“Ya no más vamos a tener que protegernos, ni escondernos”, confesó desde el atril de la Bolsa de Comercio de Argentina, Mauricio Macri. El único presidente latinoamericano mencionado en los 'Papeles de Panamá' hablaba en primera persona con los hombres más ricos y poderosos del país desde el pupitre del salón donde se celebraba el 162 aniversario del mercado financiero local el pasado 14 de julio.

“Tenemos que sincerar nuestra situación”, añadía eludiendo llamar por su nombre a la amnistía fiscal impulsada por su Gobierno con la que buscaba ingresar en el sistema unos 60.000 millones de dólares no declarados. A un mes de ese ágape al que asistía por primera vez como titular del ejecutivo nacional, el Gobierno argentino sigue lanzando medidas para seducir evasores mientras reconoce que sus expectativas ya han bajado a una tercera parte.

Eufemismos y marketing

El 27 de mayo, Macri había anunciado el envío al Congreso de una ley de amnistía fiscal para integrar al sistema al menos una pequeña parte de los 200.000 millones de dólares no declarados que se estima que los argentinos tienen en el exterior. El lugar elegido para presentar el proyecto fue un centro cultural de San Cristobal, un barrio popular de la Ciudad de Buenos Aires, y el esquema muy parecido al de los actos de la última campaña electoral: el empresario en un escenario central y rodeado por el público. La desproporcionada presencia de ancianos entre la audiencia tenía también un sentido propagandístico: el dinero recaudado por los “impuestos especiales” que abonarían los que se adhirieran al programa serían utilizados para pagar las deudas que el Estado tiene con jubilados.

La ley que abre la amnistía fue votada el 29 de junio y se llama Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. En su libro dos recién aparece el “Régimen de Sinceramiento Fiscal”, que es la terminología publicitaria que han encontrado para presentar la medida. “Sinceramiento” es también la forma que utilizó el macrismo para definir al aumento enorme de tarifas de servicios públicos (el gas se incrementó un 300% en promedio; el agua, un 375%; y la luz un 500%) hoy parcialmente frenado por la justicia por haber incumplido procedimientos constitucionales necesarios para tomar esas medidas.

Un mes después la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó la reglamentación de la medida que casi inmediatamente entró en vigor. La rapidez tiene que ver con una necesidad unida a un sentido de oportunidad. Por un lado el Gobierno necesita dólares para reactivar la economía estancada y con elevados índices inflación. Por el otro, Argentina está a punto de integrarse al pacto de transparencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) firmado en 2014 pero efectivo a partir del 1 de enero de 2017.

Ese pacto obliga al país sudamericano y otros 50 a intercambiar información entre los organismos competentes sobre depósitos bancarios, valores negociables, participaciones en fondos de inversión, seguros o rentas, además de incluir la identificación de la persona y quien efectivamente controla la cuenta.

“Esta es la última oportunidad, miren que si no Alberto (Abad, titular de AFIP) los va a encontrar”, advirtió Macri entre risas en aquella velada de celebración en la Bolsa. La chanza entre pares con la que impulsaba la medida contrastó además con la reacción que tuvo tres años atrás ante cuando fue el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que impulsó una ley semejante. “Esto es 'un viva la pepa' para los que estaban fuera de la ley” que es “violento para los que cumplen”, había declarado cuando empezaba a levantar el perfil camino a la Casa Rosada y necesitaba convencer a los que todavía veían en él a un hombre fundamentalmente preocupado por los negocios.

Un “sinceramiento” conveniente

El “sinceramiento fiscal” permite blanquear tanto bienes registrables muebles e inmuebles como valores, depósitos y dinero en efectivo. Quienes se avengan a este deberán pagar un “impuesto especial” del 5% si el valor de lo que ingresan está entre los 300.000 y 800.000 pesos (18.000 y 49.000 euros) o del 10% si supera esta última cifra. Claro que el Gobierno también pensó propuestas para los que no quieran pagar nada.

Ellos podrán comprar un bono a tres años intransferible; otro a siete años (intransferible por los primeros cuatro) que paga un interés del 1% anual; o una cuota parte de Fondos Comunes de Inversión dedicados a financiar infraestructura, inversión productiva, inmobiliarios, energías renovables o pequeñas y medianas empresas. Esta última opción solo aplica para cuota partes de al menos 250.000 dólares e implica congelar el dinero allí por cinco años.

Desde el lunes pasado, además, la AFIP publicó en su portal toda la información que el organismo impositivo argentino tiene sobre cada contribuyente incluidos los bienes no declarados que le hubieren sido informados por otros países en los últimos meses. Antes de cualquier multa o sanción, el sistema permitirá al contribuyente acogerse a la amnistía.

Una medida para los propios

Curiosamente, Macri anunció la amnistía fiscal un día después de que se dio a conocer su primera declaración jurada como presidente en la que informaba tener 110 millones de pesos (más de 6,7 millones de euros), el doble de lo que había presentado en 2015 cuando era candidato. También allí identificó por primera vez la existencia de una cuenta en las Islas Bahamas con 18 millones de pesos (más de un millón de euros).

Esto llamó la atención del juez federal Sebastián Casanello, que actualmente investiga la presunta titularidad de sociedades no declaradas del presidente a raíz de la divulgación de los 'Papeles de Panamá', quien pidió un informe al respecto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Como corolario el presidente anunció que repatriará esos millones de Bahamas, aunque al estar declarados ahora no podrá acogerse a la amnistía.

Pero Macri no es el único integrante del ejecutivo investigado por su presunta participación en maniobras de evasión fiscal asociadas a la fuga de divisas. El ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, también fue denunciado en 2015 por figurar como apoderado de una cuenta perteneciente a Amalia Lacroze de Fortabat, cabeza de una de las familias más adineradas del país, que llegó a tener más de 100 millones de dólares no declarados en Suiza.

La información fue provista por el fisco francés al argentino luego de que las filtrara Hervé Falciani, un ex empleado de la sucursal de Ginebra del banco HSBC. La antigua gestión de la AFIP decidió denunciar a Prat Gay por considerar que aunque obrara como mero administrador de esa cuenta, él no podía desconocer que el dinero no había sido debidamente declarado en Argentina.

Además de estos casos resonantes, otra decena de funcionarios de la coalición gobernante fueron vinculados de alguna manera a los 'Papeles de Panamá'. El más complicado es Néstor Grindetti, actual alcalde de Lanús, una localidad en el sur de la Provincia de Buenos Aires, quien fue imputado por enriquecimiento ilícito por integrar una sociedad constituida en Panamá y manejar una cuenta no declarada en suiza. Este hombre es un viejo conocido del presidente. Ingresó a la empresa familiar en 1979 y desde entonces no se alejó de él. Entre 2007 y 2015 incluso fue secretario de Hacienda de Macri cuando oficiaba como alcalde de la Ciudad de Buenos Aires.