El año en el que se rompió la paz social y el amor entre Yolanda Díaz y Antonio Garamendi

El año empezó mal. Como ya viene siendo habitual, las conversaciones para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) no habían terminado a tiempo (antes de que el año anterior tocase a su fin) y todavía estaba pendiente determinar la cuantía del aumento. En un movimiento nada usual, la patronal puso una cifra sobre la mesa de manera oficial: ese primer sueldo debía subir un 3% más un punto en función de la inflación.

Por su parte, los sindicatos querían una subida que superase el 5%. Finalmente, el departamento de Yolanda Díaz lanzó un órdago: o CEOE aceptaba un alza del 4% o pactaría un incremento mayor sólo con las centrales. Los empresarios nunca llegaron a levantarse de la mesa de negociación, pero se desmarcaron del desenlace. Así, Trabajo consumó su advertencia y el SMI se revalorizó un 5%.

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La decisión no gustó entre las filas patronales, pero entraba dentro de lo esperable. En 2023 la subida tampoco contó con el aval de los empresarios, si bien en aquel entonces sí se levantaron de la mesa. Ningún puente fue dinamitado en el mes de enero, pero ya aparecieron algunas grietas claramente visibles. De hecho, y pese al SMI, ya era evidente que las actuaciones del Gobierno no gustaban ni a empresarios ni a sindicatos.

Siguiente envite: la (nueva) reforma del subsidio por desempleo. Es cierto que a finales de 2023 el Gobierno, tras consultarlo con los agentes sociales, aprobó dicha norma a través de uno de sus reales decretos de fin de año. Sin embargo, Podemos tumbó la reforma en el trámite parlamentario porque eliminaba la sobrecotización para los mayores de 52 años.

Así, la pelota de una reforma de la que dependía el desembolso del cuarto pago de los fondos europeos volvió al tejado del Ministerio de Trabajo, siempre muy vigilado de cerca por Economía. Y la mesa del diálogo social fue abierta de nuevo.

Unos y otros agradecieron que, esta vez sí, la cartera de Díaz tuviera la disposición de escuchar a los agentes sociales para diseñar una reforma fundamental para el mercado de trabajo español. Las reuniones se fueron sucediendo y todas las partes hicieron su parte. Pero, de nuevo, la patronal terminaría por bajarse del acuerdo.

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Los empresarios alegaron que no se había producido un proceso de negociación, sino de consulta, aunque desde el Gobierno agradecieron sus aportaciones. En la firma sólo estuvieron Yolanda Díaz, Unai Sordo y Pepe Álvarez, pero todos moderaron su discurso.

Sin embargo, en una estrategia que ya es todo un clásico, el Ejecutivo aprovechó el real decreto ley de la reforma del subsidio por desempleo para incluir otras dos cuestiones que tocaban de lleno al diálogo social: la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales y la composición del Consejo Económico y Social (CES).

La patronal, según aseguraron, no tenía ni idea de que Trabajo iba a colar estas dos cuestiones por la puerta de atrás. Tanto es así que Antonio Garamendi llegó a decir que no habría firmado la reforma laboral si hubiera sabido que, al poco, iban a modificar sin consulta la jerarquía de los convenios colectivos.

En el caso de la prevalencia de los convenios autonómicos, el departamento de Yolanda Díaz fue sólo el brazo ejecutor. A finales de 2023, el PSOE había pactado con el PNV esta medida como parte del acuerdo para que Pedro Sánchez pudiera seguir al frente del Ejecutivo. No obstante, tanto los sindicatos como la patronal protestaron por aprobar la medida sin ni siquiera consultar al diálogo social.

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Por su parte, la modificación de la composición del CES formaba parte de la estrategia del Gobierno de coalición de abrir las puertas del diálogo social a nuevos actores, incluidas patronales que, como Conpymes, han sido impulsadas por el propio Ejecutivo. Así lo sellaron PSOE y Sumar.

