Los nuevos jubilados cobran ya un 7% más de una Seguridad Social cuya deuda está en máximos históricos

El problema del gasto sube cada mes. Y no solo porque el número de beneficiarios crezca, sino porque hay que pagarles más que al resto. Los nuevos jubilados cobran de media un 7% más que el resto de pensionistas con prestaciones contributivas.

Así lo indican los datos de la Seguridad Social, que indican que los nuevos jubilados que entraron al sistema público de pensiones los han hecho con una prestación contributiva media de casi 1.463 euros al mes. Es decir, 95 euros más que el resto de pensionistas ya jubilados.

 "Lo más normal es que las nuevas altas sigan siendo superiores a la media del sistema", explica Gregorio Gil de Rozas, responsable del área de Pensiones de Willis Towers Watson. "Tradicionalmente, las nuevas pensiones tienen unas cuantías superiores a las del sistema y las pensiones que se dan de baja tienen cuantías inferiores a la media. Es lo que se denomina el efecto sustitución". 

En 2019, año previo a la pandemia, el impacto del efecto sustitución, según BBVA Research, estaba en el 38%. Es decir, los pensionistas que acceden al sistema causan pensiones un 38% superiores a quienes causan baja en el sistema. Esto tiene que ver con que los nuevos pensionistas tienen salarios y cotizaciones mayores. 

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Se trata de una cuestión que va a seguir sucediendo y se va a disparar durante los próximos meses. ¿La causa? A partir de este 2023 comienza el proceso de jubilación de la generación del baby boom. Se trata de los nacidos entre 1957 y 1977, suponen unos 14 millones de personas.

Su llegada se teme desde las Administraciones Públicas por el impacto que va a suponer para la Seguridad Social. "La cohorte del baby boom tiene salarios altos y largas carreras de cotización", explica Gil de Rozas, que precisa que estas pensiones tendrán un importante impacto financiero. 

La llegada de los baby boomers sucede en un momento delicado para la Seguridad Social. Pese a la mejora de los ingresos por cotizaciones (gracias a una mejora del empleo que ya está perdiendo fuerza), la Tesorería rompió su récord de números rojos en noviembre. 

Concretamente, se puso en los 106.176 millones de euros, un incremento anual del 13,1% (12.300 millones de euros) causado por los préstamos concedidos por el Estado a la Seguridad Social. Unos créditos que están sirviendo para financiar el déficit presupuestario de la Tesorería. 

Todo esto es previo a la importante subida de las pensiones (con el IPC) del 8,5% que se ha empezado a aplicar este 2023, que ha llevado a que el gasto en pensiones alcanzara un nuevo récord en enero, llegando hasta los 11.902 millones de euros, un 11% más que en el mes anterior.

La subida no tiene precedentes en los últimos 30 años. Y llegada de los baby boomers acrecienta los temores. Cuando termine de jubilarse esta generación, en 2050, habrá más de 16 millones de pensiones y habrá aproximadamente solo un trabajador para pagar cada pensión. En esta situación, el gasto en estas prestaciones llegará hasta el 15,79% del PIB, según cálculos del propio Ministerio de Seguridad Social. Hoy está en el 11,7% del PIB. 

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De ahí que haya tantos intereses (y esperanzas) puestos en la segunda fase de la reforma de las pensiones (la primera fue la que vinculó la subida anual de estas pensiones con el IPC y puso en marcha fórmulas para acercar la edad de jubilación real a la legal). Pero este cambio legal está atascado tanto en la negociación con los agentes sociales como con los grupos políticos. 

Cabe recordar que José Luis Escrivá ha propuesto elevar las cotizaciones máximas de forma progresiva en las próximas décadas para elevar la capacidad de financiación de la Seguridad Social. Esta medida tiene el favor de los sindicatos, pese a que varios think tanks denuncian que no resuelve el problema de ingresos de la Seguridad Social. 

La otra oferta del equipo de Seguridad Social es elevar el periodo de cómputo de las pensiones de 25 a 30 años, eliminados los dos peores años de cotizaciones. Si bien los sindicatos parecen dispuestos a negociar este último aspecto (con contraprestaciones como reducir el periodo de cotización necesario para acceder a pensión contributiva), Unidas Podemos (parte del Gobierno de coalición) está totalmente en contra de esta medida.