Todo apunta a que esta tendencia se va a mantener este año. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, los salarios por convenio aumentaron de media, entre enero y febrero, un 2,1%. En cambio, en los dos primeros meses de 2022, el IPC creció al menos un 6,85%, tres veces más. 

No se trata de una mera estadística. El precio del pan en febrero de 2022 creció un 6,4% anual; los aceites y grasas, un 28,1%; la leche, un 8,8%; la carne de ovino, un  9,5%; y los cereales o sus derivados (que supuestamente pueden subir más por la guerra de Ucrania), han subido un 8,2%. Mientras, la calefacción, el alumbrado y la distribución de agua se han encarecido un 51,7%.

Incluso apartando los precios de la energía (que son los que principalmente están disparando la inflación) y los alimentos no elaborados, los aumentos de sueldo son insuficientes. Esto es lo que indica la inflación subyacente, que escaló al 3% en febrero.  

Las perspectivas no son nada positivas. A la espera de las medidas que pueda aplicar el Ejecutivo ante esta situación (sobre todo en el campo de la energía), los peores pronósticos en Moncloa indican que la inflación podría superar el 10% para el verano. 

En cambio, los 'think tanks' son menos pesimistas. Este es el caso de Funcas. "Con el estallido de la guerra en Ucrania y el agravamiento de las tensiones en los mercados energéticos, el escenario de previsiones para el año cambia de manera notable", indican. "El escenario central contempla ahora un precio del petróleo en 120 dólares durante el resto del ejercicio y un descenso del precio de la electricidad en el mercado mayorista desde los recientes máximos".

Por ello, bajo dichas hipótesis, la tasa de inflación alcanzaría su máximo en marzo con un 8,6%, para descender posteriormente hasta un 4,1% en diciembre.  Ello supone una tasa media anual del 6,8%, frente al 4,6% de las previsiones anteriores de Funcas. Todas estas cifras muy por encima de las subidas por convenio pactadas para este año, que están en el 2,26%.  

Esto complica las negociaciones ya en marcha entre CEOE y Cepyme y CCOO y UGT para pactar el nuevo acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que marcará la subida mínima de salario por convenio hasta 2024. 

Los sindicatos consideran que las subidas de sueldo deben compensar el incremento de los precios. Por ello, exigen que haya cláusulas de revisión salarial que permitan que las cantidades varíen según la inflación. 

La patronal no está de acuerdo con esto y se ha posicionado en contra de la indexación de los sueldos con el IPC. Reclaman contención salarial y recuerdan que la subida de precios también está perjudicando a las empresas, que tienen que asumir unos costes y gastos muy por encima de lo esperado, sobre todo por la energía. 

El Gobierno también ha pedido contención salarial, particularmente Nadia Calviño. La vicepresidenta económica teme los efectos de segunda ronda que pueda tener una subida generalizada de sueldos en disparar, todavía más, la elevada inflación. 

Pero el dilema de los salarios y la inflación no es tan sencillo de resolver. La subida de precios y la propia guerra va a afectar y ralentizar el consumo de los españoles, según las estimaciones de BBVA Research y CaixaBank Research. Es decir, que se pone en peligro uno de los pilares de la recuperación económica. 

Desde el Gobierno admiten que estamos ante una posible desaceleración del crecimiento. Ante esta situación, se quiere poner en marcha un pacto de rentas en el que participen precisamente patronal y sindicatos. Sin embargo, hasta ahora, poco se ha esbozado al respecto.