El asunto luego fue a más. Sólo un mes después del asalto al CES, en junio, el Ministerio de Industria comunicó oficialmente a Conpymes que pasaba a ocupar una de las vocalías del Consejo Estatal de la Pyme y del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada.

Y la guinda llegó en agosto, cuando EL ESPAÑOL-Invertia accedió al proyecto de orden con el que Ministerio de Trabajo pretende dar entrada a nuevas patronales en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, el principal órgano de referencia para abordar cuestiones relativas a la negociación entre sindicatos y patronales.

La intención del Gobierno de orillar a CEOE fue tan evidente que Antonio Garamendi, en la asamblea anual de la patronal, estalló al asegurar que "el diálogo social es la CEOE". Y lo cierto es que los sindicatos, especialmente UGT, han tenido una posición de "lealtad" a esta patronal, defendiendo la estructura del diálogo social tal y como viene siendo desde los tiempos de la Transición. Detrás de esa defensa también está la buena relación del líder empresarial con Pepe Álvarez.

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Tampoco es de extrañar esa buena sintonía, habida cuenta de que, en mitad de las negociaciones para la reducción de la jornada laboral, Yolanda Díaz decidió dar plantón a los agentes sociales nacionales para irse a hablar con los de Cataluña para tratar de convencerlos de la medida y que estos, a su vez, hicieran lo propio con Junts.

Precisamente, ha sido el compromiso del Gobierno de rebajar el tiempo de trabajo a las 37,5 horas semanales lo que ha terminado de dar al traste con la relación entre la vicepresidenta segunda y el líder de CEOE. Para Díaz (y los sindicatos), la reducción de jornada es ineludible, en parte porque está en el propio acuerdo del Ejecutivo de coalición. Sin embargo, para los empresarios se trata de una "imposición" vía ley que no respeta la negociación colectiva.

El Ministerio ha estado reuniéndose con los agentes sociales a lo largo de todo el año. Y si bien desde un principio dijo que la aprobación de la medida era inminente, poco a poco fue relajando la postura. En verano, Trabajo presentó un documento que colmaba las expectativas de los sindicatos y soliviantó a los empresarios. No hubo acuerdo, pero sí un parón: Moncloa se metió por medio de la negociación y otorgó un tiempo extra que duró casi hasta las Navidades.

Lo que ocurrió tras el verano es que el departamento de Yolanda Díaz lanzó consecutivos anuncios de bonificaciones para las micropymes en aras de atraer a la patronal a un acuerdo. Pero CEOE y Cepyme terminaron rechazando todo en noviembre. El argumento de la patronal fue el mismo que llevaban meses repitiendo: que la jornada laboral es materia de los convenios colectivos, no de la ley.

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Ante la negativa de sumarse al acuerdo, el Ministerio de Trabajo castigó a la CEOE, al eliminar esas ayudas a las empresas que pudieran quedar más perjudicadas. Pero para entonces ya estaba todo roto.

Y el bonus han sido las ayudas por la DANA, que en el tiempo se solapan con el último tramo de las negociaciones de la jornada laboral. El Gobierno puso en marcha el escudo laboral, inspirado en las medidas de la pandemia, con el refuerzo de los ERTE y la creación de nuevos permisos.

Como no podía ser de otra forma, los empresarios se mostraron favorables a la ejecución de medidas que ayudaran a aliviar la situación de los afectados. Sin embargo, hubo cierta polémica sobre quién se hacía cargo del pago de alguno de los permisos. Y, sobre todo, por el aluvión normativo que se vivió en las semanas posteriores a la DANA.

Con todo, no fue sino la puntilla para terminar de enrarecer la relación entre el Gobierno y la patronal; entre Yolanda Díaz y Antonio Garamendi. Los grandes acuerdos a tres bandas en el diálogo social han tocado a su fin, y nada hace presagiar que la situación cambiará en lo que resta (sea cuanto sea) de legislatura. El querido Antonio ya ha sido desterrado por completo.