Aunque el Gobierno ha cerrado en 2021 la reforma laboral (que todavía tiene pasar el trámite del Congreso), 2022 promete ser un año también ajetreado para el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz. A lo largo del presente año, el Ejecutivo prevé aprobar numerosas leyes y normativas para, entre otras cuestiones, reformar los incentivos a la contratación y generar jornadas laborales flexibles para padres y cuidadores. 

Así lo indica el Plan Anual Normativo aprobado por el Consejo de Ministros este martes y en el que se refleja que Trabajo tiene la intención de tramitar 11 nuevas leyes y nueve decretos en el campo del empleo, entre ellos los correspondientes para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2022 y también para 2023. 

Entre las intenciones para estos textos legislativos se encuentra el cumplimiento de la reclamación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) hizo a finales de 2020 como parte de su análisis del gasto público. En dicha evaluación se concluyó que las partidas dedicadas a incentivos para la contratación no eran eficientes. 

El plan normativo indica que se hará la reforma legislativa correspondiente para alcanzar este objetivo revisando "la normativa reguladora de las subvenciones y bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social". 

Así mismo, como avanzó EL ESPAÑOL-Invertia, habrá una reforma de la jornada laboral que permita flexibilizar los horarios a los trabajadores, particularmente a los progenitores o cuidadores. 

Permisos

Concretamente, se transpondrá una directiva europea que se aprobó en 2010. Habrá un permiso de paternidad, un permiso parental y un permiso para cuidadores y "fórmulas de trabajo flexible para los trabajadores que sean progenitores o cuidadores".

Además, se avanza que habrá "impacto presupuestario" puesto que se ampliará "la parte retribuida del permiso de cuidado de hijos e hijas". 

Por otro lado, aunque no se detalla cómo, se adelanta que se modificarán (se intuye que se elevarán) las multas y sanciones en el campo laboral y de la Seguridad Social, para "adecuar los tipos sancionadores a la nueva normativa y garantizar el efecto disuasorio de las mismas".

También se habrá novedades respecto a la legislación sobre las cooperativas, se gestará una ley de formación profesional en el trabajo, se simplificará el sistema de desempleo (un compromiso prepandémico) y se aprobará la ley de empleo, por la que se creará la Agencia Española de Empleo. 

El documento también recoge los compromisos legislativos a cumplir en 2022 acordados con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este campo se encuentra el incremento de las bases máximas de cotización (que se acompasará con el incremento de las pensiones máximas). 

Se aprobará la Ley para la adecuación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación a las nuevas carreras de cotización. Aquí, el texto tan solo aclara que el fin es "adaptar la forma de determinación de la base reguladora en el cálculo de la pensión a las nuevas realidades del mercado laboral". 

Cabe recordar la polémica generada sobre si esta medida servirá, finalmente, para elevar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación de los 25 a los 35 años, como se llegó a plantear. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones insisten en que esta cuestión no está sobre la mesa. 

También se incluye, como era de esperar, la cotización por ingresos reales para autónomos. En resumidas cuentas, todo medidas ya anunciadas por el Gobierno con este documento se compromete a tener aprobadas antes de que acabe 2022.