La ley de interinos, en vigor: los temporales en el sector público anteriores a 2016 tendrán su plaza sin oposición

El momento ha llegado. La legislación que marca la regularización de cientos de miles de trabajadores temporales en las Administraciones Públicas entra en vigor este jueves, a solo un día de que acabe 2021. Gracias a ella, los interinos que ocupen la misma plaza desde antes de 2016 podrán quedársela solo con un concurso de méritos, sin tener que pasar por un concurso de oposición. 

En cambio, todos aquellos interinos en las Administraciones que cubran una plaza desde 2016 no disfrutarán de esta situación. Ellos sí tendrán que afrontar una oposición para quedarse con su plaza. Con todo, tendrán ventajas respecto a otros opositores: La fase de concurso ponderará un 40% y la experiencia será el elemento determinante en la valoración, y los ejercicios de la fase de oposición podrán considerarse no eliminatorios.

Básicamente, que las Administraciones Públicas deberían haber hecho fijos a todos los funcionarios interinos que ocupen una plaza de forma ininterrumpida durante más de tres años. 

Es decir, que la norma que se ha aprobado no da pleno cumplimiento a los dictámenes, lo cual abre la puerta a la judicialización. 

Procesos

En cualquier caso, los procesos de oferta pública para la regularización de los interinos y reducir la temporalidad en el sector público (supera el 31%) podrán ser negociados en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, comunidades autónomas y entidades locales. Las plazas que tendrían que ser convocadas superarían las 260.000. 

Eso sí, todas las ofertas públicas de empleo tienen que haberse convocado antes de que acabe 2022 y desarrollado y resuelto de forma completa antes de que termine 2024.

Los interinos del sector sanitario y de la enseñanza serán las excepciones a estos plazos temporales. Todas estas reglas se les aplicarán, pero un año más tarde y con una normativa propia.

En el caso de los docentes, dicha normativa ya está tomando forma. La semana de Navidad, el Ministerio de Educación llegó a un preacuerdo con autonomías y sindicatos de enseñanza para cambiar el acceso a la función pública.

Enseñanza y sanidad

Se ha llegado a un consenso para que las pruebas de la oposición ya no sean eliminatorias y cuente más que antes la experiencia. Además, se cumplirá la regla general de que los docentes interinos que estén en esta situación antes de 2016 se la puedan quedar sin hacer oposición, aunque esta opción solo se permitirá durante 2022. 

Mientras, en el sector sanitario esto todavía no se ha abordado. De hecho, Comisiones Obreras ha reclamado al Ministerio de Sanidad que convoque "de inmediato la Comisión Nacional de Recursos Humanos y el Ámbito de Negociación" para ello. 

Como ya ha contado este periódico, las dudas respecto a la aplicación de la norma de interinos recién publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se mantienen entre los especialistas en legislación laboral y los colectivos de interinos. 

Estas mismas fuentes ponen en duda la constitucionalidad del futuro proyecto de ley, puesto que limita la libre concurrencia al generar unas condiciones diferenciales para los interinos en las ofertas públicas de empleo respecto a otros aspirantes.

Litigiosidad 

Al mismo tiempo, se espera que la norma dispare la litigiosidad por parte de los interinos que lleven ocupando la misma plaza desde hace más de tres años pero después del 1 de enero de 2016 y sí tengan que someterse a una prueba de oposición. 

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, defendió en el Congreso que "se ha hecho un trabajo por parte de los grupos políticos que han querido acordar el proyecto de ley de estudio de la jurisprudencia de las sentencias del Tribunal Constitucional para evitar la judicialización".

Esto no significa, según matizó, que esto esté garantizado al 100%, porque hay grupos parlamentarios que han anunciado su intención de llevar la norma ante los tribunales.

Cabe recordar que la regularización de interinos en el sector público era una de las condiciones que tenía que cumplir España para recibir el segundo tramo de fondos correspodientes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en 2022.