El retraso de la edad de jubilación no ha tenido un impacto relevante en el ahorro del gasto en pensiones. Así lo asegura la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), poniendo en cuestión una de las medidas estrella de José Luis Escrivá al frente del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social la pasada legislatura. 

En un informe publicado este lunes, Fedea ha explicado que la edad efectiva de jubilación ha subido desde los 64,83 años de 2022 a 65,07 años hasta marzo de 2024, y esto ha tenido un impacto "muy modesto" en el gasto de pensiones. 

En concreto, el impacto en el gasto en pensiones alcanzaría el 0,02% del PIB -ese sería el ahorro generado- a largo plazo en caso de cada aumento de un año de la edad efectiva de jubilación sin incremento de la edad legal. 

Fedea señala que en el caso de que ese retraso de la edad efectiva implique una subida del PIB, que Fedea estima en un incremento del 2,2% en 2050, el ahorro del gasto en pensiones pasaría a ser de 0,22 puntos del PIB.

Aun así, los economistas explican que este ahorro sería "poco importante" y que estaría muy debajo de las estimaciones del propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este departamento estima una bajada del 0,95% del PIB y la AIREF calculó un -1% del PIB. 

Jubilaciones anticipadas

En lo que sí ha sido efectiva la reforma, como explican desde Fedea, es en reducir las jubilaciones anticipadas y en fomentar las demoradas, lo que ha conducido a su vez a un aumento de la edad efectiva de jubilación, que era el objetivo de estas medidas.

Para ello, la reforma de pensiones de 2021 cambió los coeficientes reductores por jubilación anticipada voluntaria, aumentando unos y disminuyendo otros respecto a los de la legislación previa.

También, elevó la bonificación por demorar la jubilación más allá de la edad legal para los que tenían menos años cotizados.

En el caso de los coeficientes reductores, se pasó a mensuales frente a los trimestrales establecidos en la legislación anterior. Sin embargo, Fedea apunta que dichos coeficientes no se basaron en cálculos actuariales y sobrepenalizaron los dos extremos del periodo de anticipación permitido, esto es, entre 1 y 3 meses de anticipación y entre 21 y 24 meses de anticipación.

Al tiempo, estos coeficientes reductores infrapenalizaron la parte intermedia, entre 9 y 18 meses aproximadamente, dependiendo todo ello de los años cotizados.

Por su parte, las bonificaciones por retrasar la jubilación se elevaron al 4% por año de demora, independientemente del periodo cotizado. Esta bonificación, "está por encima de la legislación anterior en la que el 4% solo se aplicaba para carreras laborales de más de 37 años", apuntan desde Fedea. La reforma dio además la posibilidad de sustituir la bonificación del 4% por un cheque único en el momento de la jubilación.

Edad legal

Antes de la reforma de pensiones, de 2012 a 2021, la edad legal de jubilación aumentó un año. Mientras, la edad efectiva lo hizo en menos de 10 meses por la disminución de la jubilación anticipada y el aumento de la jubilación a la edad ordinaria. Y no se provocaron cambios relevantes en la jubilación demorada.

Con la entrada en vigor de la reforma de pensiones, la edad efectiva de jubilación aumentó en 2022 y 2023, ligeramente por encima de la edad legal (4 meses). 

El porcentaje de jubilaciones anticipadas ha disminuido tanto como en los seis años anteriores. En cambio, la jubilación demorada sí que ha experimentado un incremento importante, del 4,8% en 2021 al 8,1% en 2023.

En concreto, de 2021 a 2022, con la reforma ya en vigor, se registra un aumento moderado del porcentaje de jubilaciones demoradas sobre el total de altas iniciales, del 6% al 6,3%.

"Atribuir por completo todos estos cambios a los efectos de la Ley puede que no sea del todo correcto, es decir, puede haber cambios socioeconómicos que también hayan favorecido el aumento en la edad efectiva", sostienen.

Pero, como defienden,"parece bastante consistente, que la ley ha supuesto un acercamiento de la edad efectiva a la edad legal de jubilación, cumpliéndose el objetivo que se perseguía. Si bien esto no confirma que, necesariamente, genere una importante disminución del gasto", afirma Fedea.

Jubilaciones voluntarias

Por otro parte, Fedea observa una disminución del porcentaje total de jubilaciones anticipadas voluntarias con coeficientes reductores desde el del 26,8% de 2021 al 24% de 2022.

Ello se debe, según el estudio, a la "drástica" disminución de las jubilaciones anticipadas entre 22 y 24 meses de anticipación por el aumento de las penalizaciones en este tramo. En algunos casos, las sanciones se pueden elevar del 16% al 21%. Y de media, del 14,3% al 15,1%. 

Fedea subraya que estos cambios se han traducido en un incremento de la cuantía de la pensión media al aplicar penalizaciones medias menores, del 11,1% en 2021 al 8,2% en 2022.

En cuanto a las jubilaciones demoradas, el aumento en los años medios también ha sido muy bajo (de 2,8 a 2,9). No obstante, Fedea apunta que si todas las personas hubieran optado por incrementar su pensión un 4% por año de demora, la cuantía media se hubiera incrementado un 11% en 2022, frente al 8,5% en 2021.

Fedea asegura que la posibilidad de sustituir ese 4% por el cheque único. Esta opción ha sido utilizada por el 28,1% de las jubilaciones demoradas, ha hecho descender el porcentaje adicional medio al 7,9%, ya que el cheque se cobra de una sola vez y no afecta a la cuantía de la pensión.