Acaban de levantarse de la mesa de diálogo social del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y ya tienen fecha para volver a verse. El Ministerio de Trabajo, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme comenzarán este jueves las negociaciones para la reducción de jornada laboral. El debate irá más allá de pasar de las 40 horas a las 38,5 horas semanales, ya que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere conseguir también un control efectivo de las horas extra.

El diálogo social que arranca este jueves se centrará en modificar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Eso implica cambiar el máximo legal de la jornada de trabajo, una promesa del Gobierno de coalición respaldada por los sindicatos, y, al mismo tiempo, impulsar el registro horario. Respecto a esto último, el debate reside en si es necesario un cambio normativo o el foco debe estar en dotar de más recursos a la Inspección de Trabajo (o ambas).

La obligatoriedad de dejar constancia de la hora de inicio y salida del trabajo está en vigor desde 2019, puesta en marcha por la entonces ministra de Trabajo, la socialista Magdalena Valerio. En la cartera que dirige Díaz constatan que casi cinco años después su efecto en la realización de horas extras apenas se percibe.

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En el tercer trimestre de 2019 -el registro horario entró en vigor el 12 de mayo de ese año-, se contabilizaron cerca de 5,4 millones de horas extra, de las que el 58,8% eran remuneradas y el 41,2%, sin remunerar. En el trimestre siguiente, las horas extra totales subieron a 6 millones, el 58% remuneradas y el 41%, sin pagar, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Las horas extra totales han mantenido una tendencia similar a lo largo de este lustro, con una caída a 5,1 millones de horas fuera del horario pactado en el tercer trimestre de 2021. Los últimos datos disponibles se corresponden con la EPA del tercer trimestre de 2023. En ese periodo, los trabajadores realizaron 5,8 millones de horas extra. El avance en este tiempo es que, al menos, el 59% son remuneradas, frente a un 41% que siguen sin abonársele al empleado.

La exministra de Trabajo Magdalena Valerio, en la entrega de la cartera a Yolanda Díaz, en 2020. Marta Fernández Europa Press

Sin embargo, el número de horas extra se ha incrementado un 7,69% entre el tercer trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2023. Las horas remuneradas han crecido un 8,14% en tanto que las horas sin pagar han subido un 7,05%.

Esos 5,8 millones de horas que los empleados dedican de más a sus trabajos resultan poco compatibles con la conciliación y la legislatura del "tiempo de vida" que defiende Díaz. De ahí, el empeño de la ministra por que la reducción de jornada refuerce, también, el registro de los horarios de trabajo.

Cambio normativo

Fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social consideran "suave" la actual normativa del control horario. En esta cartera creen que la ley no pudo ser todo lo ambiciosa que requería la situación por la fuerza que ejercieron en su momento otros departamentos, como el de Economía. 

Ante la nueva oportunidad que se abre con las negociaciones para reducir la jornada laboral a 38,5 horas semanales en 2024, Trabajo debatirá con los agentes sociales nuevas "fórmulas de control horario en beneficio de todos", como apuntan a EL ESPAÑOL-Invertia desde este Ministerio. El objetivo es que la jornada efectiva de los trabajadores se ajuste a la jornada laboral pactada.

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Asimismo, en Trabajo defienden que se trata de "una herramienta eficaz contra la competencia desleal de las empresas". En la patronal, por el momento, prefieren guardar silencio al respecto y esperar a conocer las propuestas en la mesa de negociación.

Fuentes sindicales consultadas por este periódico abogan por un cambio normativo. En su opinión, la ley actual se incumple y los casos de fraude en el registro de jornada, si es que se registra, son numerosos. 

Sin embargo, no se conforman sólo con una ley más contundente. De nada serviría sin una Inspección de Trabajo dotada de más recursos para controlar que las empresas cumplen con el registro horario y que no existen casos de fraude en los métodos de registro.

En cualquier caso, los agentes sociales son conscientes de que las negociaciones tienen que transcurrir de forma ágil si el Gobierno quiere cumplir con sus plazos. La promesa es que la jornada de 38,5 horas esté recogida en el Estatuto de los Trabajadores en 2024, para abordar en 2025 la rebaja a 37,5 horas semanales.

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Más de la mitad de los convenios colectivos con efectos en 2023 ya recogían jornadas semanales de menos de 38,5 horas semanales, según la estadística del Ministerio de Trabajo. Con esa referencia, en el Departamento que dirige Yolanda Díaz creen que cualquier oposición a una rebaja horaria respondería más a cuestiones ideológicas.

No obstante, fuentes sindicales advierten de que las 38,5 horas por convenio no son las que realmente se trabajan e insisten en esas horas extras que quedan fuera de los marcos pactados en la negociación colectiva. Por eso, parte del debate sobre la reducción de jornada se centrará en cómo se reparten las horas en el cómputo semanal, pero, sobre todo, en el anual, donde todo indica que estarán los escollos entre sindicatos y empresarios.