La reforma del subsidio de desempleo sigue tratándose en el seno del Gobierno de coalición. Pese a que el Ministerio de Trabajo ha presentado una propuesta ya a los agentes sociales (que no han acogido la propuesta con alborozo, que digamos), la negociación sigue entre los diferentes departamentos. En este sentido, el de Economía, Comercio y Empresa insiste en su apuesta por un modelo de subsidio decreciente y que se apoye la compatibilización de salario y subsidio. Y argumentan cifras para respaldarlo.
Según indican fuentes de la negociación ministerial, el equipo de Calviño asegura que con su propuesta de reforma del subsidio de desempleo se rebajaría el paro en 200.000 personas y se sacaría a otras 150.000 de situaciones de inactividad, normalmente, relacionadas con la economía sumergida.
Esto llevaría a 350.000 ocupados más, según las simulaciones hechas por el Ministerio. Y todo ello en el transcurso de sólo dos años. Para ello, desde Economía insisten en que hay que convertir los subsidios en un instrumento de incentivo al empleo.
Por ello, consideran que la mejor baza es la compatibilidad de salario y subsidio, que permite un importante incremento de rentas de los beneficiarios de la ayuda. Concretamente, en Economía estiman que se podría multiplicar por tres sus rentas (sumando subsidio y salario, claro).
La clave, en este sentido, está en que los colectivos que reciben el subsidio no reciben ofertas laborales atractivas. Y monetariamente se quedan en el salario mínimo interprofesional (SMI).
Por ello, apuestan por complementar el sueldo con el subsidio (una renta adicional) e incentivar al trabajador a introducirse y mantenerse en el mercado laboral con el máximo de tiempo posible que se disponga o lo que dure la ayuda.
Fuentes de la negociación indican que Economía afirma que el uso de subsidios como incentivos del empleo es lo que ha permitido a países como Alemania, Francia e Italia reducir su paro estructural. España es uno de los pocos estados de la UE que no aplica este modelo y una de las principales causas de la brecha de desempleo que hay en nuestro país a la media comunitaria.
Lo mismo dicen sobre el uso de un modelo decreciente del subsidio (es decir, que la cuantía de la ayuda baje trimestre a trimestre), que también proponen y siempre debe partir de una ayuda inicial más baja que el final de la prestación de paro contributiva (si no, se desincentivaría la búsqueda de empleo).
Así mismo, consideran necesarios mecanismos de supervisión y seguimiento de los beneficiarios más estrictos en España, puesto que, según el departamento, son los más laxos entre los países miembro de la OCDE. Por ello, consideran que es necesaria al menos una mayor frecuencia de supervisión de los subsidiados, conociendo mejor las ofertas de trabajo que puedan recibir y por cuáles compiten. Eso sí, todo ello sin cambiar el régimen sancionador.
Flexibilidad en cifras
Siempre y cuando se cubran estas condiciones, según indican las fuentes citadas, Economía no se cierra a cifras concretas. En la negociación, el departamento estaría abierto a que el subsidio durara más de 12 meses y no descarta que se pueda elevar la cuantía de la ayuda.
Como ha venido contando este periódico en las últimas semanas, la reforma del subsidio de desempleo ha sido objeto de disputa entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz.
En este sentido, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha acusado a Calviño de pretender rebajar el subsidio. En este sentido, su apuesta va en dirección contraria: quiere subirlo hasta los 660 euros (para que que luego, poco a poco, vuelva a los 480), mantener su duración en 30 meses y limitar su contabilidad con salario (dependiendo de rentas) a los 45 días.
El consenso entre ministerios sí que parece claro en cuestiones como que el subsidio alcance a más población (como los menores de 45 años con cargas familiares), se eliminen las esperas y se facilite el paso al ingreso mínimo vital (IMV) cuando corresponda.
La negociación entre departamentos sigue en marcha. Y en ella no están sólo Trabajo y Economía: también están inmersos Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Hacienda y Función Pública.
Más allá de las discusiones, la reforma tiene que estar cerrada antes de que acabe 2024, dado que es parte de los compromisos de España con la Comisión Europea para recibir el cuarto pago de fondos Next Generation, unos 10.000 millones de euros.