La historia de la reforma laboral parece haber terminado. Aunque la trama se ha cerrado de una manera más bien accidentada (y que puede continuar por la vía judicial) por la desconcertante votación en el Congreso, finalmente, el real decreto ley ha sido convalidado. Se podría decir que la principal labor que tenía prevista Yolanda Díaz para la presente legislatura ha concluido. Sin embargo, las tareas se le acumulan a la vicepresidenta segunda de cara a la segunda mitad del mandato. 

Lo más inmediato es el salario mínimo interprofesional (SMI). El Ministerio de Trabajo se reunirá con patronal y sindicatos este lunes para iniciar la negociación de la subida correspondiente a 2022. 

¿Qué sucederá en esta negociación? Los sindicatos UGT y CCOO asistirán con un objetivo en mente: que el SMI suba a los 1.000 euros al mes en 14 pagas (ahora está en los 965 euros). La CEOE no está por la labor, y no cederá a un incremento de esta entidad. 

¿La postura del Gobierno? Por lo pronto, escuchar a los agentes sociales. Con todo, las cifras que manejan en el Ministerio están cerca de los 1.000 euros.

Pero el asunto más peliagudo con que tiene que lidiar Yolanda Díaz tiene que ver con trabajadores del mismo departamento que dirige. Los empleados de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ya se están organizando para poner en marcha la primera huelga de este colectivo en toda su historia. 

Asambleas

Los inspectores están desarrollando las primeras asambleas para organizar dicho paro en marzo, si nada lo impide. ¿Sus reclamaciones? Consideran que "las condiciones de trabajo no cesan de empeorar".

Indican que ya en los Presupuestos Generales de 2022 se recogen las partidas necesarias para revisar esta situación, pero que el departamento que dirige la vicepresidenta segunda no mueve un dedo. Los sindicatos también culpan de esta situación al Ministerio de Hacienda y Función Pública.  

"En el mes de marzo la movilización estará presente. En la primera quincena se programará una concentración/encierro en todos los centros del organismo y, de continuar el bloqueo, el inicio de la huelga quedará marcado en la segunda quincena de marzo", indican. 

En paralelo, Díaz y su equipo tienen que mantener el desarrollo de varios proyectos legislativos. Entre ellos la reforma de la jornada laboral, con el fin de hacerla más flexible y 'personalizarla' para progenitores y cuidadores. 

Empleo

Pero antes, el Consejo de Ministros tiene que aprobar el anteproyecto de ley de empleo, otro de los 'grandes' proyectos que tiene entre manos el Ministerio. Uno financiado con fondos europeos y con el que se quiere 'revolucionar' el SEPE para convertirlo en la Agencia Estatal de Empleo. 

Por el camino, hay que abordar la reforma de los incentivos a la contratación para dar cumplimiento a la reclamación que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) hizo a finales de 2020 como parte de su análisis del gasto público. 

El plan normativo del Gobierno para este 2022 indica que se hará la reforma legislativa correspondiente para alcanzar este objetivo revisando "la normativa reguladora de las subvenciones y bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social". 

También habrá novedades en 2022 respecto a la legislación sobre las cooperativas, se gestará una ley de formación profesional en el trabajo, se simplificará el sistema de desempleo (un compromiso prepandémico) y se reformulará el régimen sancionador. 

Todo mientras, en paralelo, Yolanda Díaz impulsa su proyecto político independiente de Unidas Podemos, algo que ha estado haciendo en los últimos meses y que seguirá desarrollando con el ojo puesto en las elecciones generales que se tienen que celebrar a finales de 2023 o principios de 2024.