sanitario, de asistencia en establecimientos residenciales y de actividades de servicios sociales sin alojamiento y se presentó el 27 de octubre.
Los profesionales sanitarios (desde diferentes sindicatos) han intentado en varias ocasiones que se hable de prejubilar a determinados sectores como enfermeras o médicos del servicio SAMUR. El problema que se han encontrado siempre es que se debía de responder a unos supuestos de penosidad y peligrosidad que los colectivos no cumplían.
Coeficientes reductores
Ahora, el sindicato aprovecha el riesgo que se ha visto explícito con el manejo de pacientes Covid-19 y la presencia de un "Gobierno más abierto a este tipo de diálogo" para presentar su propuesta. Eso sí, no está enfocada a una prejubilación, sino a la aplicación de coeficientes reductores propios (es decir, jubilación anticipada voluntaria).
Que CCOO hable de reducir los coeficientes reductores para estos profesionales es llamativo porque es uno de los puntos en los que trabaja el Ejecutivo, pero a la inversa.
El Gobierno considera que la actual legislación para la jubilación anticipada necesita ser corregida dado que el coeficiente corrector que se aplica a las pensiones por anticipar la retirada laboral sanciona menos a los cotizantes de mayor base que a los de menor, es decir, que castiga menos a los salarios altos que a los más bajos.
Al fin y al cabo, toda la reforma del sistema de pensiones que ha llevado Escrivá al Congreso (y que se tiene que aprobar este año) incluye medidas para redirigir la edad efectiva de jubilación en España, que está en los 64 años, y acercarla a la edad de jubilación efectiva de 67 años en 2027.
Noticias relacionadas
- Los autónomos podrán deducirse 5.750 euros al año con el nuevo sistema de planes de pensiones privados
- El Gobierno quiere que un plan de pensiones sectorial pueda abrirse a otros colectivos empresariales
- La OCDE critica de España la falta de un "amplio consenso político" en su reforma de las pensiones