Dicha reforma lleva en la libreta de tareas por hacer de Díaz desde que entró en el Gobierno. Ya a inicios de 2020 lo ponía como una de las labores que planteaba para su mandato, aunque por detrás de otras como la reforma laboral o subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta que fuera equivalente al 60% del sueldo medio español. 

La reforma tendrá como objetivo dificultar el despido en España y se centrará en sus causas. Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, Trabajo hará importantes cambios para que el despido sea el último recurso de la empresa, poniendo trabas en determinadas situaciones. Entren ellas, las necesarias para que una empresa no pueda recurrir a despidos colectivos si está generando beneficios. 

La orientación de la reforma irá, además, hacia el "despido restaurativo" que han defendido tanto Yolanda Díaz como su formación, Sumar, en varias ocasiones. Esto es que cada despido esté individualizado y tenga en cuenta características o situaciones personales del trabajador, como su edad, formación o condición familiar. 

Dentro de la reforma se encuentra, también, el previsible encarecimiento de la indemnización por despido improcedente.

En unos días se conocerá el dictamen del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre esta cuestión. Aunque su contenido aún no se ha revelado se da por hecho que su dictamen obligará al Gobierno español a ejecutar un aumento de la indemnización por despido improcedente. 

Cabe recordar que, en la reforma laboral de 2012 ejecutada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, esta compensación se rebajó a los 33 días por año trabajado hasta las 24 mensualidades. Esta limitación sería el concepto reprobado por la institución comunitaria. 

Se trata un cambio que también comparte el Ministerio de Trabajo, tal y como lo han indicado en varias ocasiones sus responsables. Sin embargo, el cambio y la mejora de la indemnización por despido improcedente no llegará en el corto plazo. Antes de todas estas reformas y cambios (que el departamento, aseguran, abordará con el Diálogo Social), el Gobierno tiene que dejar cerrada la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana. 

Se hará con un anteproyecto de ley que incluirá tres aspectos: la reducción de jornada propiamente dicha, el control horario y el desarrollo del derecho a la desconexión digital para los trabajadores. O, más bien, determinar en qué situaciones o emergencias pueden las empresas romper con los periodos de descanso de sus trabajadores. 

Los líderes de patronales y sindicatos hace ahora un año, cuando firmaron el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Ricardo Rubio Europa Press

Todo esto se tiene que determinar en la negociación que Ministerio de Trabajo, sindicatos y patronal están celebrando en estos momentos.

Una negociación en la que el Gobierno está dando muestra de cada vez mayor flexibilidad, dando a entender incluso que la adaptación de las empresas al recorte de horas laborales podría ampliarse más allá de 2025, algo que no estaba previsto en el acuerdo de Gobierno entre Sumar y PSOE.

Además, el Ejecutivo ya no pone plazos para tratar de cerrar un pacto en el Diálogo Social que incluya a todos los agentes. Todo ello para tratar de acercar a CEOE y Cepyme y que estén en un posible acuerdo. 

¿Las causas de este cambio en el Ejecutivo, que hace un mes daba por bueno un pacto sólo con los sindicatos? Por un lado, facilitar la aplicación de la reducción de jornada, que se complicaría sin el apoyo de los empresarios. Por el otro, que un pleno apoyo social a la reducción de jornada podría facilitar el camino parlamentario de la futura legislación. 

Una camino parlamentario que, aún así, no se prevé fácil. Este jueves, en un desayuno informativo, Yolanda Díaz se mostró incluso pesimista al respecto. "Nos podemos encontrar con que hay acuerdo social pero que es tumbado en el Congreso", que es lo que estuvo a punto de pasar con la reforma laboral. "Esto puede pasar. Estamos en un país anómalo".