Las perspectivas de un entendimiento a tres partes parecen remotas. El Gobierno dio de límite a los empresarios hasta este lunes para presentar sus propuestas por escrito, algo que, en principio, no va a suceder. "Tomaremos una decisión", advirtió Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, sobre el siguiente paso en caso de que la patronal acuda nuevamente sin un documento a la mesa de diálogo social.

La vicepresidenta se aferra a esta iniciativa para reflotar el proyecto político de Sumar, que ha salido maltrecho tras los malos resultados cosechados en todas las elecciones celebradas este año (gallegas, vascas, catalanas y europeas). Algo que ha debilitado extraordinariamente la posición de Yolanda Díaz en el seno de Gobierno, más aún tras dimitir como coordinadora de la coalición.

Su equipo ya ha anunciado que, haya o no acuerdo con la patronal, remitirá "en breve" el texto de la norma a las Cortes, tras su aprobación por el Consejo de Ministros. Pero no tiene plenas garantías de que logre superar el trámite parlamentario.

El Pleno del Congreso aprobó el pasado 22 de febrero una proposición no de ley (por lo tanto, no vinculante) que instaba al Gobierno a avanzar en la reducción progresiva de jornada, "sin reducir el salario". El objetivo de Sumar es establecer la jornada de 38,5 horas semanales en 2024, y alcanzar las 37,5 el año que viene.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Alberto Ortega Europa Press

La votación salió adelante con la abstención de PP y Junts. Únicamente Vox votó en contra. Pero la vicepresidenta tuvo que escuchar reproches y acusaciones de oportunismo por parte de algunos de sus socios. El PNV apoyó el texto, pese a calificarlo de "marketing" electoral. Podemos considera que la idea se queda corta y hay que ir ya a la jornada de 35 horas semanales.

El PP se ha mostrado especialmente cauto en esta cuestión: pese a abstenerse, denunció que Sumar quiera sacar adelante la iniciativa "sin diálogo social, sin contar con los empresarios", y sin analizar si esta fórmula puede lastrar la creación de empleo.

Pero la gran incógnita es si las abstenciones de PP y Junts pueden convertirse en votos en contra, cuando el Consejo de Ministros remita el decreto ley, tras los revolcones que ha sufrido el PSOE en el Congreso en las últimas semanas. 

El presidente Pedro Sánchez renunció a tramitar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2024, consciente del elevado precio que iban a exigir sus socios para apoyarlo, con un calendario lleno de citas electorales. Más tarde, el Gobierno optó por retirar el proyecto de Ley de Suelo, porque carecía de los apoyos necesarios para sacarlo adelante. 

Junts ya ha dejado claro que, a partir de ahora, el apoyo de sus siete diputados a cualquier iniciativa del Gobierno no va a ser "gratis". Mientras se tensa la negociación para investir al nuevo presidente de la Generalitat, con la puerta abierta a una repetición electoral y la aplicación de la amnistía en el aire, el partido de Puigdemont le pone las cosas cada día más difícil al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Y la principal patronal catalana, Foment del Treball, presiona a Junts para evitar que facilite la reducción de jornada laboral sin analizar los costes que puede tener para los empresarios. Aunque apoyó la votación (no vinculante) del pasado mes de febrero, también el PNV está muy condicionado por el criterio de los empresarios vascos.

Alberto Núñez Feijóo optó por guardar silencio sobre esta cuestión el martes, cuando asistió a la clausura de la Asamblea General de la patronal madrileña CEIM.

Ante el líder del PP, Antonio Garamendi (CEOE) arremetió contra la iniciativa de la vicepresidenta Yolanda Díaz, mientras que el presidente de CEIM, Miguel Garrido, denunció: "Cuando no hay negociación, hay una imposición". 

El PP evita adelantar el sentido de su voto hasta conocer la letra pequeña del decreto que prepara el equipo de Yolanda Díaz. Aunque los populares no cierran la puerta a la propuesta, su voto afirmativo es impensable si no hay un acuerdo previo de sindicatos y patronal.

Los populares recuerdan que ya hay muchos convenios colectivos en los que la jornada semanal ya es inferior a las 40 horas semanales, y piden analizar en qué sectores puede ser eficaz esta medida.

Incentivos a las empresas

Pero también consideran que el Gobierno debe ofrecer incentivos (por ejemplo, en forma de rebajas en las cotizaciones o en el Impuesto de Sociedades), para facilitar que las empresas amplíen su plantilla, con el fin de compensar la rebaja de la jornada laboral.

Por otro lado, reducir las horas de trabajo manteniendo el mismo sueldo, señalan desde el PP, oculta el dato de que trabajadores, autónomos, funcionarios y pensionistas llevan varios años perdiendo poder adquisitivo a causa de la inflación.

