Tras meses de negociación, las posiciones no parecen próximas. El optimismo que expresa el Gobierno sobre la cercanía de un acuerdo en septiembre no se ha contagiado al resto de interlocutores de la mesa de diálogo social. Los sindicatos avanzan que se movilizarán a la vuelta de verano para presionar, mientras que CEOE y Cepyme siguen enrocadas en que la jornada laboral ya se negocia en los convenios colectivos.

"Nos vamos a septiembre, como los malos estudiantes", bromean algunos de los miembros que están trabajando en la negociación. Los sindicatos y la patronal volverán a verse la cara el lunes 9 de ese mes, pero mucho tendría que cambiar la situación durante agosto para que ese día se avance en alguna dirección.

Las conversaciones siguen y la patronal ya no se posiciona en público abiertamente en contra de que los trabajadores vean reducida su jornada laboral. Sin embargo, se sigue sin avanzar. La oferta de flexibilidad de Díaz, por tanto, sólo ha servido por el lado empresarial para que sus líderes rebajen el discurso.

Pero, al mismo tiempo, ha hecho enfadar a los sindicatos. Desde CCOO y UGT insisten en que ellos estaban de acuerdo con la primera propuesta del Ministerio de Trabajo, la cual dejaba fuera las reclamaciones de la patronal. Y sólo accederán a esas medidas de flexibilidad en el caso de que CEOE entre en el acuerdo.

Los negociados de CCOO y UGT, Carlos Gutiérrez (i) y Fernando Luján (d), a su llegada este lunes al Ministerio de Trabajo. Jesús Hellín Europa Press

Las centrales reconocen que quieren un acuerdo a tres. Especialmente, porque la aplicación de cualquier cambio en materia laboral es más fácil si las empresas se implican. Pero, al mismo tiempo, apremian a cerrar cuanto antes el acuerdo para que se cumpla el compromiso del Gobierno de que la reducción llegue ya en 2024.

Eso, en público. En privado, los sindicatos ya aceptan que es muy difícil que la rebaja de los tiempos de trabajo se alcance el presente curso. Según fuentes del diálogo social, el reciente acuerdo en materia de pensiones y Seguridad Social tampoco facilita las conversaciones en la mesa para reducir la jornada. De hecho, complica el acuerdo, ya que si los empresarios ceden por un lado, pondrán más reticencias por el otro.

"Vamos a acelerar para que en septiembre haya un acuerdo cuanto antes y luego el Gobierno tiene muchas posibilidades de ir rápido", aseguró este lunes Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, al ser preguntado por los plazos. Este mismo viernes, Pérez Rey reiteró que ve posible acercar posturas con CEOE y Cepyme en la próxima reunión del 9 de septiembre para reducir la jornada laboral.

Sin embargo, como la intención declarada del Ejecutivo es aprobar un anteproyecto de ley que luego tiene que ser admitido a trámite por el Congreso y, después, recorrer el curso de cualquier proyecto legislativo, los plazos se acortan. Tanto más si el acuerdo sigue retrasándose.

Escollos

Cuando en junio el Gobierno entró en la negociación —hasta entonces los agentes sociales habían discutido en el diálogo bipartito—, una de las principales reclamaciones de la patronal era destopar las horas extraordinarias. Es decir, eliminar el límite de 80 horas extra que los trabajadores pueden realizar al año. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo se mostró firmemente en contra de la propuesta.

Algunas voces dentro de CEOE incluso llegaron a exigir que el Estado asumiera parte del coste de los permisos retribuidos. Pero esta reclamación no tuvo mayor recorrido. Fue por esas fechas cuando Trabajo envió a los agentes sociales su primera propuesta, la que para los sindicatos ya era suficiente.

Antonio Garamendi, durante la Asamblea General de la CEOE. Fernando Sánchez Europa Press

Sin embargo, y pese a las críticas a la patronal por no presentar propuestas "por escrito" ni aclarar si estaba dispuesta a apoyar la rebaja de jornada, el Gobierno dio un giro de timón mandatado desde Moncloa para tratar de atraer a los empresarios. Ahí llegaron las ofertas de flexibilidad, consistentes en que la reducción del tiempo de trabajo pueda aterrizarse de forma más escalonada.

Es decir, un "periodo transicional" que ofrezca margen para que las compañías se puedan adaptar a la nueva situación. CEOE quiere que ese periodo pueda alargarse hasta el fin de la vigencia de los convenios colectivos, lo que en ciertos casos retrasaría la reducción de jornada a después de 2026. Pero Trabajo y los sindicatos entienden que no hay que ir tan lejos y que, en todo caso, se deberá ir aplicando poco a poco.

De la misma manera, el departamento de Díaz ya acepta claramente que la rebaja de la jornada se dará en el cómputo anual y no en el semanal. Es decir, que no significará que, de un día para otro, el tiempo de trabajo se reduzca a 38,5 o 37,5 horas. Al hacerlo en el año, las empresas podrán irse adaptando poco a poco.

El Gobierno también se ha abierto a que la distribución irregular de la jornada —la modificación del horario habitual— se mantenga en el 10% de las 40 horas, como ahora establece el Estatuto de los Trabajadores, de manera que el porcentaje se incrementaría una vez se reduzca la jornada.

Pero nada de esto parece haber contentado a la patronal, que sigue rechazando "una reforma impuesta de la jornada legal". Así las cosas, los actores volverán a verse las caras a la vuelta de las vacaciones de verano, aunque todo indica que los deberes seguirán sin estar terminados.