El proyecto de ley de los planes de pensiones de empresa y del fondo público de pensiones se mueve. Este martes la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados ha cerrado la ponencia de la iniciativa legislativa sin pactar enmiendas, aunque el Gobierno ya ha aceptado modificar el texto a cambio de apoyos. Concretamente, la legislación recogerá incentivos fiscales a las empresas para amarrar el voto a favor de Ciudadanos.
Así lo indican fuentes de la formación naranja. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aceptado una enmienda de la formación naranja para "aplicar una cuota íntegra del 10% por las contribuciones empresariales imputadas a favor de los trabajadores con retribuciones brutas inferiores a 27.000 euros".
La misma enmienda, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, indica que "cuando se trate de trabajadores con retribuciones brutas anuales iguales o superiores a 27.000 euros, la deducción prevista se aplicará sobre la parte proporcional de las contribuciones empresariales y aportaciones que correspondan al importe de la retribución bruta anual reseñado".
No al veto
Además, la norma finalmente no recogerá la capacidad de veto que hasta ahora tenía el Gobierno en la comisión gestora del fondo público de pensiones.
"Los acuerdos relativos a cambios en la política de inversiones sobre el ejercicio del derecho de impugnación de acuerdos sociales y de la acción social de responsabilidad requerirán la aprobación de la mayoría de los miembros propuestos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones", indica la enmienda propuesta por Ciudadanos y aceptada ya por los de José Luis Escrivá.
Desde el lado de Seguridad Social, no desmienten el pacto. Sin embargo, insisten en que "el texto no está cerrado todavía y se sigue buscando un acuerdo lo más amplio posible".
Un acuerdo en el que todavía no está cerrada ni siquiera la participación de Unidas Podemos. La portavoz de los morados ante el Pacto de Toledo, Aina Vidal, ha pedido a Escrivá negociar con "garantías" ante las "dudas" de los movimientos sociales de que esta ley "no sea una entradilla para la privatización de las pensiones".
Mientras, no hay ni rastro de pacto alguno con la oposición 'popular'. Según indican desde el PP, "la mayoría de nuestras enmiendas han sido vetadas por el Gobierno. Seguimos, por tanto, en una posición de rechazo a la propuesta impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez".
Así, el proyecto sigue sin tener apoyos suficientes para salir adelante. Se da por hecho que ERC y CUP lo rechazarán, por considerar que abre la puerta a que gestoras privadas manejen fondos públicos. Y el resto de las fuerzas de izquierdas tampoco tienen claros sus apoyos.