La urgencia por llegar a un acuerdo no es la misma en todos los asuntos. Las negociaciones para actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales acaban de comenzar y el reglamento para cumplir con la conocida como 'ley trans', que obligará a las empresas de más de 50 trabajadores a contar con medidas y recursos para garantizar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, se da por descontado que se incumplirá la fecha en la que debía estar listo, el 2 de marzo.

Los frentes abiertos de Díaz se centran, así, en la reforma de los subsidios por desempleo y en la reducción de jornada. En el caso de las prestaciones por desempleo, están en juego 10.000 millones de euros de los fondos europeos, mientras que la rebaja del máximo de horas legales es un compromiso del Gobierno ya para 2024.

Reforma de subsidios

De poco sirvieron las tensas negociaciones entre la entonces saliente vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y Díaz para cerrar una reforma de la prestación asistencial por desempleo que presentar a Bruselas antes del cierre de 2023. Los enemigos de la ministra de Trabajo ya no estaban dentro del Gobierno.

Sus antiguos compañeros de partido, Unidas Podemos, tumbaron el real decreto-ley que la ahora líder de Sumar había pactado con Calviño. Los 'morados', PP y VOX votaron en contra de su convalidación en el Congreso y Díaz volvió a la casilla de salida.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un pleno en el Senado, durante las obras del Congreso. Eduardo Parra Europa Press

La ministra de Trabajo buscó entonces las aportaciones del diálogo social, que en el primer intento fueron escasas. La última reunión con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme se produjo este viernes, y el Ministerio llegó a la cita sin ninguna propuesta por escrito, como informaron los sindicatos.

Sin embargo, estos consiguieron que los negociadores de Trabajo, con el secretario de Estado de Empleo a la cabeza, Joaquín Pérez Rey, aceptara incorporar, en una futura redacción, la ampliación de los subsidios parciales. Esto implicará que las personas que trabajen a tiempo parcial puedan acceder a un subsidio completo. La medida beneficiará, en su mayoría, a mujeres, que son quienes más contratos parciales firman.

[Trabajo se abre a ampliar los subsidios parciales pero los sindicatos consideran insuficientes los avances]

Ese fue uno de los pocos puntos que los sindicatos sacaron en claro de la reunión. Los avances o desacuerdos de la patronal se desconocen, ya que mantienen su política de silencio durante las negociaciones.

Dudas sobre la reforma quedan muchas, como las cuantías o saber qué colectivos pasarán al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y como se hará este traspaso de personas de Trabajo a la Seguridad Social. Otra incógnita será cómo logrará el Gobierno el apoyo parlamentario, ya que esta vez quiere tramitarlo como proyecto de ley.

Mesa de negociación de los subsidios, en una imagen de archivo. Ministerio de Trabajo y Economía Social

Fuentes de la negociación comentan que los agentes sociales muestran cautela a la espera de saber las garantías del Ejecutivo en el Parlamento. Tanto sindicatos como patronal quieren negociar y dejar su impronta en el texto, pero son conscientes de que los apoyos parlamentarios son complejos y prefieren más certezas a la hora de seguir dialogando.

De la aprobación o no de ese futuro texto en el Congreso depende, también, el desembolso de 10.000 millones de euros de los Fondos Next Generation, ya que la reforma era uno de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Bruselas tomará una decisión antes de abril, pero en el Ministerio de Trabajo restan importancia al contratiempo y señalan que España siempre ha cumplido en tiempo y forma.

Reducción de jornada

La idea de Trabajo es que la reducción de jornada también pase por el Parlamento. Las perspectivas aquí son mejores que con los subsidios, ya que cuenta con el precedente de la aprobación de una proposición no de ley de Sumar para impulsar la reducción de la jornada laboral hasta las 38,5 horas este año sin pérdida de salario. Sólo Vox votó en contra, mientras que PP y Junts se abstuvieron. 

Pero para llevar un proyecto de ley al Congreso, Trabajo, CEOE, Cepyme, UGT y CCOO tendrán que alcanzar antes un consenso. La patronal y los sindicatos están negociando de forma bipartita, dado el peso que tendrá para la negociación colectiva, e informan de sus avances al Gobierno.

[Patronal y sindicatos negociarán la reducción de jornada con seguimiento periódico del Gobierno]

En Trabajo mantienen que este año se llegará a las 38,5 horas máximas, como consta en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar. Sin embargo, el cambio en el Estatuto de los Trabajadores se hará de una vez y el artículo 34 pasará de recoger las 40 horas actuales a las 37,5 horas previstas para 2025.

Los debates no giran tanto en torno a la reducción, sobre la que hay bastante consenso, viendo los datos de jornadas de los convenios pactados, sino en el reparto de esas horas. Es decir, el cómputo anual, las vacaciones, las jornadas reducidas, las bajas o los permisos.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en una imagen de archivo. Carlos Luján Europa Press

Entre Trabajo y los sindicatos tampoco hay dudas sobre la conveniencia de reforzar el control horario. Pérez Rey presentó a los agentes sociales la propuesta de digitalizar los registros, y eliminar así el papel, además de permitir a la Inspección de Trabajo y a los representantes legales de los trabajadores acceder de forma remota.

Los sindicatos aceptaron con agrado la iniciativa. Si bien desde CCOO advirtieron de que aplicar esta medida a las empresas de más de 50 trabajadores implica, en la práctica, dejar fuera a cerca del 98% del tejido empresarial español.

[El endurecimiento del registro horario que pretende Trabajo dejará fuera a la mayor parte de las empresas]

Pérez Rey aseguró que los empresarios también deberían estar de acuerdo con la medida, ya que era una forma de revertir la competencia desleal. No está tan claro que la patronal esté de acuerdo con esa afirmación, ya que son más proclives a una flexibilización de ese control de la jornada.

De nuevo, los plazos apremian si se quiere tener en vigor este año el cambio a las 38,5 horas, con negociación y tramitación parlamentaria incluida. En cualquier caso, Trabajo afirma que se facilitarán pasarelas para que empresas y trabajadores puedan adaptarse.