Aumenta la preocupación en Bruselas por el descontrol presupuestario en España y la falta de un Gobierno con plenos poderes que pueda aprobar los ajustes necesarios para estabilizar la situación. La Comisión Europea ve insuficientes las medidas adicionales ofrecidas por el ministro de Economía, Luis de Guindos, en su carta de alegaciones para librarse de la multa por el desvío del déficit en 2015. Y considera inevitables nuevos recortes este año porque las últimas previsiones muestran que el déficit público está volviendo a dispararse.

El Ejecutivo comunitario ultima estos días la sanción a España y Portugal por incumplir los objetivos de déficit el año pasado. Salvo sorpresas de última hora, la decisión final se adoptará el 27 de julio. La multa prevista en las reglas de la UE es del 0,2% del PIB, es decir, alrededor de 2.000 millones de euros en el caso español. Pero Bruselas ya ha decidido rebajarla a cero, tal y como le ha pedido el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, una posibilidad también prevista en la normativa comunitaria. “Ya hay acuerdo sobre la multa cero”, ha explicado a EL ESPAÑOL un alto funcionario europeo. El Ejecutivo comunitario no tiene voluntad de castigar y tampoco quiere que sus decisiones afecten a la recuperación económica.

La segunda parte de la sanción por el déficit consiste en suspender parte de las ayudas europeas de 2017. También en este punto, la decisión está prácticamente tomada: Bruselas congelará a España alrededor de 1.300 millones de euros, según las fuentes consultadas. Queda pendiente el visto bueno de la Eurocámara, que tiene competencias sobre el presupuesto europeo. En todo caso, es una cifra simbólica si se tiene en cuenta que España recibirá 38.000 millones de fondos comunitarios en el periodo 2014-2020. Y el Ejecutivo comunitario ya le ha paralizado 1.100 millones por diversas irregularidades.

Además, la suspensión de las ayudas europeas podría acabar por no tener ningún efecto práctico. En su decisión del 27 de julio, la Comisión detallará las medidas que debe tomar España para que se descongelen los fondos. Si el nuevo Gobierno adopta los ajustes en un plazo de tres meses, los 1.300 millones se descongelarán sin ninguna consecuencia. Sólo si la falta de Gobierno se prolonga más allá de noviembre, se interrumpirá la financiación para proyectos de infraestructuras o I+D.

Sin acuerdo sobre la senda fiscal

Pero la principal preocupación del Ejecutivo comunitario en estos momentos no es ya lo ocurrido en 2015, sino que el desfase del déficit continúa este año por la falta de Gobierno. En su carta de alegaciones para librarse de la multa, Guindos ha ofrecido a Bruselas medidas adicionales por valor de 8.500 millones de euros: 6.000 millones de obligar a las grandes empresas a adelantar el pago del impuesto de sociedades; 1.500 millones de ahorro en intereses de la deuda y 1.000 millones en mayor recaudación por lucha contra el fraude fiscal. Además, el Gobierno en funciones adelantará al mes de julio el cierre de los Presupuestos de 2016, lo que podría traducirse en una reducción del gasto cifrada en alrededor de 1.000 millones.

Pero incluso teniendo en cuenta estos ajustes, la previsión de déficit para 2016 se ha vuelto a disparar. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) tiene previsto publicar este miércoles su informe sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Su ley de creación establece que tendría que haberlo hecho antes del 15 de julio, pero lo ha retrasado precisamente para calcular el impacto de las nuevas medidas ofrecidas a Bruselas. Y las cifras de déficit para 2016 son “muy malas”, resaltan las fuentes consultadas.

La Comisión todavía espera que el Gobierno en funciones apruebe nuevos ajustes una vez que se hagan públicos los datos de la AIReF. Y aún no ha tomado una decisión sobre los nuevos objetivos de déficit para España en 2016 y 2017 a la espera de conocer toda esta nueva información. En mayo, Bruselas fijó una meta del 3,7% de déficit para este año y del 2,5% para el que viene. Guindos ha garantizado que corregirá el déficit excesivo en 2017 -es decir, que le basta una prórroga de un año y no necesita dos- pero reclama más margen en 2016 porque el nuevo Gobierno apenas tendrá tiempo de adoptar medidas.

La cuestión de la nueva senda fiscal para España es la única que todavía no se ha cerrado. Ahora el Ejecutivo comunitario debe determinar en los próximos días si acepta la flexibilidad que pide Rajoy y cuáles son las medidas de ajuste estructural que reclama a cambio, así como su importe. Una decisión complicada por la falta de un Gobierno con plenos poderes en España que pueda asumir los compromisos que le piden sus socios de la UE.