El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Empleo Hoy

Los socios de Sánchez amenazan con abortar la reforma de pensiones pactada con CEOE y sindicatos

El problema está en los cambios en la jubilación parcial, a los que se oponen Bildu y ERC, entre otras formaciones. 

19 septiembre, 2024 02:17

Pedro Sánchez quiso presumir este miércoles del último acuerdo del Gobierno con las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y CCOO en materia de pensiones, que tiene como principal objetivo retrasar la edad real de jubilación. Para ello, el presidente del Ejecutivo escenificó la firma del pacto con los líderes sociales en Moncloa. Sin embargo, los propios socios de PSOE y Sumar amenazan con hacer naufragar las nuevas medidas en el Congreso.

Del último acuerdo del Gobierno (concretamente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) en materia de pensiones, hay medidas que requieren la aprobación de la Cámara Alta. Especialmente, los incentivos para demorar la edad de jubilación y combinar salario y jubilación. 

Sin embargo, estas medidas no cuentan con el visto bueno de sus socios. Este mismo miércoles, EH Bildu se expresó en esta dirección. "No nos sentimos concernidos ni en los acuerdo ni en las formas" por el pacto entre el Gobierno y los agentes sociales, indicó en el Congreso Iñaki Ruiz de Pinedo, portavoz de los vascos en la Comisión del Pacto de Toledo. 

"Ustedes pueden negociar con quien quieran y como quieran, pero deben tener en cuenta que tienen que traer estos acuerdos aquí al Congreso y que el diálogo social no sustituye al poder legislativo", añadió en diálogo parlamentario con Elma Sáiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

"Tal y como lo han gestionado, solo sabemos algo de este acuerdo por la prensa. Si están calculando para hacernos presión para votar a favor, han calculado mal", apuntó.

El diputado vasco también expresó su preocupación por que las medidas "vienen a consolidar la edad de jubilación a los 67 años de modo generalizado" y no establece "ninguna garantía" para que empleos con condiciones más penosas puedan acceder a jubilaciones anticipadas, especialmente en los sectores y profesiones más precarizadas.

ERC también ha opinado en esta dirección. "Vemos la intención de hurtar al legislativo el derecho de discutir, plantear enmiendas. ¿No podemos opinar del modelo laboral y de pensiones?", denunció el representante republicano Jordi Salvador. 

Junts, otro apoyo parlamentario tan fundamental como esquivo para el Gobierno en esta legislatura, se ha sumado a este coro. Así, Josep María Cervera ha protestado por que el acuerdo del Gobierno no aborda las "singularidades de Cataluña. 

"¿Cuáles? Tenemos uno de los sistemas de salud más tensionados del Estado, es evidente que hacen falta medidas concretas para Cataluña", ha afirmado en sus intervenciones parlamentarias en la Comisión del Pacto de Toledo. 

Mutuas

De hecho, el grupo independentista reclama que las mutuas puedan dar altas y bajas a los trabajadores, y descongestionar al sistema sanitario. Algo a lo que se oponen, en firme, los sindicatos.

En cualquier caso, desde Seguridad Social recuerdan que hay varias medidas pactadas con patronal y sindicatos que no tendrán que pasar por el Congreso. 

Entre ellas está el refuerzo la jubilación anticipada en casos de penosidad, con un nuevo procedimiento que permitirá a aquellos trabajadores en puestos excepcionalmente peligrosos o insalubres. Y que las mutuas apoyen la recuperación de los trabajadores en baja laboral (que se gestionará a través de acuerdos con las autonomías).