En cuanto a Junts, el pasado mes de enero ya amenazó con tumbar los tres decretos de medidas anticrisis remitidos por el Gobierno. El partido de Puigdemont exigía, a cambio, que el Ejecutivo establezca multas para las empresas que huyeron de Cataluña durante el procés y se nieguen a regresar.

Finalmente, Junts facilitó la aprobación de los tres decretos (sus siete diputados ni siquiera votaron), pero Podemos tumbó el de reforma del subsidio de desempleo que había impulsado Yolanda Díaz. 

Pero también es incierto el calendario de la medida que anuncia la vicepresidenta Yolanda Díaz. Para el mes de julio sólo están previstos cuatro Plenos del Congreso de los Diputados, con una agenda en la que resultará difícil encajar el decreto de reducción de jornada, si es aprobado por el Consejo de Ministros.

El trámite posterior en el Senado hace inviable su aprobación definitiva antes del otoño. De este modo, la aplicación de la jornada de 38,5 horas semanales para 2024 resultaría casi testimonial. Y está por ver cómo afectaría a los convenios que ya han sido firmados, y que tienen una vigencia de tres años. 

Desde CEOE y Cepyme abogan por continuar como hasta el momento: expresar sus dudas, quejas y objeciones de manera verbal. Así, sus propuestas de elevar el tope de horas extra permitidas y otorgar a las empresas más tiempo para adaptarse a la nueva jornada serán expuestas de viva voz, algo que no le vale al Ministerio de Trabajo.

Es más, desde la cartera de Yolanda Díaz llevan semanas insistiendo en dos aspectos: no saben si CEOE está dispuesta a abordar en serio la reducción de jornada ni tampoco cuáles serían los puntos a negociar.

Los sindicatos sí saben cuáles son algunas de las peticiones de la CEOE y, al contrario que el Gobierno, se han mostrado dispuestos a escuchar, debatir y negociar. Reconocen abiertamente que la cuestión de las horas extraordinarias se ha puesto sobre la mesa, así como el debate acerca de si deben las empresas seguir pagando los permisos retribuidos. Eso sí, apuntan que no se trata de "propuestas concretas".

Un texto de máximos

El lunes de la pasada semana, Gobierno y agentes sociales llegaron a la reunión con la propuesta del Ministerio de Trabajo por escrito. Un documento al que tuvo acceso EL ESPAÑOL-Invertia que detalla cuáles son los cambios legislativos que se plantea el Ejecutivo.

En su texto, Trabajo rechazó aumentar las horas extras permitidas, especificó la compensación para empleos parciales con incrementos salariales proporcionales y endureció las sanciones por incumplimiento. Además, la reforma incluye un registro horario digital accesible en tiempo real por la Inspección de Trabajo. Los sindicatos se han mostrado favorables a dicho texto.

No ocurre lo mismo con los empresarios, que durante toda la pasada semana lanzaron el mensaje de su oposición a las formas de negociar del Gobierno y a la propia reducción de la jornada laboral.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, reiteró el rechazo de la patronal a reducir la jornada por ley e instó al Gobierno a hacer "lo que tenga que hacer". Advirtió que "pretenden que lo que hemos hablado en las mesas, lo pongamos por escrito para que digan que no".

Sin entendimiento

Fuentes sindicales cercanas a la negociación aseguran que "parece que va cogiendo color" y mantienen la esperanza de que se logre algún avance. Sin embargo, critican que en seis meses no ha habido una propuesta concreta de necesidades por parte de la patronal. "Si no hay acuerdo antes de agosto, no se aplicará este año, por eso corre prisa".

A pesar de la falta de propuestas, CCOO y UGT no pierden la esperanza. "No hay desacuerdo porque no hay una propuesta concreta. No han dicho nada, no han puesto ninguna condición ni transitoriedad ni en qué sectores hay más dificultad". Las centrales se muestran dispuestas a discutir y escuchar, pero lamentan la falta de respuesta.

Los representantes de los trabajadores también expresaron su disposición a aceptar el cómputo anual de la jornada laboral, aunque en el Estatuto de los Trabajadores se establece semanalmente. "Nosotros estábamos abiertos, ambas organizaciones, a hablar de todo, a escuchar sus necesidades. Pero no han sido capaces". Consideran que la aplicación de la reducción de la jornada sería más fácil si la patronal se sumara al acuerdo.

Con todo, las mismas fuentes confían en que los partidos no voten en contra de la medida. "A nosotros como ciudadanos y organización nos sorprendería que los partidos votaran que no porque ninguno se ha manifestado en contra. Esta medida no tiene ningún sesgo ideológico", aseguran.